Dos miembros de Los Gallegos cumplieron sus penas y quedaron libres sin ser expulsados de Chile

Dos personas de nacionalidad venezolana, ambas condenadas a dos años por pertenecer a la banda de Los Gallegos ya cumplieron las condenas que les impuso el Tribunal de Juicio Oral de Arica y siguen en el país, o al menos no han salido legalmente de este, pues en contra de ambas existen decretos de expulsión que no se han ejecutado. 

El problema es que al menos sobre uno de los condenados pesa actualmente una nueva orden de detención, dado que se le sindica como autor del homicidio frustrado de una mujer, en cerro Chuño de Arica, hecho acaecido en 2025.

Como reconocen fuentes policiales y del Poder Ejecutivo, el problema parece insalvable, pues pese a que en abril de 2024 se dictaron decretos de expulsión en contra de todos los integrantes del grupo criminal –uno de los brazos del Tren de Aragua–, estos eran básicamente letra muerta, pues Chile recién restableció relaciones consulares con Venezuela hace un mes, por lo cual antes de ello era imposible expulsar a personas con destino a ese país. Perú y Bolivia tampoco aceptan que se expulsen criminales (salvo que sean connacionales de ellos) hacia su territorio. 

Los condenados

Se trata de Yhonahairy Jacqueline Navarro, más conocida como “La China”, y de José Alfredo Rodríguez Morillo, “El Goldo”.

Cabe recordar que el primer operativo masivo contra “Los Gallegos” fue realizado en junio de 2022, ocasión en la cual se detuvo a cerca de 30 personas, incluyendo a los líderes de esa organización, que habían sido enviados desde Perú a colonizar –literalmente– el cerro Chuño de Arica. Luego de algunas semanas de paz en el cerro, el Tren de Aragua reemplazó velozmente a los apresados, y ahí es donde “La China” comenzó a cobrar importancia.

En efecto, según la acusación del Ministerio Público, ella “realizaba enlaces y comunicaciones con los miembros que se encontraban en prisión preventiva en distintos penales del país, entre ellos: Alexander Gabay Varela, Misael Zambrano Jiménez y Leafar Arvelaes Torres, quienes instruían a Yhonahairy Jacqueline Navarro cómo dirigir tanto la recaudación de ‘vacunas’, la venta y distribución de la droga, como a su vez el ingreso de las mismas a los penales, constituyéndose así, en un engranaje vital para que la empresa delictual mantuviera su movimiento”.

Por estos hechos la Fiscalía pidió 10 años para ella, imputándole además dos delitos de tráfico de estupefacientes, por los cuales se pedían otras dos penas del mismo calibre para ella, es decir, otros 20 años.

Según los testimonios prestados en el juicio por los oficiales de la PDI que investigaron el caso, incluyendo el de “D1” –como se designaba al agente encubierto que se infiltró en Los Gallegos–, “La China”, además de distribuir drogas y cobrar deudas por lo mismo, como consta en una interceptación telefónica, era la encargada de mantener funcionando el comedor donde se alimentaba a los miembros de la organización criminal, y también estaba encargada de lavarles la ropa.

Sin embargo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica (TOP) acogió la tesis de su abogado defensor, en orden a que ella nunca fue encontrada con drogas, y terminó condenada a una pena de dos años como autora de asociación criminal, pena que terminó de cumplir en 2025.

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El Goldo

Rodríguez fue condenado a la misma pena, por los mismos cargos, pese a que también fue sindicado por la Fiscalía como autor del delito de tráfico de drogas, por lo cual inicialmente se pedía un total de 40 años. Además,”D1” lo acusó de ser uno de los sujetos que participó de un violento robo que cometió la banda en contra de un ciudadano colombiano. En su caso, el abogado defensor Renato Moscoso alegó que no existía constancia de que se tratara del mismo “Goldo” o “Gordo” que era mencionado en las escuchas telefónicas, y aseveró también que en su domicilio no fueron halladas drogas ni armas.

Estando preso, sin embargo, el 23 de abril de 2024 personal de Gendarmería de Arica encontró en la celda de Rodríguez un teléfono celular con SIM card, por lo cual se realizó un juicio abreviado en su contra, por el cual fue condenado a otros 41 días de prisión.

Homicidio

Para agosto de 2025, Rodríguez ya estaba en libertad y, según los antecedentes recopilados por la policía, el 3 de ese mes, participó de la agresión en contra de una mujer chilena de 34 años, quien fue atacada a cuchilladas en la esquina de Capitán Ávalos con Linderos, lo que casi le costó la vida debido a las lesiones que sufrió, entre ellas, la perforación de un riñón. 

Durante meses no se tuvo antecedentes acerca de quién la había atacado, pero en noviembre del año pasado la policía encontró un video, alojado en el teléfono de otro miembro de Los Gallegos, que indicaba que el autor de dicho crimen habría sido Rodríguez, por lo cual se emitió una orden de detención en su contra, pero no ha sido encontrado. 

Según fuentes vinculadas al caso, pronto, además, deberían comenzar a postular a beneficios penitenciarios otros miembros del grupo que recibieron penas de entre 5 y 6 años, y no son los únicos. Como explican policías que investigan crimen organizado, existen numerosas causas de secuestros, sobre todo en la Región Metropolitana, donde integrantes de distintos brazos del Tren de Aragua han sido condenados en los últimos años a penas de entre 3 y 5 años, y muchos de ellos van a comenzar “a quedar en el mismo limbo”, como lo señala un oficial, quien indica que en la medida que no se regularicen pronto las relaciones con Venezuela, los condenados van a quedarse viviendo en Chile, ya como hombres y mujeres libres.

Ese “limbo” ya quedó de manifiesto a fines de 2024, cuando –como informó El Mostrador– el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Pablo Contreras, se negó a conmutar una pena de 3 años y un día en contra del venezolano Dahan Valbuena, tal como lo pedía su defensa, por la expulsión del país. El sujeto fue condenado en un juicio abreviado por secuestro extorsivo y, ante la solicitud de su abogado, el magistrado argumentó la existencia de “un impedimento material”, dado el quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela y, por ende, la imposibilidad de expulsarlo a ese país.

Cabe indicar que el 21 de agosto pasado la Cancillería chilena comunicó el nombramiento del diplomático Felipe Orellana como cónsul general en Caracas, pero de momento no está contemplado el problema de las expulsiones, pues en una primera etapa la normalización de los servicios consulares estará destinada a asistir a los venezolanos que viven en Chile y a los chilenos que residen en Venezuela.

El diputado Jaime Arata (Ind/PPD), quien presidió la Comisión Especial Investigadora sobre el crimen organizado en la macrozona norte, dijo al respecto que “está en el reino del absurdo el que personas peligrosas que son condenadas por delitos graves, que han cumplido y tienen decretos de expulsión, no se puedan expulsar. El Gobierno de Chile tiene que buscar la fórmula de que estas personas salgan del país y en eso tiene que abrir una conversación con Colombia, para que los vuelos lleguen allá y desde ahí se busquen las formas para que estos sujetos puedan ingresar por vía terrestre a Venezuela”.

En ese sentido, explicó que “es una de las alternativas que muchas veces planteamos a la administración pasada y que nunca fue evaluada, pero creo que es importante que ahora se pueda hacer, pues estas personas son un peligro para la seguridad de la sociedad y el deber del Gobierno es buscar soluciones, y en eso tienen que abrirse a evaluar esta situación y a ser consistentes con las promesas que hizo en campaña el Presidente de la República”.

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