Más países buscan restringir las redes sociales a menores mientras surgen dudas sobre su eficacia

Más de 20 países han prohibido o propuesto restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales desde que Australia se convirtió, en diciembre de 2025, en el primer Estado en aplicar un veto para quienes tienen menos de 16 años.

La iniciativa ha encontrado respaldo en países como Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Francia. No obstante, las primeras evaluaciones de la experiencia australiana sugieren que las restricciones enfrentan dificultades para cumplir sus objetivos, según advierte Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon, en un análisis publicado en The Conversation.

Las medidas vigentes y los proyectos legislativos difieren en la edad mínima de acceso, las exigencias de consentimiento parental y los mecanismos de verificación, de acuerdo con un recuento de la agencia AFP. La mayoría se dirige a plataformas como Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X.

La protección de la salud mental juvenil es el principal argumento de los gobiernos que promueven estas restricciones. En algunos casos, también se invocan preocupaciones por la privacidad y la propiedad extranjera de las plataformas.

La presión sobre las plataformas también llega a los tribunales

El avance de estas regulaciones coincide con un año marcado por litigios e indemnizaciones. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta, matriz de Instagram y Facebook, desembolsaron o acordaron pagos por más de 17.000 millones de dólares en distintos procesos judiciales.

El acuerdo de mayor alcance fue el suscrito por Meta con 48 estados de Estados Unidos. La compañía se comprometió a pagar hasta 17.000 millones de dólares durante una década y a modificar el diseño de sus productos. Entre los cambios figuran límites diarios de uso para menores de 18 años, que solo pueden desactivar los padres, y bloqueos nocturnos activados por defecto.

Previamente, en marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de negligencia por diseñar productos adictivos. Ambas compañías fueron condenadas a pagar seis millones de dólares a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideación suicida después de años de uso compulsivo.

Una crisis de salud mental que responde a múltiples factores

El debate ocurre en un contexto de deterioro de la salud mental juvenil. Un estudio publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, encabezado por Daniel Myran, de la Universidad de Ottawa, analizó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá.

La investigación concluyó que los jóvenes de entre 14 y 20 años tienen un 104 % más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que las personas de esa misma edad hace medio siglo.

A ello se suma un metaanálisis publicado en 2021 en JAMA Pediatrics, que reunió 29 estudios con 80.879 participantes. Sus resultados estimaron que, a escala mundial, el 20,5 % de los jóvenes presentaba síntomas elevados de ansiedad y el 25,2 %, síntomas elevados de depresión. Ambas proporciones duplicaban las mediciones previas a la pandemia.

Uno de los impulsores del debate legislativo ha sido el libro The Anxious Generation (2024), del psicólogo social Jonathan Haidt. El autor sostiene que las redes sociales interfieren con el desarrollo social y neurológico infantil y contribuyen a la ansiedad y la depresión mediante factores como la falta de sueño, la atención fragmentada, la adicción, la soledad, la comparación social y el perfeccionismo.

Sin embargo, en esta crisis confluyen otras variables, entre ellas una mejor detección de los trastornos, las alteraciones sociales provocadas por la pandemia de COVID-19 y el aislamiento asociado a los confinamientos.

Lightman cuestiona que las prohibiciones puedan resolver por sí solas este escenario. “No estoy convencido de que prohibir las plataformas de redes sociales sea una solución eficaz a la crisis de salud mental que sufren los jóvenes hoy en día”, escribe en The Conversation.

Aunque algunos investigadores comparan estos vetos con las restricciones para comprar alcohol o cigarrillos, el académico destaca que las redes sociales también ofrecen beneficios: facilitan la conexión global, la formación de comunidades entre personas con intereses comunes, la autoexpresión y la participación cívica.

Una encuesta del Pew Research Center de 2022, realizada a 1.316 adolescentes estadounidenses, encontró que el 80 % consideraba que estas plataformas los ayudaban a sentirse más conectados con la vida de sus amigos. El debate, además, sigue abierto: no existe evidencia concluyente de que las redes sociales sean la causa principal de los problemas de salud mental juvenil.

