Duro revés para Grau: Diputados aprueban acusación constitucional en estrecha mayoría

La Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, en una sesión de casi siete horas que terminó por revertir el informe negativo de la comisión revisora y habilitar el envío del libelo al Senado, que ahora deberá pronunciarse sobre su fondo.

El resultado se cerró con una mayoría articulada desde el oficialismo impulsor del libelo —Republicanos y Partido Nacional Libertario— que logró sumar respaldos de la UDI, RN, Evópoli y la bancada del PDG para aprobar la acusación. Sin embargo, se registraron descuelgues relevantes dentro de ese mismo sector: los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper, Ximena Ossandón, Luis Pardo y Andrés Celis, además del diputado de Evópoli Jorge Guzmán, votaron en contra. La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, optó por la abstención.

La jornada comenzó poco después de las 10:00 horas y estuvo marcada desde el inicio por el intento de la defensa del exministro de frenar el avance del libelo mediante la llamada cuestión previa, acción que fue rechazada por 81 votos en contra, 61 a favor y dos abstenciones (Pérez y Guzmán), permitiendo que la Cámara entrara de lleno a la discusión de fondo.

Con ello, el oficialismo en sala y el PDG se alinearon para rechazar esa solicitud, mientras la oposición se inclinó mayoritariamente por permitir que la acusación siguiera su curso. En la misma línea, Renovación Nacional dio libertad de acción, aunque una parte relevante de sus diputados terminó rechazando la cuestión previa.

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El libelo, impulsado por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, había sumado posteriormente apoyos transversales, en una configuración que terminó resultando decisiva para su aprobación en la Sala.

Durante la discusión, el abogado defensor Patricio Zapata intentó desactivar la acusación sosteniendo que el principal fundamento del libelo se había debilitado tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que descartó inconsistencias aritméticas en las proyecciones fiscales cuestionadas. A su juicio, “el corazón de la acusación se ha desvanecido”, argumento que no logró revertir la mayoría en la Cámara.

Desde la comisión revisora, que había recomendado rechazar la acusación, su presidenta Marcela Hernando (PR) defendió el informe y cuestionó la solidez del libelo, señalando que no se acreditaban acciones concretas atribuibles al exministro. En la misma línea, Alejandro Bernales (PL) y Carlos Bianchi (IND-PPD) descartaron la existencia de infracciones constitucionales o mérito suficiente para avanzar en la acusación.

En contraste, el diputado Luis Sánchez (Republicanos), uno de los impulsores del libelo, acusó al exministro de haber incurrido en “datos maquillados” y defendió la necesidad de avanzar hacia la votación de fondo.

Superado el debate de la cuestión previa, la Sala continuó sin interrupciones la revisión del libelo, en una jornada que incluyó intervenciones por bancada y una votación final que terminó sellando la aprobación de la acusación.

Con este resultado, la Cámara designó a los diputados Pier Karlezi (PNL), Benjamín Moreno (Republicanos) y Paulina Muñoz (PNL) para representar el libelo ante el Senado, instancia que deberá pronunciarse ahora sobre el fondo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

Fundamentos a favor

Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Karlezi sostuvo que no se habla de dolo, sino de “inacción”. Afirmó que la acusación no persigue errores, sino responsabilidades y falta de corrección frente a faltas reiteradas. Así, estimó que las cifras pueden ser técnicas, pero las decisiones son políticas.

Por la Bancada UDI, Constanza Hube manifestó que existió un daño presente y medible. A su juicio, la infracción a los deberes de transparencia, información y control establecidos en la Ley N.º 21.683 no es hipotética. Asimismo, planteó que no se trata de una deficiencia técnica de gestión, sino del incumplimiento de deberes jurídicos expresos y plenamente vigentes por parte de Nicolás Grau.

Desde el Comité Republicano, Paz Charpentier y Stephanie Jéldrez recalcaron que la infracción más grave es con la función pública. En tal plano, mencionaron que hubo postergación de pagos de servicios esenciales para la población y fallo a un mandato ético al no reflejar la real situación económica del país, lo que habría erosionado la credibilidad fiscal de Chile.

En Renovación Nacional, Francisco Orrego intervino en nombre de los legisladores a favor de la acusación. Detalló que hay un incumplimiento reiterado de metas fiscales estructurales, sobreestimación significativa de ingresos fiscales y una subestimación y falta de provisión adecuada de gastos obligatorios.

Por último, desde el Partido de la Gente, Javier Olivares y Cristian Contreras expresaron su postura a favor de aprobar la acusación en contra de Nicolás Grau porque el debate no se reduce a un mero tecnicismo contable, sino a la responsabilidad de un ministro de Estado por una gestión negligente e irresponsable y el deber de resguardar la probidad pública.

Fundamentos en contra

Constanza Schonhaut, Ignacio Achurra y Carolina Tello, del Frente Amplio, advirtieron que esta acusación no solo busca afectar políticamente al exministro Nicolás Grau, sino que también podría utilizarse para justificar recortes en políticas sociales. Además, insistieron que no se acreditaron inconsistencias en las cifras, tal como expresó el Consejo Fiscal Autónomo.

Juan Santana y Nelson Venegas, desde el Comité Socialista, Liberal, Radical e independientes, refutaron que se eleve a delito una proyección fiscal hecha con la mejor información posible en ese momento. Criticaron que la acusación no tiene argumentación ni jurídica ni constitucional y que corresponde a un voladero de luces frente a los temas que realmente importan a la gente.

Marcos Barraza, Irací Hassler y Boris Barrera del Comité del Partido Comunista e Independientes enfatizaron que las diferencias políticas son legítimas. No obstante, señalaron que las acusaciones constitucionales deben descansar en infracciones acreditadas, ya que, este tipo de acciones no contribuyen al fortalecimiento institucional.

Del Comité PPD e independientes, Jaime Araya y Carlos Cuadrado dijeron que esta acusación es la cristalización de una batalla política que se aleja de las verdaderas urgencias del país. Reiteraron que el Consejo Fiscal Autónomo no identificó inconsistencias y, así, desmintió la tesis central de esta acusación.

En tanto, del Comité Democracia Cristiana, Federación Regionalista Verde e independientes, Álvaro Ortiz, Héctor Barría y Jorge Díaz consideraron que el libelo toma controversias técnico fiscal y las identifica como infracciones constitucionales o legales. Añadieron que pueden haber reproches administrativos o políticos, pero eso no basta para destituir políticamente a una autoridad o instalar que hubo una infracción constitucional.

Por último, el diputado RN Luis Pardo entregó una visión crítica de la gestión del Gobierno pasado y del exministro Nicolás Grau. Pero, evaluó que las acusaciones no son para canalizar la indignación ciudadana. “Debe acreditarse una infracción constitucional, así lo manifestaron diversos constitucionalistas”, planteó al justificar su voto en contra.

Tras la aprobación en la Cámara, el resultado deberá ser comunicado al Senado y al exministro dentro de las 24 horas siguientes al término de la sesión. En paralelo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó —con acuerdo de comité— que la votación de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau será puesta en tabla en una sesión de Sala fijada para el próximo martes 30, desde las 10:30 horas.