Inclusión
Tras un recorrido por las calles de Santiago Centro se constató que un mínimo de los edificios cuentan con la implementación necesaria para el libre acceso de personas con discapacidad, a tres años de la modificación a la Ley de Urbanismo y Construcciones.
Fue en el 2016 cuando se estableció un plazo de tres años para que todos los edificios, tanto privados como estatales que tengan acceso a público, se adecuaran a la publicación del decreto supremo número 50, que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones.
Así, quedó estipulado que desde este lunes 4 de marzo toda persona con cualquier tipo de discapacidad pueda ingresar a todos los edificios públicos y privados, así como a los espacios públicos de la ciudad.
Sin embargo, pasados los tres años, es escaso el porcentaje de instituciones que ha cumplido la normativa. Así los constataron el diputado RN Eduardo Durán y el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, quienes recorrieron las calles de Santiago Centro para hacer un balance in situ de la puesta en marcha de la normativa.
“Ha cambiado en un aspecto mínimo. En nuestro recorrido nos hemos dado cuenta que los edificios no cuentan con la implementación necesaria para que las personas con discapacidad puedan desplazarse en forma plena. Incluso aquí, en el centro de Santiago, donde se encuentran muchos de los edificios más importantes del país”, apuntó el parlamentario.
Por su parte, Poblete entregó más detalles de las deficiencias de los edificios de Santiago en cuanto a esta normativa. “Aún existen muchos inmuebles de uso público que vulneran el derecho a la autonomía de las personas en situación de discapacidad. Existen edificios a los que estas personas no pueden acceder para realizar sus trámites personales o actividades de ocio. Las rampas no tienen los grados de inclinación necesarios y los edificios no cuentan con piso antideslizante”, precisó.
Según María Jesús del Solar, arquitecta y especialista en la Ley de Accesibilidad Universal, el problema de la ley es que solo establece mínimos. Por ejemplo, está pensada para facilitar con rampas o barandas los espacios para el acceso a público, pero se olvida de tener acondicionada las instalaciones para los trabajadores. Esto se agrava al considerar que desde hace casi un año entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral.
“Hay una letra chica que quizás les permite (a los mandantes) hacer un cierto grado de adecuaciones y no el total de ellas. No nos debiésemos quedar en la letra chica, sino que hay que pensar efectivamente en la inclusión si tenemos que incluir laboralmente a las personas”, enfatiza la experta.
Además, aclara que los nuevos edificios tendrán que traer de fábrica las adaptaciones que exige la normativa.
A pesar del plazo de tres años que han tenido las instituciones para hacer cumplir con la normativa, “existen algunos avances y buenas intenciones, pero la ley se ha cumplido en un porcentaje mínimo”, afirmó Matías Poblete.
Tras esto, se refirió a aquellos sectores donde esta ausencia se hace más evidente. “Los edificios públicos han hecho un gran esfuerzo y son los que muestran más avances. Son los edificios privados de uso público, los que más han incumplido la norma, aquellos pertinentes al retail, la banca y servicios”, denunció.
Tanto Durán como Poblete coinciden que el desinterés de las empresas por hacer cumplir la normativa es “difícil de creer”, considerando que, desde el reciente término del plazo establecido, “las entidades arriesgan multas por la falta de acción”.
«El tiempo de ‘hacer un llamado’ ya venció. La norma, una vez publicada, se convierte en una exigencia para los actores correspondientes. Esperamos que dichas autoridades se hagan cargo de su responsabilidad social en esta materia para que logremos la inclusión definitiva de las personas con discapacidad”, sostuvo el legislador.
“Esperamos que dichas autoridades se hagan cargo de su responsabilidad social en esta materia para que logremos la inclusión definitiva de las personas con discapacidad”, manifestó, por otro lado, Poblete.
