Últimos cartuchos antes del cambio de mando: Aguilera y Grau arrancan el año bajo amenaza de AC

A poco más de dos meses del cambio de mando y con la derecha a punto de cruzar la vereda para convertirse en oficialismo, la actual oposición –especialmente Chile Vamos– apura lo que en privado varios describen como los últimos cartuchos contra ministros del Gobierno de Gabriel Boric.

El blanco esta vez es doble: Ximena Aguilera, en Salud, y Nicolás Grau, en Hacienda. Dos frentes distintos, pero con un mismo telón de fondo: cerrar el ciclo político del boricismo dejando flancos abiertos y costos instalados antes de que La Moneda cambie de mano.

No es una ofensiva improvisada. Desde marzo de 2022, las bancadas de derecha han respaldado nueve acusaciones constitucionales contra autoridades del actual Gobierno. El balance es elocuente: todas han fracasado en su objetivo final, ya sea en la Cámara o en el Senado. Aun así, el libreto vuelve a repetirse, aunque con matices relevantes entre un caso y otro.

Aguilera: el flanco que podría prender

El caso de la ministra de Salud es el más delicado. La operación de urgencia de su madre en el Hospital del Salvador –con versiones cruzadas sobre priorización administrativa, postergación de otros pacientes y el posterior fallecimiento de uno de ellos– abrió un flanco que ya no es solo político, sino institucional y judicial.

En la UDI evalúan la presentación de una acusación constitucional en contra de Aguilera. Dijeron que iniciarían conversaciones con la oposición y el propio oficialismo si es que la secretaria de Estado no daba un paso al costado este viernes. “Si el actual Mandatario es incapaz de adoptar una decisión y la ministra insiste en no asumir su responsabilidad política, será el Congreso el que finalmente deberá actuar de manera correcta”, manifestaron a la prensa los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu.

Desde la bancada UDI confirman a El Mostrador que, como la ministra no renunció, el lunes se van a iniciar conversaciones con todas las bancadas, incluidas algunas del oficialismo, para ver si hay piso para una acusación constitucional.

En paralelo, junto con la conformación de una comisión investigadora en la Cámara, los gremialistas y la bancada de RN pidieron formalmente a Fiscalía investigar un eventual tráfico de influencias.

En este punto, los republicanos también marcaron posición. Pidieron al Presidente Boric que remueva a Aguilera, señalando que la permanencia de la ministra daña la confianza pública. Eso sí, han sido cuidadosos en cerrar filas de inmediato con una acusación constitucional. La postura transmitida es que no descartan apoyarla, pero que antes esperarán que las autoridades administrativas y políticas entreguen más antecedentes para tomar una decisión como bancada.

Cabe mencionar que la noche del 1 de enero el abogado del Partido Republicano Raimundo Palamara ingresó una querella –que aún no es declarada admisible– contra la ministra Aguilera, por eventuales delitos de tráfico de influencias, abuso de funciones y fraude al fisco, entre otros, apuntando también a funcionarios del Minsal, autoridades del Hospital del Salvador e incluso al Presidente Boric por una posible omisión de denuncia.

A eso se sumó algo aún más incómodo para La Moneda: las críticas y presiones también provienen desde sectores del oficialismo, donde, pese a la declaración de este viernes de la ministra, se siguen exigiendo explicaciones, transparencia y, derechamente, asumir responsabilidades políticas.

Y es que la defensa del Ejecutivo –respaldar a Aguilera, alinearse con los comunicados técnicos del hospital y apostar a que las investigaciones aclaren los hechos– no logró cerrar el flanco. Y el silencio de la ministra, prolongado hasta el último día de la semana, sus vacaciones y la sensibilidad extrema del tema de las listas de espera, hacen que el caso siga abierto y políticamente inflamable.

“El silencio no ha sido el mejor acompañante de la ministra Aguilera”

Aguilera rompió el silencio el viernes 2 de enero, interrumpiendo sus vacaciones y apareciendo en el Minsal junto a sus dos subsecretarios. Descartó de plano cualquier trato privilegiado, explicó que se trató de una urgencia clínica fuera de listas de espera y rechazó renunciar. También defendió haber esperado los informes técnicos del hospital antes de dar explicaciones públicas.