Australia: el acceso continúa pese al veto

Los primeros datos australianos muestran las dificultades para hacer efectiva la prohibición. Un sondeo de la Molly Rose Foundation, realizado en marzo de 2026 a 1.050 personas de entre 12 y 15 años, reveló que el 61 % de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a al menos una de ellas.

Entre esos menores, el 70 % calificó como “fácil” eludir la medida. Los mecanismos identificados incluyen identidades falsas, cambios en el año de nacimiento, uso de VPN y maquillaje para engañar a los sistemas de estimación biométrica de edad. También se reportó la sustitución de fotografías por imágenes de famosos y la ayuda de amigos mayores o familiares para superar las “pruebas de selfie”.

El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital, eSafety, publicado en marzo de 2026, mostró una tendencia similar: siete de cada diez menores que tenían cuentas en plataformas restringidas continuaban utilizándolas. Además, más del 80 % de los australianos de entre 10 y 15 años seguía usando redes sociales con frecuencia.

Aunque se desactivaron alrededor de 4,7 millones de cuentas, la principal razón por la que los menores conservaban las suyas era que las plataformas todavía no les habían solicitado verificar su edad.

Las dificultades también han abierto un debate en Reino Unido, donde legisladores discuten la posibilidad de restringir el acceso de los consumidores a las VPN ante su utilización para sortear los controles.

A los problemas de implementación se suman otras inquietudes. Algunos legisladores advierten que los vetos totales podrían desplazar a los menores hacia espacios digitales menos regulados y más riesgosos. Asimismo, los sistemas de verificación de edad, tanto públicos como privados, requieren recopilar datos sensibles, lo que genera dudas sobre la protección de la privacidad.

El desafío de convertir las indemnizaciones en apoyo efectivo

La comparación con la industria tabacalera introduce otra interrogante: cómo se utilizarán los recursos obtenidos en los litigios contra las plataformas.

En 1998, los estados de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo extrajudicial con las principales tabacaleras para recuperar gastos de atención médica. Una parte de los fondos se destinó a prevenir el tabaquismo juvenil.

Sin embargo, según el informe anual de Campaign for Tobacco-Free Kids, en 2026 el financiamiento estatal de esos programas equivale apenas al 3,4 % de los 21.700 millones de dólares que los estados recaudarán durante el año por acuerdos e impuestos al tabaco.

El antecedente plantea dudas sobre el destino de las indemnizaciones de las empresas tecnológicas. Parte de los 17.000 millones de dólares del acuerdo con Meta está destinada a infraestructura de salud mental, iniciativas escolares y comunitarias, y campañas de salud pública.

No obstante, el acuerdo carece de mecanismos de supervisión y directrices vinculantes sobre el uso de esos recursos. Tampoco contempla sistemas para evaluar si los fondos se traducen en mejoras efectivas en la atención de salud mental, la seguridad y el bienestar infantil.

Seguridad desde el diseño y educación digital como alternativas

Frente a las limitaciones de los vetos, Lightman propone que los gobiernos exijan estándares de seguridad incorporados por defecto en las plataformas.

Esto supone activar automáticamente las opciones más estrictas de privacidad y protección para los menores, con cuentas no visibles por defecto, límites a la manipulación algorítmica y restricciones a los mecanismos adictivos que pueden provocar daño psicológico en poblaciones vulnerables.

El académico también plantea fortalecer la alfabetización digital y la educación sobre seguridad en línea, garantizar tiempo sin pantallas y facilitar el acceso a servicios de salud mental.

En este último punto, sostiene que los padres necesitan vías claras, accesibles y asequibles para buscar apoyo cuando detecten señales de un problema en sus hijos, algo que reconoce “actualmente no está disponible en la mayoría de los lugares”.

Las Naciones Unidas, por su parte, recomiendan incorporar a los propios niños al diálogo sobre su bienestar en el entorno digital. Conocer qué valoran de su vida en línea y qué dificultades encuentran para desconectarse puede contribuir tanto a reformar las plataformas como a mejorar los programas educativos.

Con más de 20 países impulsando restricciones y resultados preliminares que cuestionan su eficacia, el desafío es traducir las medidas en mejoras concretas para los menores. El análisis de Lightman apunta a una respuesta que combine protección desde el diseño, educación digital y acceso oportuno a apoyo en salud mental.