Inclusión
Este lunes se cumple un año desde la implementación de la ley 21.015, que vela por mayor participación de personas con discapacidad en empresas privadas u organismos estatales.
El pasado miércoles el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hizo un balance sobre la Ley de inclusión laboral . A un año de su implementación, el jefe de la cartera indicaba su satisfacción con los resultados: «A enero de 2019 se han contratado o mantenido contratadas a más de 10 mil personas con discapacidad, cifra que debiese ir cada día en aumento».
«La coordinación que hemos realizado con los organismos públicos y privados ha sido fundamental para consolidar los procesos de inclusión laboral que busca esta ley», dijo en entrevista con La Tercera.
Y efectivamente el número de contratados con alguna discapacidad debería aumentar desde el próximo lunes: la ley, que hasta el primero de abril regía para empresas privadas y públicas con 200 o más trabajadores, será vigente para las entidades con 100 o más trabajadores, asegurando que cada una de ellas contrate un piso de un 1% de trabajadores con discapacidad.
Esto hará responsables a parte importante de la mediana empresa nacional. Para ello, deberán verificar con la Dirección del Trabajo el estado de su cumplimiento legal, a través de contratación directa o con medidas alternativas.
«Yo creo que estas nuevas empresas van poder cumplir mejor con la ley, es más fácil tener una persona con discapacidad de cien. Las empresas más pequeñas tienen menos riesgos en la parte laboral, por la naturaleza general de sus trabajos», comenta Angélica Martínez, fundadora de Fundación Incluir, organización dedicada a la capacitación laboral de personas con discapacidad intelectual.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Público, de las 2.996 empresas que actualmente deben acatar la ley, 1.916 lo hacen a través de contratación directa de personal con discapacidad. Esto significa un aporte de 10.466 personas al mercado laboral, con 6.980 hombres y 3.496 mujeres.
La experiencia de Fundación Incluir avala estos números. «En general la mayoría de las empresas han intentado cumplir con la ley. Primero, buscando dentro de su gente contratada si es que ya habían personas con discapacidad y acreditarlas ante el Compin. Luego de eso muchas empresas empezaron con capacitaciones internas para recibir personas con discapacidad», señala la directora de la fundación.
Sin embargo, existen datos que, si bien apoyan la tesis de una buena disposición por contratar y capacitar, también existiría un alto desconocimiento por parte de las empresas sobre los mecanismos que ofrece la ley para regular su situación en cuanto inclusión laboral.
La misma Angélica comentó una situación en la misma línea: «Conversaba con una persona que me decía: ‘En la empresa estamos pidiendo en fiscalía quedar exentos de esta ley, porque no podemos encontrar gente con discapacidad’. Eso demuestra que hay empresas que ni siquiera se han capacitado e indagado sobre el espíritu de la ley, que es la inclusión».
