Opinión
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.015 de inclusión laboral, Chile dio un gran salto en garantía de derechos para los más de dos millones de chilenos que tienen discapacidad. Sin embargo, este tremendo paso se ve amenazado por las sanciones recién tipificadas por la Dirección del Trabajo (DT).
De acuerdo a la Ley, toda empresa de 100 o más trabajadores debe reservar un 1% de su planilla de trabajadores para personas con discapacidad ya sea contratando directamente, tercerizando servicios a través de empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad, o donando a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social que fomentan la inclusión laboral.
Según datos de la Dirección del Trabajo más de 12 mil personas con discapacidad se han incorporado al mercado regular de trabajo y más de 2.000 empresas las han contratado, iniciando un proceso de cambio cultural importante y necesario. Sin embargo, durante marzo la DT, tipificó las multas establecidas por el Código del Trabajo relacionadas a la Ley 21.015: un máximo de 40 UTM ($1.940.120) para empresas de hasta 199 trabajadores y un máximo de 60 UTM ($2.910.180) para empresas de 200 trabajadores o más.
Como ejemplo, en una empresa de 1.000 trabajadores, el costo de la sanción por incumplimiento será de 60 UTM, $2.910.180, un 54,4 % más bajo que el costo de contratación mensual de diez personas con discapacidad de $6.383.930 (con la remuneración promedio que informó la DT para Ley 21.015). Asimismo, la multa sería un 51,7% menor al costo de tercerización o donación, equivalente a $6.020.000 (dos ingresos mínimos mensuales por persona no contratada).
Para una empresa con 20.000 trabajadores, la multa disminuiría a casi 98% el costo de contratación de su 1%. Mientras más trabajadores tenga una empresa, menor será el costo y mayor el incentivo de pagar la multa en relación a cumplir la Ley. Así, una empresa de 200 trabajadores pagará la misma multa que una de 20.000 por incumplimiento, desincentivando la contratación de personas con discapacidad en empresas de gran tamaño.
El gobierno ha dicho que quisiera que una ley de cuotas no fuera necesaria: todos lo querríamos. Sin embargo, es utópico: somos uno de los países OCDE con más bajo cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad y estamos muy por bajo su cuota laboral promedio del 4%. Debemos apurar el paso en vez de ralentizarlo.
Es urgente una modificación legal que establezca un régimen sancionatorio efectivo. Multas inocuas harán que la Ley 21.015, se descalcifique y desangre. Pero esta reforma sólo será posible si existe voluntad política. Estado, empresas y sociedad civil, podemos y debemos trabajar para que la Ley de Inclusión Laboral, se transforme en la mejor política pública para personas con discapacidad en Chile.
