Opinión
La ley cumple un papel ordenador dentro del sistema jurídico, en especial cuando las medidas que conlleva implican restricciones a los Derechos. Partiendo de esta afirmación es que revisamos el anteproyecto que el Ministerio del Medio Ambiente está sometiendo a consulta pública sobre la ley marco de cambio climático. Aquí van algunos breves comentarios.
Nuestro parecer en torno a un avance de las acciones que deben emprenderse no se concreta en este proyecto que deja «para después» las medidas importantes como las restricciones a los gases de efecto invernadero (GEI), que se presenta como una hipótesis de mínima si realmente se quiere avanzar en el tema.
Veamos algunos planteos del proyecto en particular: la institucionalidad que incluye el anteproyecto de ley recoge el estado actual de la institucionalidad a cargo del cambio climático. Esto podría interpretarse como una pérdida de una oportunidad de mejora, máxime cuando lo que debe hacer Chile es profundizar la lucha contra el cambio climático y consolidar lo que ha avanzado hasta ahora.
Se advierten algunos desfasajes en los tiempos que plantea el proyecto. Ejemplo es la «Estrategia Climática a largo plazo» que se tiene que renovar a 10 años, y los compromisos frente al régimen internacional obligan en cinco años a presentar avances, de la mano de la Contribución Nacional Determinada, que es el mecanismo jurídico que impone el Acuerdo de París.
Se establece la posibilidad de qué porcentaje de reducción se fijen por autoridades sectoriales; estas reducciones se establecen en planes sectoriales de mitigación, lo que es un avance porque ellos estaban casi ausentes en las políticas climáticas hasta ahora emprendidas; hubiera sido deseable que de partida ellos estuvieran contemplados en la ley.
Entre los principios de la ley, vemos que la incorporación de ellos será positiva, en particular el principio precautorio aplicado en la práctica; y el de equidad, respecto del cual nos hubiera gustado un mayor desarrollo en el anteproyecto, atento que un escenario más robusto de lucha contra la problemática devendrá en limitaciones a derechos adquiridos que sería aconsejable se resuelvan a nivel legislativo para una actuación acorde con la estabilidad y la seguridad jurídica que debe preservarse siempre.
Un punto que honra la tradición en medioambiente es que se han incluido oportunidades de participación ciudadana en los procesos de dictación de instrumentos climáticos.
Vuelve a revalorizarse en el proyecto el diagnóstico como parte de las estrategias con que Chile ha enfrentado el fenómeno, sin dudas el diagnóstico ha sido una parte importante de las tareas que hasta ahora se han emprendido, avanzar del análisis a las medidas en sí es un desafío que esperábamos el anteproyecto concretara.
Sobre la transferencia de tecnología está prevista en el anteproyecto, pero no se conecta con inversiones ni con la política industrial y esto es una falla importante, si pensamos cómo los países desarrollados han enfrentado el cambio climático. Sobre el financiamiento se puede hacer el mismo comentario.
La presencia del sector privado está contemplada en el anteproyecto en tres ocasiones, por ejemplo el artículo 27 incorpora un sistema de certificación de GEI, la norma proyectada no es muy feliz y debería mejorarse, al igual que las oportunidades en que el sector privado participa en la lucha climática. Los sistemas de etiquetado es algo que relaciona cambio climático con comercio internacional lo que excede el ámbito nacional y tiene directas implicancias en los sectores exportadores.
El proyecto reconoce el rol de la ciencia en la lucha climática y plantea un repositorio científico de cambio climático, lo que a todas luces es relevante para abordar con una mirada chilena las soluciones nacionales a la problemática. Entre los desafíos más relevantes de los asuntos de política climática se pueden encontrar en la investigación interdisciplinaria que se adapta mejor a una perspectiva de la tierra como un sistema holístico, esto es algo que, si bien no está expreso en el proyecto, es parte de los contenidos que debe preservar la ley marco.
El planteo de la posibilidad de utilizar instrumentos económicos para la gestión de Cambio Climático es bastante general, sería bueno establecer cuáles son e imponer tareas específicas para su concreción. Esto también se relaciona con el financiamiento.
Se incorporan evaluaciones de riesgo de cambio climático para iniciativas de inversión con recursos públicos, estas evaluaciones debieran generalizarse y plantearse mejor en la futura ley.
En este punto, nos preguntamos si por momentos el proyecto no se olvida de las regulaciones derivando el trabajo en otros instrumentos futuros, en lugar de regular directamente los procesos, allanando el camino de las instituciones que asumen la lucha contra el cambio climático.
La buena noticia es que se trata un anteproyecto, se espera que la participación ciudadana permita su mejora y una mayor letra chica» que en definitiva haga realidad la lucha contra el cambio climático. La atención internacional que la COP 25 atraerá para Chile requiere una ley sólida que marque un avance y no una mera recopilación de que lo que se ha realizado hasta la fecha en materia de cambio climático, para cumplir realmente con el papel ordenador de la ley de la realidad.
