Inclusión
La organización, que lleva 20 años buscando equiparar las oportunidades de todas las personas a través de la accesibilidad universal del entorno, critica la medida y asegura que no se respetaron los compromisos adquiridos.
Este lunes, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ingresó doce nuevas urgencias a proyectos que se tramitan en el Congreso. Entre ellas estaba la moción que modifica la ley N° 20.422, «para extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad para edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad».
Actualmente, la ley -publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010- establece en su artículo 28 que al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde establecer las normas a las que deberán sujetarse las nuevas obras y edificaciones que ese artículo señala, así como las normas y condiciones para que las obras y edificaciones existentes se ajusten gradualmente a las nuevas exigencias de accesibilidad.
Pero los plazos de implementación se vencieron por lo que los senadores Carlos Montes, Manuel José Ossandón y Víctor Pérez solicitaron a través de una moción que se diera una extensión de tiempo para poder ejecutar bien la ley. En el proyecto, se identificaban una serie de factores que impedían la correcta implementación, como la falta de especialistas, falta de financiamiento, entre otros.
La norma establece obligaciones de adaptación en materias de accesibilidad para edificaciones privadas y públicas, además de la incorporación para espacios y transporte público, plazas, parques, y toda clase de bienes nacionales de uso público administrados por el Estado, sus órganos y municipalidades.
Pero este anuncio no dejó nada satisfecho a las organizaciones que velan por la accesibilidad universal a personas discapacitadas.
«Cuando vemos que aparece la noticia que modifica la ley 20.422 para extender el plazo de adecuación a normas de accesibilidad obviamente nos vamos a la reunión que tuvimos en una comisión del Senado (de Vivienda y Urbanismo) el día 2 de enero donde asistimos para discutir este proyecto de ley», explica Pamela Prett, presidente de Ciudad Accesible, organización que desde 1995 lleva planteando el tema y creando conciencia en nuestro país.
«En dicha reunión nosotros llevamos 3 mil firmas, ahora ya son 4300, de personas que no apoyaban ningún tipo de extensión de plazo. Hicimos una presentación breve, pero bien clara, de que nosotros rechazábamos cualquier intento de ese tipo y que la fuerza de esto tenía que ir hacia mecanismos de acelerar e impulsar el cumplimiento y difusión de los plazos de accesibilidad y no volver a retrasarlo, porque presentamos la historia de todos los aplazamientos de las normas de accesibilidad que ha tenido Chile», sostiene.
Y agrega: «Somos siempre a quienes nos aplazan todo, a ninguna de las otras minorías en Chile le han hecho lo que nos han hecho nosotros en este campo».
Tras esa reunión donde se les aseguró que no se pediría extensión de plazo, iniciaron reuniones de trabajo «para presentar un proyecto que apuntara a buscar mecanismos de facilitar a las personas poder realizar todas las adecuaciones de accesibilidad dentro de los plazos».
Pero lo cierto es que el anuncio -del que se enteraron por internet- les cayó como un balde de agua fría.
«Lo que me parece grave es que buscando ahora estos documentos, si uno va a lo que aparece en la página de la Secretaría General de la Presidencia, ISAL Nº 33, la reunión del 2 de enero falta totalmente la verdad a lo que dice ese documento. De partida, no estamos nombrados, sólo aparece Ximena Rivas (Presidenta de la Asociación Incluye 360) como asistente y dice ahí que el acuerdo es ‘solicitar al Ejecutivo que patrocine la moción'», manifiesta.
«Nosotros claramente, y hasta el día de hoy, no estamos de acuerdo con que se tome esto a la ligera, como ya viene ocurriendo desde el año 2002. Creo que aquí falta que alguien tenga pantalones de una vez por todas y se atreva a que estas leyes se cumplan. Lo que nos pasa siempre con las normas de accesibilidad es que hacer leyes es muy fácil, pero nunca nadie más se preocupa de buscar mecanismos o incentivos o ver lo que se ha hecho en otros países. Es un trabajo poco serio», agrega.
«¿Por qué llega este proyecto, que se supone se había eliminado, que ya no se continuaría, cómo llega este proyecto al Ejecutivo como solicitando que se patrocine cuando el acuerdo de esa reunión de la comisión era que ese proyecto ya no corría?», se pregunta Prett.
Además, asegura no haber recibido ninguna información de que esto sucedería, pese a los compromisos que dice que se adquirieron. «De alguna manera, nos sentimos absolutamente engañados de haber asistido, haber hecho el trabajo, haber hecho el convencimiento y haber llegado a un acuerdo de que ese proyecto ya no corría y eso es lo que nos parece grave», añade.
Para la organización, la extensión de plazo seguirá retrasando que los discapacitados puedan realmente acceder a los recintos de uso público, por lo que no les garantiza igualdad con otros ciudadanos. «El tema de la accesibilidad universal en Chile es un tema que recién se está hablando en los últimos años a pesar de que está en la norma y en la ley desde el año 95. Yo diría que recién en los últimos 5 años se conversa algo de esto y eso ha sido porque nunca se difundió, porque no se conocía, porque nadie le dio importancia y cuándo se hicieron las últimas leyes se pusieron plazos, se dijeron 8 años para esto, 10 años para esto otro, 3 años para esto y es fácil colocar las fechas en un papel mientras los ministerios respectivos no se preocupan. Pero bueno, los plazos se cumplen y eso es lo que nos interesa», explica la presidenta de Ciudad Accesible.
«Tener plazos vencidos es un mecanismo legal que tenemos para poder hacer presión, que es la única ayuda legal que hemos tenido hoy día. Cuando ya tenemos que ninguna pasarela peatonal en Chile puede ser inaccesible por ley, podemos hacer presión en lugares que son más concurridos o en gente que lo necesita más, por eso es que a nosotros nos interesa esto», asegura.
