Senado rechaza con empate alzamiento del secreto bancario y proyecto pasa a comisión mixta

La batalla por el levantamiento administrativo del secreto bancario sumó este martes un nuevo capítulo en el Senado. Con una votación empatada 24 a 24, la Cámara Alta rechazó la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder directamente a información bancaria protegida sin autorización judicial previa, enviando el debate a una Comisión Mixta que deberá zanjar las diferencias entre diputados y senadores.

La disposición formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una iniciativa diseñada para fortalecer la detección de operaciones vinculadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El resultado estuvo marcado por una fuerte división política y, según distintos parlamentarios, la ausencia de la senadora Ximena Órdenes (independiente del comité mixto del Partido Socialista, Partido por la Democracia e independientes y Partido Liberal) terminó siendo determinante para inclinar la balanza hacia el empate.

La norma buscaba entregar a la UAF una facultad excepcional para requerir antecedentes bancarios en tres situaciones específicas: cuando existiera un reporte de operación sospechosa realizado por un banco, cuando la investigación involucrara a funcionarios públicos y cuando se tratara de personas jurídicas. Sus impulsores argumentaban que la herramienta permitiría anticiparse a las organizaciones criminales y seguir la ruta del dinero antes de que se iniciara una investigación penal formal.

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El debate se vio atravesado por la Operación Tokio, la investigación que destapó una red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua y que reveló la presunta participación de ejecutivos bancarios en movimientos de dinero ilícito. Durante la discusión, varios senadores recordaron que la organización logró infiltrar el sistema financiero y mover miles de millones de pesos a través de cuentas bancarias.

El proyecto contempla la creación de un sistema de coordinación entre la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas para intercambiar información y detectar operaciones sospechosas. También establece nuevas unidades de inteligencia económica en el SII y Aduanas, junto con mecanismos de trazabilidad financiera para seguir los flujos de dinero provenientes de actividades criminales.

Sin embargo, el punto de quiebre volvió a ser el secreto bancario. Quienes rechazaron la norma advirtieron que entregar esta facultad a la UAF sin autorización judicial previa podía abrir la puerta a vulneraciones de derechos fundamentales. “Levantar el secreto bancario viola la vida privada. El Estado necesita una causa legal para aplicar esta herramienta”, sostuvieron algunos legisladores, insistiendo en que debe existir siempre la supervisión de un juez.

Desde la vereda opuesta, los defensores de la medida argumentaron que la facultad estaba rodeada de resguardos. La disposición obligaba a la UAF a justificar cada requerimiento, contemplaba controles internos, auditorías, responsabilidades para los funcionarios y la obligación de informar periódicamente al Congreso sobre el uso de la herramienta.

Además, recalcaron que el mecanismo no estaba diseñado para revisar indiscriminadamente las cuentas de los ciudadanos, sino para actuar en casos previamente identificados como sospechosos. “Ningún ciudadano honesto debe temer. No se violan los principios de intimidad con esto”, plantearon durante el debate.

Tras la votación, la oposición arremetió contra la derecha y el Gobierno. El senador Diego Ibáñez (FA) acusó que nuevamente se le dio “la espalda a Chile y a la persecución del crimen organizado”, mientras que la senadora Danisa Astudillo (PS) sostuvo que “hoy la derecha votó en contra de perseguir al narco” y de entregar al Estado herramientas para seguir la ruta del dinero del crimen organizado.

El diputado Luis Cuello (PC) endureció aún más el tono. “Hay persecución y embargos para quienes estudiaron con CAE y guante blanco para el Tren de Aragua”, afirmó, criticando que se rechace una herramienta para combatir el lavado de activos mientras se mantienen mecanismos de cobro contra deudores estudiantiles.

La controversia también alcanzó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que algunos parlamentarios manifestaran preocupación por el anuncio de un proyecto alternativo sobre la materia. Desde el Congreso advirtieron que esperan que esa iniciativa no termine interfiriendo con la discusión que ahora deberá desarrollarse en la Comisión Mixta.

Gobierno: “Nunca nos hemos opuesto”

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, salió a aclarar la posición del Gobierno tras el rechazo en el Senado de la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información bancaria sin autorización judicial previa. El secretario de Estado aseguró que La Moneda no se opone al levantamiento del secreto bancario, pero sí defiende que cualquier acceso a datos protegidos cuente con el respaldo de un juez. “Nunca nos hemos opuesto; lo que hemos dicho es que una medida intrusiva como esta debe tener siempre autorización judicial”, afirmó.

García Ruminot sostuvo que el principal problema no es el mecanismo actual, sino la demora de los bancos en entregar la información requerida por los tribunales, por lo que adelantó que el Ministerio de Hacienda trabaja en propuestas para agilizar esos procesos. Además, confirmó que el Ejecutivo ingresó suma urgencia al proyecto para acelerar la conformación de la Comisión Mixta que deberá zanjar el futuro de la iniciativa.