Señor Director:
Después de más de un año desde que el Ministro Fernández anunciara la constitución de una Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, se presentó el proyecto de ley que establece el “Plan Especial de inversiones para el desarrollo regional y territorial de la región de la Araucanía”.
En primer lugar, es necesario decir que presentar un proyecto de ley que ha sido definido como una materia urgente en la Araucanía a treinta días de la elección, no demuestra otra cosa que la falta de voluntad para que sea efectivamente tramitado.
En cuanto al fondo del proyecto, resulta ciertamente paradojal que un Gobierno de inspiración socialista, proponga a un asunto de carácter cultural, social y de seguridad pública, una solución netamente productiva, como si el problema radicara en la mera falta de incentivos económicos para que las personas inviertan en la región.
A pesar de coincidir en torno a la realidad económica de la región de la Araucanía, que mantiene un nivel de pobreza de 27.9%, muy por sobre el promedio nacional que llega al 11.9%, plantear un plan de inversión como la solución al conflicto resulta totalmente insuficiente y alejado de toda realidad.
Sostener que el problema en la Araucanía es económico o productivo, es simplemente no tener ninguna noción de lo que ocurre en la llamada “zona de conflicto”, y sin embargo, el Gobierno insiste en un plan de carácter productivo cuando no existe Estado de Derecho.
Para avanzar en productividad, es indispensable restablecer el imperio del Derecho, de lo contrario, cualquier medida de fomento productivo como lo que propone el Gobierno, termina siendo estéril y un error más en una zona que vive las consecuencias de una política pública mal diseñada y ajena a toda realidad.
Carlos Oyarzún
Asesor Área Legislativa
Fundación Jaime Guzmán
