PAÍS
Gobierno le da portazo a la nueva Ley de Pesca: acusan “blindaje” a polémica Ley Longueira
El proyecto fue impulsado en la administración de Gabriel Boric y se encontraba en un avanzado estado de tramitación. Según el Ejecutivo, la normativa vigente ya contiene principios e instrumentos clave, por lo que apostará por introducirle reformas. [ACTUALIZADA]
El Gobierno de José Antonio Kast optó por darle un portazo a uno de los proyectos más sensibles heredados de la administración anterior: la nueva Ley de Pesca. La iniciativa, ingresada en 2024 bajo el mandato de Gabriel Boric, fue retirada de su tramitación en el Congreso pese a que avanzaba con más del 60% de su articulado aprobado y 11 de sus 12 títulos ya votados en particular.
La decisión —confirmada por la Segpres y la Subsecretaría de Pesca— se formalizó mediante un oficio y se ampara en una facultad reglamentaria: como el proyecto nunca alcanzó a ser votado en Sala, el Ejecutivo podía simplemente sacarlo del Congreso. Traducción política: se mantiene vigente la actual normativa, conocida como Ley Longueira.
Según informó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la medida no implica desechar la iniciativa, sino reordenar su tramitación mediante reformas parciales en aquellas materias donde exista mayor consenso. El objetivo, explican, es “someterlo a un proceso de revisión y perfeccionamiento”.
No obstante, desde el Ejecutivo argumentan que la decisión responde a la necesidad de contar con una regulación “oportuna, eficaz y jurídicamente cierta”, por lo que se apostará por modificar la actual Ley General de Pesca en lugar de reemplazarla por un nuevo marco legal. En esa línea, sostienen que la normativa vigente ya contiene los principios e instrumentos fundamentales, y que sus principales falencias son de carácter operativo, vinculadas a problemas de implementación y superposición de competencias.
“La mayor vergüenza de la política chilena”
Desde la oposición, las críticas llegaron en bloque y con munición gruesa. El diputado Jorge Brito (FA), expresidente de la Comisión de Pesca, acusó derechamente un retroceso: “Este trabajo no se puede echar por la borda”, lanzó, recordando las más de 200 audiencias realizadas en ocho regiones. Y remató con un golpe directo: retirar el proyecto “le quita el futuro” a la pesca artesanal, en medio del alza de combustibles. Según Brito, la Ley Longueira es “la mayor vergüenza de la política chilena”.
En la misma línea, el senador Daniel Núñez (PC) calificó la medida como “gravísima” y la interpretó como un aval a la cuestionada ley vigente. “El gobierno está al servicio de los grupos económicos”, acusó, apuntando a beneficios para la gran industria.
El diputado Luis Cuello (PS) habló de un “golpe bajo” que borra un proceso participativo en caletas a lo largo del país, mientras que el senador Diego Ibáñez (FA) fue más allá: acusó al oficialismo de haber “boicoteado” el proyecto durante su tramitación.
Senador Flores: “Pareciera ser que lo que pretende es saltarse el Congreso Nacional”
Desde la DC, el senador Iván Flores, integrante de la comisión de Pesca del Senado, lanzó una dura crítica, aludiendo a los decretos presidenciales: “Uno ya no logra ver cuál es el techo y el límite que tiene este gobierno para hacer retrocesos y, por lo demás, pareciera ser que lo que pretende es saltarse el Congreso Nacional; saltarse el debate, saltarse la deliberación y efectivamente gobernar por decreto. Eso no hay que permitirlo”.
El parlamentario añadió que “ahora dicen que lo van a revisar todo y que quieren volver a la Ley Longueira, que tanto lío ha generado. No solo por su origen, sino por la desarticulación entre el interés de la captura y la sustentabilidad de los recursos, además de otros aspectos que son bastante cuestionables”.
Flores advirtió que esta decisión genera incertidumbre en el sector artesanal y pone en riesgo avances alcanzados en el Congreso. “Aquí cabe preguntarse con claridad: ¿se busca perfeccionar el proyecto o derechamente retroceder a un modelo ampliamente cuestionado? Eso sería inaceptable”, afirmó.
Asimismo, el senador criticó el retiro del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, señalando que “es otro descalabro”, ya que impedirá la implementación efectiva de una normativa que buscaba fortalecer la seguridad a nivel local. “Habíamos logrado incorporar cerca de 300 mil guardias privados y regularizar el trabajo de los guardias municipales, una figura que hoy no existe formalmente. Esta ley los crea con funciones específicas como coadyuvantes de Carabineros, pero al retirar el reglamento, que la hace operativa, la dejan en letra muerta”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “¿Qué explicación le van a dar a todos los municipios de Chile que estaban esperanzados en contar con esta herramienta? La ley se despachó, pero ahora, sin reglamento, no sirve”.
Pero el conflicto no se queda en el Congreso. Desde el mundo artesanal, el presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, aseguró en un comunicado que la decisión era previsible y acusó al Ejecutivo de “blindar derechos adquiridos” por la industria. “Se va a comprar un conflicto con los pescadores”, advirtió, dejando abierta la puerta a movilizaciones.
Paradójicamente, el proyecto que ahora se archiva buscaba justamente reforzar el rol de la ciencia en la administración de los recursos pesqueros, instalando el principio científico como eje de decisiones y avanzando en gobernanza y sustentabilidad. Uno de sus puntos más visibles —el fraccionamiento entre pesca industrial y artesanal— logró salvarse por cuerda separada y ya es ley.
