Sustentabilidad
Sernapesca en conjunto a diez organismos fiscalizadores crearon la Red de Fiscalización para la Sustentabilidad de la Pesca y la Acuicultura. Esta iniciativa se creó como mecanismo para mejorar la coordinación en la fiscalización en todas las partes de la cadena productiva y asegurar la sustentabilidad en el rubro. Además, se confía en que podrá enfrentar la pesca ilegal en el país.
El 28 de julio se llevó a cabo la presentación oficial de la Red de Fiscalización para la Sustentabilidad de la Pesca y la Acuicultura. Esta iniciativa busca mejorar la coordinación en el trabajo de control y vigilancia de los distintos procesos de la pesca y la acuicultura.
Son variados actores los que participan en la cadena de producción de estas actividades y también los organismos que deben realizar constantemente labores de fiscalización para mantener el control en el proceso, situación que se puede volver difícil.
Esto ha generado dudas sobre la correcta labor de regulación en el área, generando preocupación por la cantidad de productos en el mercado, el cumplimiento de las normas, el cuidado del mar, las alzas en los precios, entre otros.
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) se coordinó con otras diez instituciones para realizar este trabajo. El foco central de esta vigilancia va a ser mantener la sustentabilidad en los distintos procesos de estas actividades, de manera que la cadena de valor funcione correctamente y no haya un impacto descontrolado en el ecosistema.
Desde Sernapesca aseguran que cuando hablan de sustentabilidad en estas actividades se refieren al ámbito ambiental (cumplir con normativas sectoriales para el cuidado del ecosistema), social (asegurar los precios justos en la comercialización para proteger a las familias que se sustentan de estas actividades) y económico (que se generen ingresos y empleos en la cadena de valor).
El trabajo de fiscalización se organizará según los planes existentes de cada región con los Comités Operativos de Fiscalización (COFI), además de coordinaciones bilaterales entre Sernapesca y los integrantes de la Red para situaciones críticas en cada punto de la cadena productiva (extracción, desembarque, transporte, comercialización, cosecha, tratamiento, etc).
“Una mejor fiscalización y coordinación aumentará la disponibilidad de alimentos del mar y el consumo saludable en la población. Además, al desincentivar la ilegalidad, protegemos la actividad legal, que a menudo entra en una competencia desleal de precios con quienes no cumplen la normativa”, aseguró Alicia Gallardo, Directora Nacional de Sernapesca.
Uno de los principales problemas que se busca enfrentar con este trabajo coordinado es la pesca ilegal. Esta práctica es un problema que preocupa a muchos países, debido a que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “a nivel global, la pesca ilegal toma de los océanos 26 millones de toneladas en promedio de productos pesqueros al año, con un valor aproximado de hasta US$23.000 millones (lo que equivale a uno de cada cinco pescados vendidos)”.
En Chile el panorama no es mejor. Esto se ve gravemente reflejado en el caso de la merluza común. Diversas investigaciones han denunciado un tráfico de pesca merlucera ilegal, principalmente en las regiones de O’higgins, el Maule y Valparaíso. Según la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) incluso se estima que algunos extraen hasta cinco veces más que la cantidad de pesca autorizada, “es decir, sólo una de cada cinco merluzas que se comercializan en ferias, mercados o terminales pesqueros en Chile es legal y, por ende, sostenible”.
Si no se regula esta situación, la sobreexplotación podría llevar a la extinción de la merluza. El 2019, en una sesión del Comité de Manejo de la Merluza Común de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en Valparaíso, miembros de la actividad pesquera de esta región admitieran que, a pesar de que la cuota autorizada de esta especie es de 3.600 toneladas al año, en realidad se pesca alrededor de 50.000 toneladas.
En junio de este año, los diputados Leonidas Romero (RN) y Gastón Saavedra (PS) solicitaron a la Fiscalía realizar una investigación sobre esta situación en la Región del Maule. Por otro lado, los senadores Alejandro Navarro y Jaqueline Van Rysselbergue le solicitaron información sobre la fiscalización realizada desde el 2016 al ministro de Economía, Lucas Palacios.
“En el Maule, la Red tiene un importante rol de coordinación entre las policías, PDI y Sernapesca a fin de identificar redes de comercialización ilegal que merman los precios que se pagan a los pescadores artesanales”, afirmó Alicia Gallardo al respecto.
Se espera que esta iniciativa pueda traer más efectividad en el proceso de fiscalización y control de estas actividades, al mismo tiempo que se asegure su sustentabilidad. Además del Sernapesca, las otras instituciones que la conforman son: Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de Salud, Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Superintendencia de Medio Ambiente.
