Opinión
Las Personas en Situación de Discapacidad (PeSD) se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder a la salud, medios de comunicación, educación, transporte y empleo. Las barreras son políticas asistencialistas, actitudes culturales negativas, financiamiento insuficiente, mal diseño de la información, y exclusión en los mecanismos de participación en las decisiones públicas.
En Chile el 20% de hombres y mujeres de 18 años o más, es decir 2.606.914 personas, viven con una leve, moderada o severa discapacidad física, sensorial, psíquica y/o mental, según el último Estudio Nacional de Discapacidad (2015). Un 60% de las personas en situación de discapacidad no tiene empleo; estudian en promedio 8,6 años en comparación con los 11,6 años del resto de la sociedad; el 40% depende de un familiar para realizar actividades cotidianas; la mitad de adultos con discapacidad pertenece a los dos quintiles más pobres de la población.
En nuestro país las personas con discapacidad están sujetas a la vulneración de sus derechos en todos los planos, despojándolos de su autonomía e independencia y contrariando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Chile.
El modelo de desarrollo neoliberal implantado por la dictadura cívico-militar, significó un retroceso paradigmático en cuanto a las personas con discapacidad desde dos ejes; El primero, es sobre la naturalización de la competencia por sobre la colaboración. En un sistema donde cada uno es la empresa de sí mismo y está en permanente disputa con los otros por obtener los mayores índices de rentabilidad, los menos competitivos están condenados al rezago, pobreza y beneficencia. Lo segundo, tiene que ver con concebir a las personas en situación de discapacidad como sujetos de caridad abordados desde la perspectiva médica. En 1985 se aprobó el Convenio 159 de la OIT “Sobre readaptación laboral y el empleo”, sin embargo en ratificado por Chile casi un década después, con la consiguiente Ley 19.824 sobre “Integración social de personas con discapacidad”.
El 2006 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, con esto se asume la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos, reconociendo que está dada por las barreras del entorno, y por tanto, la sociedad debe adaptarse para asegurar la participación plena de las personas en situación de discapacidad. La convención es ratificada en 2008 por Chile, dando origen en 2010 a la Ley 20.422 “para la inclusión social de Personas con Discapacidad”, con esta norma se avanza conceptualmente desde la “integración” a la “inclusión”.
Como tantas cosas en Chile, por una dimensión pasan las leyes, y por otra, la realidad. En el ámbito legislativo se registran avances en algunas materias, sin embargo, urge ampliar la cobertura para el ejercicio de derechos básicos de las personas con discapacidad –con compromiso presupuestario- y fiscalización de los logros alcanzados –con sanciones e incentivos para aplicar la norma-. Los ejemplos más salientes de esto son el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20.422; el Decreto 170 sobre educación diferencial que en 2017 ha generado polémica; el Decreto 50 sobre Accesibilidad Universal cuyo cumplimiento previsto para 2018 probablemente requerirá de movilizaciones y acciones legales; y la Ley de Cuotas, que poco impacto efectivo tiene, en circunstancias que no considera incentivos positivos para las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las que más contratan a personas en situación de discapacidad.
Diversas instituciones internacionales han hecho recomendaciones para acelerar los procesos de inclusión social y política de las personas con discapacidad. El Banco Mundial ha señalado que “la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad puede aumentar en un 2 o 3% el PIB”.
Más allá de nuestras legítimas individualidades, debemos ser capaces de avanzar con generosidad en la transformación colectiva y cultural que consoliden prácticas cotidianas del buen vivir, inclusivas y que respeten la dignidad de los habitantes de nuestra patria.
