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Acuerdo del Gobierno con OpenAI bajo la lupa: incluye confidencialidad y desata ofensiva opositora
El convenio firmado por la ministra Ximena Lincolao contempla reuniones mensuales, reserva de información y eventuales servicios pagados. La oposición recurrió a Contraloría y exige explicaciones por el uso de datos personales y recursos públicos.
El documento, consignado por Radio Biobío, fue suscrito el lunes en San Francisco por Lincolao y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, con el objetivo de incorporar inteligencia artificial en la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.
Uno de sus puntos establece que las comunicaciones públicas y los comunicados de prensa relacionados con el convenio deberán contar con aprobación previa por escrito de la otra parte, salvo las divulgaciones exigidas por ley. También obliga a proteger la información no pública intercambiada durante la colaboración, incluso después de terminado el acuerdo.
Además, contempla la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI, que inicialmente se reunirá una vez al mes para revisar prioridades, capacitaciones, riesgos y eventuales ampliaciones del programa.
Aunque esta instancia podrá identificar organismos públicos y posibles aplicaciones de inteligencia artificial, no tendrá atribuciones para aprobar contratos ni comprometer recursos fiscales.
El memorándum tampoco constituye una adjudicación, establece exclusividad ni obliga a comprar servicios. Sin embargo, deja abierta la puerta a futuros acuerdos pagados, cuyas condiciones, precios y medidas de seguridad deberán definirse por separado.
Respecto de los datos, el Ministerio de Ciencia aseguró a BioBioChile que el convenio no entrega a OpenAI acceso a sistemas ni bases de datos estatales o información personal de la ciudadanía. Añadió que las capacitaciones utilizarán datos abiertos y sintéticos, mientras cualquier proyecto posterior deberá establecer sus propios resguardos.
Oposición recurre a Contraloría y exige explicaciones
Los antecedentes conocidos este martes intensificaron los cuestionamientos parlamentarios. El diputado Jaime Araya (ind.-PPD) ingresó un requerimiento a Contraloría para determinar si el ministerio tiene facultades para suscribir el convenio, si existen compromisos financieros y cómo se protegerán los datos personales.
“Es la Contraloría el organismo que tiene que determinar si esta acción se enmarca dentro de las facultades que tiene la ministra, si el objeto es lícito y si además la forma de acceso que involucra naturalmente recursos públicos es la correcta”, afirmó Araya.
En paralelo, José Montalva (PPD) ofició al Ministerio de Ciencia para conocer si OpenAI podría utilizar información estatal para entrenar sus modelos, dónde se almacenarían los datos y qué ocurriría si Chile decide cambiar de proveedor.
“¿Va a tener algún costo para el Estado chileno desde la perspectiva de su soberanía digital?”, cuestionó.
Por su parte, Gael Yeomans (FA) exigió transparentar los antecedentes jurídicos y técnicos del convenio y explicar cómo se seleccionó a OpenAI. También cuestionó que la empresa participe en la identificación de necesidades tecnológicas del Estado antes de eventuales contrataciones.
“Usar inteligencia artificial para atender mejor a las personas puede ser un avance, y justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos”, sostuvo la diputada.
Yeomans también solicitó aclarar si la iniciativa guarda relación con los $412 millones contemplados en el Presupuesto 2027 para un programa de acceso a capacidad de cómputo para inteligencia artificial.
La controversia coincide con la aprobación en el Congreso de la postergación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales hasta el 15 de octubre de 2027, decisión que los parlamentarios opositores vincularon con sus cuestionamientos al convenio.
Por ahora, el acuerdo no autoriza la transferencia de datos personales ni compromete compras públicas. Sin embargo, las condiciones de eventuales proyectos futuros, su financiamiento y los mecanismos específicos de protección de información siguen pendientes de definición.