PAÍS
Kast recurre al TC contra reconexión gratuita de servicios en zonas siniestradas
El Presidente impugnó la norma que exige restituir, sin cobro ni pago previo, agua, electricidad y gas a hogares y mipymes de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El Ejecutivo sostiene que vulnera el artículo 69 de la Constitución.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente los servicios básicos suspendidos por deudas en zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
Según informó La Tercera, el requerimiento también fue firmado por los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange. El escrito sostiene que la disposición “no guarda relación directa con las ideas matrices o fundamentales del Proyecto” y que, por ello, infringe el artículo 69 de la Constitución.
La norma surgió de una indicación de la diputada Sofía González (PC) y fue respaldada por la oposición y algunos parlamentarios oficialistas. Su alcance incluye a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cuyos suministros fueron cortados por falta de pago antes o durante la declaración de catástrofe.
El artículo establece plazos máximos de 48 horas para reponer la electricidad y el gas, y de 24 horas para el agua potable y el alcantarillado. También prohíbe cobrar por reconexión, reposición, visitas técnicas o revisión de instalaciones, y permite exigir judicialmente el cumplimiento de esas obligaciones.
Los argumentos del Ejecutivo
Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formuló reserva de constitucionalidad durante la tramitación, el artículo no fue incluido en los vetos presentados la semana pasada. Las observaciones presidenciales buscaron suprimir el derecho al olvido financiero, la prohibición de cobrar intereses sobre intereses y los ajustes al pago a 30 días para las pymes.
La presentación de 74 páginas, patrocinada por los abogados Joaquín Palma y Vicente Gómez, argumenta que el proyecto original estaba limitado al financiamiento y aceleración de la reconstrucción y a la reactivación económica. Añade que la indicación fue incorporada sin un análisis particular de una comisión técnica ni audiencias con los organismos involucrados, lo que habría generado un “déficit deliberativo”.
González calificó la decisión como una decepción y acusó al “gobierno de los ricos” de intentar eliminar el único artículo que, a su juicio, entregaba ayuda directa a las familias afectadas por los incendios.
Con la acción del Ejecutivo, la megarreforma acumula cuatro requerimientos ante el TC: dos presentados por diputados de oposición, uno por senadores del mismo sector y el ingresado ahora por el Presidente.
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