Autoridades dieron a conocer los alcances de un estudio técnico de definición de deslindes del humedal, con el fin de resguardarlo.
Con el objetivo de proteger el humedal Santo Domingo, ubicado al sur de Valdivia, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schimdt, junto a la senadora por la región de Los Ríos, Ena Von Baer, anunciaron el inicio de un estudio técnico que permita delimitar la superficie del humedal para ser declarado bien de uso público.
Esta medida es el primer paso evitar que este ecosistema, que alberga poblaciones de cisnes de cuello negro y diversas especies de aves, sea sistemáticamente rellenado y utilizado ese terreno para desarrollos inmobiliarios.
Esto sucede dado que los humedales presentan una gran variabilidad espacial y temporal, por lo cual resulta complejo determinar su extensión o limite periférico, especialmente considerando que durante los períodos de alto caudal (invierno) resulta muy simple visualizar su límite (zona de inundación o línea de aguas más alta), sin embargo en el periodo de bajo caudal (verano) la zona periférica parece estar seca y por lo tanto, no formar parte de este humedal.
En la oportunidad, la ministra Schmidt señaló que se debe “entender que esto va más allá de un tema ambiental, acá hay un problema social muy relevante, porque las casas que han sido construidas ahí no tienen permiso de edificación y probablemente tengan problemas cuando se produzcan inundaciones o algún terremoto. Como Ministerio, y siguiendo lo que nos ha pedido el Presidente Piñera, estamos desarrollando un Plan de Protección de Humedales, no obstante lo que queremos con este proceso, que es distinto y nuevo, es tener una herramienta que nos permita reaccionar de manera inmediata y transformar un territorio que esta siendo destruido en un terreno protegido que sea un bien nacional de uso público a disposición de la comunidad”.
Por su parte, la senadora Von Baer agradeció el apoyo de la ministra en esta iniciativa y destacó que “esta es una forma práctica y rápida para proteger los humedales en un sector que ha sido fuertemente impactado. Esta es una fórmula que fue levantada por algunas organizaciones de la sociedad civil y se basa en nuestro código civil donde se establece que después de 5 años, si hay un sector que está bajo agua, pasa a ser bien nacional de uso público; pero para poder declararlo hay que hacer un estudio de deslindes”.
El estudio será financiado por el ministerio de Medio Ambiente, tiene un costo de $67.000.000 y un plazo de ejecución de 490 días (16 meses) el cual permitirá evaluar un área aproximada de 3,43 Km2, la cual tiene una longitud aproximada de 8,3 Km por lo que se espera contar con sus resultados finales en diciembre del 2020.