Medioambiente
Activistas ambientales de Chile (María José Swears y Sebastián Benfeld), Colombia (Laura Serna) y Argentina (María Cecilia Quaglino y Julieta Itzcovich) conversaron con El Mostrador sobre cómo han trasladado las manifestaciones de las calles a las pantallas.
Entre el 20 y 27 de septiembre del año pasado se vivió la semana global por el clima, una seguidilla de manifestaciones convocadas por Fridays For Future (FFF) -movimiento liderado por Greta Thunberg- en la que participaron cerca de 160 países. ¿La razón de la movilización? Entregar un mensaje a gobernantes de todo el globo, que en esos días se encontraban en la Cumbre para la Acción Climática de la ONU, sobre la preocupación de la juventud (y de la población) en materia ambiental.
Alrededor del mundo millones de personas transitaron las calles en señal de protesta. En el caso de la región Metropolitana, durante la convocatoria del 27 de septiembre, asistieron cerca de 100 mil personas según cifras de la rama chilena de FFF.
Ante la pandemia del coronavirus y los tiempos de confinamiento, las masivas manifestaciones se han tenido que mover a internet. ¿Cómo se están haciendo? ¿En qué están los activistas de Latinoamérica? Cinco jóvenes activistas de Chile, Colombia y Argentina relatan su experiencia.
María José Swears (18) y Sebastián Benfeld (19), ambos activistas ambientales de FFF Chile, explican que las movilizaciones se trasladaron al Digital Strike.
¿En qué consiste? A nivel mundial, Fridays For Future está organizando huelgas digitales durante todos los viernes. En cada semana van mostrando, mediante redes sociales, distintos conflictos medioambientales que atañen a regiones específicas del planeta. Estas son escogidas por todos los grupos de FFF Internacional y abordadas desde cada localidad.
Los organizadores de las huelgas digitales, entonces, instan a los usuarios a subir fotos con carteles relacionados a la temática de la semana y a participar de tweets masivos para dar visibilidad a los conflictos.
A nivel local, Swears y Benfeld señalan que como FFF Chile han estado realizando charlas abiertas -de manera online-, e infografías y videos sobre temáticas ambientales, que se pueden encontrar en sus redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram.
En este contexto de pandemia, ambos activistas hacen énfasis en la crisis hídrica que vive el país, sobretodo sopesándola con el cuidado sanitario. “En medio de una pandemia global, el gobierno en lo que más hace hincapié es en el lavado de manos y cuerpo, ¿cómo pretenden que hagamos esto?, si en Chile el agua es privada y 350 mil personas no tienen acceso a ella, viviendo con 50 litros diarios, cuando la propia OMS recomienda 100 litros al día”, indican a El Mostrador.
Por esta y otras razones –como el desastre ambiental en Quintero y Puchuncaví-, creen necesaria una “Constitución Ecológica” que “ampare la protección de los ecosistemas naturales, a sus activistas y nuestro accionar, democratizando los recursos y protegiendo los territorios ambientales”, señalan.
Por último, Sebastián Benfeld, también embajador del Acuerdo de Escazú, enfatiza en la protección de líderes y activistas ambientales, que “se garantizará con la firma del acuerdo”. Sin embargo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha mostrado su negativa a formar parte del pacto, a pesar de que en su primer gobierno Chile se constituyó como uno de sus principales ideólogos y negociantes.
Laura Serna (23) estudia derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Forma parte de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP), que trabaja por la defensa de los derechos humanos y del interés público. “En ese marco tenemos casos de derecho ambiental y de protección al medio ambiente”, dice Serna.
La joven colombiana, al igual que Benfeld, es embajadora del Acuerdo de Escazú. Pero ¿Qué plantea el tratado? El artículo 1 del documento lo resume: “derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso de justicia en materia ambiental”.
El “acceso de justicia en materia ambiental” tiene, precisamente, una importancia mayúscula para la protección de activistas ambientales en la región, especialmente en Colombia. Según la ONG Global Witness, en 2018 Latinoamérica registró el mayor número de asesinatos contra defensores de la tierra: con 24 asesinatos, Colombia quedó en segundo lugar a nivel mundial, solo detrás de Filipinas, con 30 muertes.
Como embajadora de acuerdo, Serna busca promover su ratificación. Por lo mismo, difunde información relacionada a través de Twitter y participa activamente en conversatorios online.
