Políticas de control en la educación chilena: ahora les tocó a los estudiantes

En estos días se está discutiendo en Chile el proyecto de ley Escuelas Protegidas, que tiene como propósito “establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales”. Dos de las medidas que han sido objeto de mayor debate son aquellas que facultan a los establecimientos a revisar mochilas del estudiantado y también la que inhabilita a acceder posteriormente al beneficio de la gratuidad en educación superior por cinco años, en caso de tener condenas por violencia.

En esta columna no tengo como propósito discutir estas medidas coyunturales, sino observarlas desde una perspectiva histórica, considerando lo que ha pasado a lo largo de este siglo XXI en Chile, incluyendo los diferentes gobiernos y coaliciones que han liderado las políticas educativas.

Desde esta perspectiva, se puede observar que, bajo diferentes políticas y distintas motivaciones, Chile ha priorizado el aumento del control de los actores educativos, como el medio para alcanzar determinado tipo de resultados educativos. Esta situación es llamativa y creo que es importante reflexionar al respecto, incluso más allá del lugar político en que la persona se posicione, porque gobiernos de diferente color han recurrido a ella. Vamos viendo.

El año 2012, y luego de la promulgación de la Ley General de Educación un par de años antes, se formalizó la existencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), cuya estructura busca vincular el desempeño de las instituciones educativas –especialmente en la prueba Simce–, con determinadas categorías de logro y algunas consecuencias.

La racionalidad del SAC apunta a definir mecanismos que propicien que las escuelas alcancen mejoras sobre la base de un control de salida, es decir, del cumplimiento de resultados específicos. En esta mirada, el Simce sería un faro que ayudaría a evaluar la calidad de una escuela y la presión por alcanzar buenos resultados sería el mecanismo para potenciar que se alcancen determinadas metas.

Existe abundante y profunda evidencia que da cuenta de efectos negativos de estas políticas en las prácticas institucionales y docentes, específicamente en cuanto a la homogenización de estas y en el debilitamiento de la identidad profesional. Pese a ello, la estructura fundamental del SAC no se ha corregido. Representantes del Gobierno actual defienden el uso del Simce como informativo para las comunidades y la sociedad respecto del desempeño, mientras que el Gobierno anterior nunca presentó un proyecto de ley para hacer las correcciones que la investigación ha ido demostrando.

Dentro del mismo SAC se creó la Superintendencia de Educación, enfocada en supervigilar el cumplimiento de la normativa educacional y, con ello, del derecho a la educación. Este organismo ha tenido un rol protagónico en el diario vivir de las instituciones educativas, las que, además de incorporar procedimientos y mecanismos de gestión y organización que son beneficiosas para ellas mismas y el sistema, se han visto crecientemente presionadas por responder a los constantes requerimientos de la superintendencia, de diferente orden y magnitud y en tiempos que muchas veces son excesivamente estrechos.

Sobre esto también existe investigación (menos desarrollada que respecto del Simce), pero, sobre todo un “sentir” de verse asfixiado por excesivos procedimientos. Nuevamente, el control como estrategia, en este caso, para el adecuado cumplimiento de las leyes.

Hasta hace poco, las estrategias de control no se mostraban especialmente directas con el estudiantado. De hecho, por ejemplo, en otros países, los mecanismos como el SAC les llegaban directamente, por ejemplo, en países como Singapur o Corea, con resultados dramáticos (por ejemplo, suicidios por la presión del rendimiento académico), que les hicieron retroceder en cuanto a su dureza.

Sin embargo, últimamente pareciera ser que el sistema educativo recurre a “la vieja confiable”, el control, para enfrentar otras situaciones problemáticas que –tal como las mencionadas anteriormente– son de origen multicausal y con implicancias que consideran el mundo educativo, pero también otras dimensiones de la vida social.

En ese marco, deseo solo identificar dos, definidas por gobiernos de diferente color político: la prohibición del uso de celulares (ocurrió solo hace un par de meses) y ahora, la iniciativa Escuelas Protegidas. Ahora les tocó a los estudiantes vivir su espacio educativo en un contexto de mayor control externo. En ambos casos se incluyen restricciones a la vida escolar; en ambos, se responde a exigencias del nivel central del sistema; en ambos, además, no es el sistema el que implementa la norma, sino que otro miembro de la misma comunidad escolar, que deberá rendir cuenta de ello al propio Estado.

El proyecto de ley Escuelas Protegidas no incluye referencias al trabajo en salud mental de los estudiantes y los docentes, tampoco alusiones a que las comunidades dispongan de otras opciones de enfrentar problemáticas relacionadas con la seguridad en la escuela. Pero aún más, porque además de la revisión de mochilas y la inhabilidad para acceder a la gratuidad, se agregan otras medidas que son aún más restrictivas, como las sanciones por interrumpir clases (¿es una ley antiparos?) o el impedimento del uso de objetos que dificulten la identificación de las personas.

Estos elementos no son opcionales, son obligatorios, lo que ejemplifica con claridad la opción del Estado por priorizar definiciones centralizadas, ubicando a las instituciones y actores educativos como ejecutores o cumplidores de estas definiciones, con estrecho o nulo margen de maniobra.

En el ámbito de los logros de aprendizaje del Simce, en temáticas como la inclusión o la convivencia escolar y, ahora, en el diario vivir de los estudiantes, el control implica necesariamente desconfiar en la naturaleza y las prácticas de los actores educativos: pareciera que no es posible delegar en la agencia de directivos, docentes, equipos de apoyo y estudiantes la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, de autorregularse o de desarrollar capacidades para enfrentar sus desafíos.

Al momento de enfrentar una crisis, por alguna razón, se termina escogiendo el camino de desprender a estos actores de la prioridad de definir sus expectativas y prioridades.

Lo curioso de todo esto es que todas estas medidas normalmente se acompañan de un discurso que va en dirección opuesta: que se necesita creer en los docentes, que lo más importante son los estudiantes, etc. Resulta muy llamativo el alto nivel de paternalismo en el sistema educativo chileno y, a estas alturas, la casi obsesión con protocolizar lo más posible el quehacer de quienes están trabajando en el proceso de formar las próximas generaciones.