Pero la respuesta no descomprimió el conflicto. Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis endureció el tono y pidió al jefe del Ministerio Público designar un Fiscal Regional con dedicación exclusiva para investigar un eventual tráfico de influencias. “Quien se excusa, se acusa”, lanzó, acusando contradicciones entre los dichos de la secretaria de Estado y los antecedentes revelados por la prensa, y poniendo sobre la mesa el impacto del caso en la credibilidad del sistema de listas de espera.

Desde el oficialismo tampoco quedaron contentos. “El silencio no ha sido el mejor acompañante de la ministra Aguilera, porque si la aclaración hubiese sido dicha desde el primer día y haber expuesto las razones, tal vez nada de este escándalo, entre comillas, hubiese pasado. Cuando se demoran casi dos semanas en dar una explicación razonable, la verdad es que se dio pie a todo tipo de especulaciones, de acusaciones y de comentarios”, dijo el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, en declaraciones enviadas a El Mostrador.

“Creo que el silencio fue lo peor que le pudo haber pasado, no a la ministra, al Ministerio de Salud. La falta de credibilidad, la necesaria generación de confianza, por transparencia, en algo tan delicado como son las listas de espera, la verdad es que lo único que hizo fue generar más fuego a algo que ya estaba sobrecalentado”, agregó el legislador.

Se sumó el también miembro de la Comisión de Salud, el senador José Luis Castro (PS). “Valoro que se dé la cara y se diga qué sucedió en el ingreso de la paciente y cuáles fueron las conversaciones o gestiones que ella tuvo, que fueron bastante simples. Entiendo que solo fue una silla para su hermana y descarta algún tipo de petición por fuera de lo que era la decisión médica (…). Es bueno que se diga en primera persona. Ahora, es evidente que esto se pudo haber hecho al principio”, comentó en Televisión Nacional. Para el senador, “la omisión o el no salir a tiempo a precisar los detalles juega una mala pasada”.

Grau: ruido, amenaza y cálculo

Muy distinto es el escenario del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Aquí la UDI ha sido, paradójicamente, más activa que los propios militantes del partido del Presidente electo, José Antonio Kast, quienes han optado por un tono más estratégico y menos efectista.

La amenaza de una acusación constitucional por la llamada “ley de amarre” –incluida en el reajuste del sector público– nació con fecha, hora y comunicado, pero sin los votos necesarios. En privado, en la propia UDI reconocen que el objetivo no es necesariamente llegar al libelo, sino mantener el tema en la agenda pública, tensionar al Gobierno entrante y fijar un relato: que Boric intenta dejar “amarres” administrativos antes de irse.

La falta de entusiasmo del resto de la oposición es evidente. Republicanos, PDG, Demócratas e incluso sectores de RN han marcado distancia, advirtiendo que no se dan las causales para una acusación constitucional y que el instrumento está desgastado tras años de uso político sin éxito.

El propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, terminó bajando el tono tras reunirse con el ministro para conversar la ley miscelánea que se discutirá en enero. “Esta es una noticia en desarrollo”, señaló hace unos días el timonel UDI a T13.

La intención tiene otra lectura para el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical). Acusó que la UDI busca “sacar provecho político” después que amenazaran con presentar una acusación constitucional contra el ministro Grau. Según el parlamentario, lo que pretende la UDI es “no ser ahogada por los republicanos”, por lo que los instó a defender su postura en el marco del debate legislativo.

Oyarzo remarcó que “si el Gobierno tomó una mala decisión en la negociación con el sector público, el mecanismo que tenemos en el Congreso es rechazarla. Pero de ahí a acusar constitucionalmente al ministro Grau, solo se explica en un intento de desvalorizar las herramientas constitucionales”.

El ministro Grau, en recientes declaraciones a la prensa, ha pedido un debate con altura de miras sobre la “ley de amarre” y acusó una discusión peyorativa respecto de la función pública. “Hay que pensar un debate más de largo plazo”, dijo a Radio Infinita.

Últimos golpes antes del cambio de roles

Lo que une a ambos casos es el momento político. La derecha sabe que está jugando sus últimos minutos como oposición y que pronto deberá asumir los costos de gobernar. De ahí la prisa, la insistencia y el uso –una vez más– de la acusación constitucional como arma retórica, aun cuando su eficacia esté seriamente en duda.

Dos ministros, dos estrategias y un mismo telón de fondo: una oposición que, antes de cruzar definitivamente a La Moneda, busca dejar constancia de que no se va en silencio, aunque la historia reciente le recuerde que gritar acusación constitucional no siempre equivale a ganar la pelea.