Medioambiente
La creación del Ministerio de Medio Ambiente el año 2010 marcó un precedente en materia medioambiental, sin embargo los cambios efectuados en la legislación no parecen ser suficientes.
El Centro de Estudios Espacio Público realizó una serie de informes para evaluar el desempeño de las nuevas instituciones (Tribunal Ambiental y Superintendencia de Medio Ambiente) que tiene el ministerio y llegaron a la conclusión de que hay una baja accesibilidad de la ciudadanía a la justicia medio ambiental.
Una de las primeras observaciones fue que los organismos encargados de velar por el cuidado del ambiente son posteriores a la aprobación del proyecto. Otro punto tratado es que quienes más utilizan los Tribunales Ambientales, son los titulares de los proyectos y lo hacen principalmente para que se pueda ejecutar su propósito.
En este sentido, es muy difícil para la ciudadanía paralizar una obra en ejecución, según los datos manejados por Espacio público “sólo 3 de 106 casos han paralizado proyectos y de ellos, ninguno ha sido ganado por una comunidad indígena”.
Asimismo, quienes llegan a la Superintendencia de Medio Ambiente a poner denuncias son personas que tienen problemas cotidianos con empresas tales como ruidos molestos o malos olores y muchas de estas quedan suspendidas, ya que los responsables no infringen la ley y no es posible llegar a una sanción efectiva.
Otra situación que suma es el tiempo de espera tras las denuncias que logran pasar a un proceso de sanción, ya que la respuesta tarda entre 11 y 21 meses desde que ingresa a la superintendencia. A pesar de esto, las denuncias se transforman claves a la hora de fiscalizar.
El Centro de Estudios propone una serie de cambios en la gestión de la Superintendencia de Medio Ambiente, creando una plataforma digital que permita recibir y tramitar las denuncias en línea.
Además otorgar asistencia jurídica y técnica a la ciudadanía, fortaleciendo el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos y generando fondos concursables destinados a ONG’s de consultoras clínicas y jurídicas que den asesorías a la sociedad.
Otros puntos son promover el acceso a la información ambiental en la ciudadanía, crear mecanismos alternativos para solución de problemas ambientales e instaurar reformas legales.
