Opinión
Una institución de carácter público, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), debe ser capaz de realizar una gestión transversal que le permita visualizar y posicionar temáticas relevantes y profundas, relacionadas con los derechos inalienables de todas las personas y no sólo de algunas de ellas.
Así también, en su rol educador y protector, tiene que comunicar con efectividad sus propósitos, prioridades y principales acciones, evitando sesgos ideológicos y trascendiendo por sobre la coyuntura temporal. Sólo de esta manera, es posible tener la certeza de que su existencia permitirá que todas las personas, incluyendo a aquellas que enfrentan alguna situación de discapacidad, podrán encontrar respuestas, resguardo y apoyo frente a las problemáticas de vulneración de derechos humanos que les afectan.
El problema es que pareciera ser que el INDH agita con vehemencia algunas banderas de lucha, y otras como las que representan a ciudadanos con algún tipo de limitación sólo de vez en cuando se desempolvan para enarbolarlas frente a algún hecho coyuntural.
En este sentido, no deja de llamar la atención, la reciente declaración del nuevo director de la institución, Sergio Micco, en la que da a conocer las prioridades y zanja las directrices del INDH, invisibilizando, de manera desafortunada, el sin número de vulneraciones de derechos que afectan a las personas en situación de discapacidad. Esto, al quedar en evidencia que sus prioridades y directrices tienen que ver sólo con asuntos relacionados con personas migrantes, personas de pueblos originarios, niños y niñas y mujeres.
Cuando un problema país, como la exclusión y la discriminación que aún viven muchas personas de este segmento de la población no está presente en las prioridades de los organismos públicos que tienen por mandato la protección de los derechos humanos, queda un espacio de duda respecto del carácter integral y transversal de dichas entidades, debido a la evidencia cierta de que tales entidades tienden a actuar impulsadas por alguna ideología o por la coyuntura, más que por una agenda que busque combatir la vulneración de los derechos humanos de todos los grupos de personas.
A este respecto, también es llamativo que en el último informe anual de actividades, situación y recomendaciones en materia de derechos humanos que por ley realiza el INDH no se hace ninguna mención contundente sobre el cumplimiento de los derechos de las personas bajo esta condición.
Sólo hace algunos días, nuevos datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica del año 2017, revelaban las abismantes brechas de exclusión en la educación, en el trabajo, en la salud y en varios ámbitos de la vida de estos individuos que son el resultado de la vulneración de derechos que enfrentan estas personas, por parte de particulares y del Estado de Chile. Asimismo, la capacidad jurídica, o si se me permite, la incapacidad jurídica que actúa simultáneamente como mordaza y como camisa de fuerza en ellas, cuando, por ejemplo, son víctimas de la interdicción, puede llegar a transformarse en una violación sistemática y legal de los derechos humanos.
Todo esto se acentúa aún más, por los débiles y a la vez complejos mecanismos de fiscalización y de denuncias en la justicia ordinaria, que se establecen en la normativa vigente, asociada a la protección de estos ciudadanos, donde se establece que es más económico discriminar o excluir, que implementar ajustes razonables o dar cumplimiento a normas de accesibilidad o de inclusión.
Se torna necesario que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos y todos aquellos organismos que tengan relación con la temática de la discapacidad y con otros grupos vulnerables, actúen de manera integral, transversal e intersectorial, de manera de no minimizar algunas materias y maximizar otras, solo por la coyuntura o sesgos ideológicos. Sólo así, se podrá garantizar la dignidad de cada persona que viva en nuestro país.
