Inclusión
En abril de 2018 comenzó a regir en el país la Ley de Inclusión Laboral, que exigía a las empresas que el 1% de su fuerza laboral comprendiera a personas discapacitadas, en caso de tener más de 200 trabajadores. A un año de su existencia ¿qué cambios, críticas y tipo de implementación tiene la ley?
Desde este lunes la Ley de Inclusión Laboral se amplió a las empresas que tienen a 100 o más trabajadores, donde el 1% de empleadas y empleados deben ser personas con discapacidad.
Pese a la normativa, la implementación ha sido lenta. A fines de septiembre del año pasado el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, dijo que el 70% de las empresas no cumplía con la ley. Seis meses después, los resultados parecen ser distintos. El secretario de Estado volvió a entregar datos y aseguró que el 92, 6% cumple con la medida.
Sin embargo, estas cifras contrastan con otras entregadas por la Fundación Descúbreme en un informe de cumplimiento de la ley en el sector privado.
El estudio expone que a nivel nacional, el 63,28% de las compañías cuentan con trabajadores con discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez. En primera instancia puede ser cifras optimistas, sin embargo, el mismo informe dice que el promedio nacional de colaboradores con discapacidad y/o asignatarios de pensión de invalidez alcanza sólo el 0.49%, menos de la mitad exigida, que es el 1%.
Más drásticas son las cifras de la Fundación Chilena para la Discapacidad cuyo estudio reveló que solo un 22% de los profesionales ha encontrado trabajo en la profesión que estudió, mientras que, del porcentaje de personas con discapacidad psíquica, un 69,4% ha sido rechazado en razón de esta característica.
Matías Poblete, presidente de la organización, enfatizó que hay que fijarse también en las regiones, «donde hay alta prevalencia de discapacidad y donde aún hay personas que no encuentran empleo».
«Hemos visto concentrado el cumplimiento de la cuota en la Región Metropolitana, en la región del Biobío y en la región de Valparaíso, que son las más grandes. Sin embargo, los extremos norte y sur aún tienen deficiencias en este aspecto», afirmó.
La normativa ha pasado por distintos procesos, entre los que se incluye una débil fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo pero que, con el tiempo, ha mejorado levemente por el estrechamiento entre el organismo público y las compañías.
Diana Silva, vocera de Responsabilidad Social Inclusiva de Fundación Ronda -organismo dedicado a realizar asesorías a empresas sobre áreas de inclusión-, comentó que, a pesar de las críticas «el balance siempre va a ser positivo toda vez que tenemos una ley que para nosotros es una oportunidad. Es una oportunidad porque estamos hablando de que era un mecanismo que no existía».
La inclusión de las personas con discapacidad a su entorno laboral ha cambiado ciertos esquemas laborales de las empresas. Algunas asesoradas por Fundación Ronda, han impulsado acciones como la «intermediación sociolaboral».
«La inclusión cuando está dentro de este marco efectivamente es positiva y es efectiva. Significa que va estar en un circuito donde su empleador, donde la persona con discapacidad que se transforma en trabajador, sus compañeros de trabajo y su entorno laboral completo han experimentado un proceso de inducción antes de que efectivamente esta persona en situación de discapacidad se sume», señala Silva.
A su vez el diputado Eduardo Durán -que ha trabajado con la Fundación Chilena para la Discapacidad- planteó que no «ha habido una implementación perfecta de la ley, puesto que solo el 40% de las empresas y servicios públicos ha cumplido la normativa durante este primer año de vigencia».
«Ahora esta cifra va a disminuir, puesto que ingresa una mayor cantidad de empresas, incluso las que tienen entre 100 o 200 trabajadores, por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo aún más grande para tener una inclusividad total y para que las personas puedan ser socialmente promovidas y tener mejores y mayores posibilidades», advirtió.
Con la extensión de la ley a empresas que cuentan con un personal desde los 100 trabajadores, los potenciales puestos de trabajo aumentan considerablemente. Se estiman unos 27.500 puestos nuevos.
«Estamos claros de que va a seguir siendo gradual. Entendemos que los cambios culturales además pueden ser eminentemente lentos. El punto está en que nosotros consideramos que es sumamente virtuoso tener a un Estado, a una sociedad civil ya en las empresas trabajando», planteó Silva.
“Lo que pretendemos generar no es solamente desde la colocación laboral, sino desde un punto de vista mucho más integral, que va desde ver la accesibilidad, ver las comunicaciones, ver cómo nos vemos insertos en un mundo público-privado, cómo generamos mejores condiciones”, agregó la vocera de Fundación Ronda.
Por su parte, el parlamentario analizó los aspectos que no están contemplados en la ley, como la diferencia que puede significar el origen socioeconómico para una persona con discapacidad.
«Tenemos que darles mayores posibilidades a las personas con discapacidad de estratos sociales más bajos, porque una persona con discapacidad que vive en situación acomodada tiene una red de protección, por lo cual nunca va a quedar desamparada, pero a una persona en situación de pobreza, una discapacidad podría llevarla a ser más pobre. Tenemos que saber cómo sacarla de ese círculo y que tenga una mejor calidad de vida», subrayó Durán.
