CDE se querella contra exministro Ulloa por cohecho, prevaricación y revelación de secretos
La acción judicial también apunta a los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, además del conservador Sergio Yáber. El organismo acusa la existencia de una red que habría gestionado el nombramiento de Ulloa y transferido cerca de $74,3 millones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, a quien atribuye participación en los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial.
La acción fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y también está dirigida contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas Cociña y Samuel Donoso, además del suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.
Según el CDE, los abogados tendrían responsabilidad, en calidad de autores, en el delito de soborno, sin perjuicio de otros ilícitos que pueda establecer la investigación del Ministerio Público en el marco del Caso Audio.
La querella apunta a una red de relaciones personales entre Hermosilla, Vargas y Donoso, quienes habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro y la designación de terceros en cargos del Poder Judicial.
El organismo sostiene que los abogados habrían ofrecido o aceptado entregar beneficios a Ulloa con el objetivo de que, una vez asumido el cargo, resolviera causas en favor de sus intereses.
Asimismo, le atribuye la entrega de información reservada que habría obtenido durante el ejercicio de sus funciones, incluidos antecedentes sobre acuerdos, votaciones y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que fueran públicos.
La acción judicial también describe transferencias periódicas que Yáber habría realizado a Ulloa por un monto cercano a $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025. De acuerdo con la querella, durante ese periodo el exministro habría intervenido en favor de Yáber en un proceso destinado a proveer el cargo de conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.
El CDE sostiene que los hechos denunciados revisten especial gravedad, debido a que afectarían el Estado de Derecho y principios como la igualdad ante la ley.