Serna también recomienda el podcast EscazúANDO (que se encuentra en Spotify), elaborado por la directora de la especialización en derecho y gestión ambiental de la Universidad del Rosario, Lina Muñoz-Ávila. “Son podcast cortos y breves pero muy aplicables sobre el Acuerdo de Escazú, sobre lo que implica, lo que es”, menciona Laura.
Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia se necesitan 11 ratificaciones de los países firmantes. Hasta el momento van nueve. Colombia, a diferencia de Chile, ya firmó el tratado, faltando solo su ratificación.
“Nos encontramos en proceso de ratificación. En el caso de nosotros requiere un proceso legislativo, como un proceso con la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de vigilar que todas las normas en el ordenamiento jurídico colombiano estén acordes a la Constitución”, relata Serna.
“Lastimosamente por la pandemia, la continuidad de los congresistas se detuvo por un tiempo y en esa medida aún no se ha presentado el proyecto en el Congreso. Creemos que es un proceso que debe darse en la próxima legislatura, esperando que el interés del gobierno que se manifestó al firmar el acuerdo en diciembre pasado se mantenga en firme”, agrega Laura.
“Si bien la virtualidad siempre fue un canal importante de comunicación, la cuarentena nos forzó a ponernos más creativos y activos en las redes sociales”, dicen María Cecilia Quaglino (28) y Julieta Itzcovich (17), ambas activistas de FFF Argentina.
El trabajo ha sido de mucha adaptación. Quaglino e Itzcovich relatan que, en FFF Internacional, se venía debatiendo desde diciembre del año pasado sobre la fecha de la 5ta Marcha Global por el Clima. El día fijado fue el 24 de abril, pero por razones de la pandemia no se pudo concretar en una manifestación por las calles.
Ese día, cuentan, se decidió participar internacionalmente de una transmisión en vivo a través del canal de Youtube de FFF Internacional. Cada hora de la transmisión era asignada a un país diferente.
María Cecilia Quaglino (a la izquierda) y Julieta Itzcovich (a la derecha)
“Argentina participó a las 14hs de ese día y elegimos por votación activistas que hablen desde distintas regiones del país sobre alguna problemática regional, los temas abordados fueron: megaminería, deforestación y acceso al agua de las comunidades originarias”, señalan.
Ese mismo día también usaron las redes de FFF Argentina para hacer entrevistas (VIVOS) con distintas personalidades. En las semanas siguientes continuaron con las entrevistas, conversando sobre bosques nativos, deforestación y el Día Mundial del Reciclaje.
“Planeamos seguir haciendo más porque los consideramos ideales para interactuar con nuestros seguidores y fomentar su participación escuchando discusiones interesantes y dejándonos sus comentarios o preguntas”, agregan.
Al igual que en Chile, FFF Argentina tiene distintas redes según la localidad. María Cecilia Quaglino, por ejemplo, ocupa junto a otros miembros la cuenta de Instagram de FFF Rosario. Allí llevan una agenda semanal, con lunes informativos, efemérides y los viernes reservados para el Digital Strike.
En el caso de Julieta Itzcovich, la joven que antes de la cuarentena protestaba todos los viernes en la Plaza de Mayo (en la capital argentina), participa de las redes de FFF CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Las dos activistas denuncian la agudización -y permanencia- de ciertos conflictos medioambientales durante la pandemia.
“En la región donde yo vivo, la actividad principal es la agroindustrial: sector sojero y ganadero. Es muy difícil encontrar alimentos que no hayan sido pulverizados y los efectos en la salud de la población son cada vez más evidentes. Existe el Instituto de Salud Socioambiental, dentro de la Facultad de Medicina (UNR) que viene denunciando esta situación hace ya varios años, con información científica epidemiológica”, explica Quaglino.
Por su parte, Itzcovich acusa la precaria situación que viven las comunidades wichí en el norte de Argentina. “Han tenido varios casos de mortalidad infantil causada por desnutrición desde hace tiempo, ya que históricamente han sido desplazadas por empresas que se dedican a desmontar para ampliar la frontera agropecuaria, despojándolos de sus tierras. Como si esto fuera poco también hubo muertes por intoxicación, dado que consumían agua contaminada con agrotóxicos”, indica la activista.
“A pesar de todo esto, estos pueblos no disponen de profesionales de la salud, y no reciben la ayuda necesaria por parte del Estado para salir de esa condición de vulnerabilidad social, lo que los deja en una posición aún más frágil ante el Covid-19”, añade Itzcovich.
