El director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, Daniel Concha, conversó con Max Raide sobre la falta de fiscalización en la implementación de accesos para personas con discapacidad o movilidad reducida, además de cómo mejorar progresivamente la Ley de Inclusión Laboral.
Daniel Concha asumió como director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad en julio de 2015, a donde llegó por el sistema de Alta Dirección Pública. Sus conocimientos en Trabajo Social y en políticas sociales y de temáticas de inclusión laboral para personas con discapacidad, lo han llevado a ser un experto en el área.
Por eso tiene una mirada certera con respecto al cambio que está viviendo nuestro país en cuanto a inclusión y discapacidad.
«Yo creo que estamos en un periodo que yo mismo menciono como de una bisagra, en que estamos pasando de dos paradigmas que estuvieron por mucho tiempo y muchos siglos, que es el paradigma de la asistencia y el de la exclusión, que era el que miraba a las personas con discapacidad solo como objeto de asistencia y que también por muchas familias eran invisibilizados porque les daba vergüenza mostrarlos», dijo Concha.
«Y el otro paradigma es el de la rehabilitación, que surge después de las dos grandes guerras mundiales, donde hacemos ciertas adecuaciones para que las personas ‘se normalicen'», agrega haciendo referencia a los supuestos parámetros que existen sobre lo «normal».
Sin embargo, para el director del Senadis «entramos a una nueva era que nos coloca la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad donde tenemos que ver a las personas con discapacidad y respetarlas porque son personas, y en su dignidad son iguales a nosotros y es en ese sentido donde se nos colocan desafíos».
Concha cree que falta «generar políticas con enfoque de derecho para generar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad».
Sobre todo, porque en Chile existen «marcos normativos que nos van a desafiar para muchas cosas: la Ley de Inclusión Laboral y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que el próximo año comienza a estar vigente».
Para el experto, no bastan las leyes. «Ahora tiene que entrar la política y es el cómo se implementan estas leyes y se hacen realidad. Yo creo que el rol que tiene que jugar el Servicio Nacional de la Discapacidad hacia el futuro es un rol de un agente que produzca sinergia entre el sector privado, el sector público y las organizaciones sociales, de manera de poder hacer realidad, por ejemplo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que yo creo que será algo progresivo», acotó.
Un ejemplo de la coordinación entre el organismo público y Metro fue el plan para construir ascensores en todas las estaciones antiguas que no contaban con acceso para personas con discapacidad o movilidad reducida.
«Esta colaboración entre lo público y lo privado es importante. Necesitamos que los privados entiendan que la inclusión es una inversión», sostuvo.
De hecho, ejemplificó con un estudio de empresas sociales que para él demuestra que la inclusión laboral de personas con discapacidad aumentó un 1% el producto interno bruto de España.
«Aquí no se está buscando hacer ningún favor a las personas con discapacidad. Lo que se está apostando es en el desarrollo del país y en invertir para que nuestro país sea más diverso y más inclusivo. Porque así lo vemos con otros países que han invertido en esto: uno, tienen mejores climas laborales; dos, mejoran sus sistemas de producción o su sistema de servicio según el rubro de la empresa, y lo otro que, para mí es totalmente importante, genera una cultura de diversidad e inclusión donde podemos dialogar, aunque tengamos distintas posiciones», manifestó.
Las modificaciones en la normativa antigua de nuestro país y en el reconocimiento a las personas en situación de discapacidad es otro aspecto que se destacó. «Fue muy importante que con esta ley se introdujo un capítulo especial en el Código del Trabajo titulado ‘Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad’. Al ponerlo ahí exige inmediatamente que la Dirección del Trabajo sea quien fiscaliza que se cumpla la ley en el sector privado». Y será Senadis y la Contraloría quiene lo van a sancionar en el sector público
Concha valoró que, a diferencia de otras leyes que hay en Latinoamérica que solo incluye el sector público, Chile considera a los privados. Además, tomó como referencia a Ecuador que «empezó con el 1% de inclusión y que ahora ya están en el 4%, progresivamente avanzando».
El experto señaló que hay un desafío importante. «Tenemos un grupo de personas con discapacidad que se está capacitando, tenemos estudiantes en la educación superior (…) pero también tenemos otro grupo que hay que seguir capacitándolos, pero de acuerdo a la necesidad que la empresa tiene hoy», dijo.
A su vez, cree que «otro desafío es establecer que esta ley en el fondo va a ser un beneficio para la empresa y que no solamente se tiene que abordar desde la responsabilidad social empresarial, si no que tiene que ir al corazón de la empresa».
«Esto va a significar un cambio cultural, que ya lo está haciendo», agregó-
Otro tema del que se conversó fue el de la accesibilidad universal, es decir, que no existan impedimentos físicos para que una persona con discapacidad pueda ingresar a algún lugar.
«Quién debiese fiscalizar y dar la autorización final son los departamentos de obras municipales y claramente la norma regulatoria emana del Ministerio de Vivienda, por lo tanto aquí yo aprovecho de hacer un llamado, sobre todo a los departamentos de obras municipales, a capacitar a sus inspectores en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. decreto 50, porque es un decreto que se tiene que cumplir», expresó.
Hasta ahora son muy poca las edificaciones nuevas que presentan el plan de accesibilidad junto con el proyecto «y eso tiene que fiscalizarse porque es ley».
«Es importante que el próximo año a partir de abril esta ley empieza a ser realidad y para las edificaciones antiguas tienen que comenzar ya a hacer un plan de adecuaciones de cómo van adecuar ese edificio para que sea más accesible. Y esto no es imposible. Imagínate que en Europa que tienen edificios mucho más antiguos que nosotros y han logrado hacer adaptaciones y adecuaciones», aseguró.
Como conclusión final, pero no menos importante, es cómo las personas pueden ver su movilidad reducida con el paso de los años. «Siempre hay que ver que es un gasto que a la larga va a ser una inversión. En un futuro, en unos 30 años más, yo voy a tener movilidad reducida, voy a empezar a ver menos, a escuchar menos y si no invertimos en accesibilidad universal yo voy a estar en situación de discapacidad porque van a haber barreras por no haber hecho las adecuaciones que se correspondían según la normativa y según la ley», finalizó.
