Lanzan primer Índice de Innovación Pública para conocer las capacidades para innovar de las instituciones chilenas

La pandemia mundial y el estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado, son prueba de que los procesos históricos cambian sorpresivamente. En medio de estas circunstancias, el Estado se ha visto forzado a adaptarse no una vez, sino en reiteradas veces a las necesidades que surgen producto de estos cambios. Hoy, las demandas son urgentes y las respuestas deben estar a la altura con rapidez, agilidad y efectividad.

Si bien existe una agenda constante de modernización dentro del Estado, el actual contexto aceleró aún más esta necesidad de innovar para mejorar los servicios que ofrece el Estado a las personas. La digitalización de sus servicios públicos, la agilidad en la entrega de un beneficio estatal, la cercanía de la atención al usuario “a distancia” y las estrategias sistematizadas de gestión para centrar las políticas públicas en su usabilidad, han sido parte de la tarea.

¿Qué tan innovadores son los servicios públicos en Chile?

Como una manera de medir la capacidad de innovar por parte de los organismos públicos y continuar avanzando hacia un Estado más eficiente y en sintonía con las necesidades de las personas, el Laboratorio de Gobierno, en conjunto con el BID lanzaron el Índice de Innovación Pública el viernes 28 de agosto.

Participaron en este lanzamiento, el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Roman Yosif; el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg; el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal; la jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID, Lea Giménez y la representante del BID en Chile, Yolanda Martínez.

Roman Yosif, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, explica que “el Índice de Innovación Pública busca contribuir a que las instituciones se adapten a los contextos y necesidades siempre cambiantes de la ciudadanía. ¿Cómo? generando evidencia clara y sencilla en conjunto con los servidores y servidoras públicas, para así orientar la toma de decisiones. Así, se podrá contar con una evaluación del “estado del arte” anual o un análisis exhaustivo de los elementos o factores que inciden en la capacidad de innovación.

El índice busca determinar la condición actual de cerca de 90 instituciones que dependen del Gobierno Central —, en términos de innovación, con el objetivo de incentivar las buenas prácticas en esta materia.Respecto a esta búsqueda, el Ministro Monckeberg aseguró que “el desarrollo de buenas ideas para llegar con buenas respuestas a la gente que den cuenta de un Estado cercano, eficiente y efectivo, va de la mano con un índice. Este instrumento de medición es necesario para apuntar a lo que la gente espera de las instituciones públicas a nivel nacional, ciudadano, comunal y personal. Todo lo que ha pasado en este último año, ha acelerado la necesidad de medir la capacidad de innovar de nuestras instituciones para transformar el Estado. Poder desarrollar este índice es una gran oportunidad para fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía”.

Este es el primer Índice de Innovación Pública en Chile y a nivel nacional en el mundo. En él se evaluará la capacidad de desempeño de sus organismos. El resultado permitirá cambiar el foco de la gestión pública, tomar riesgos o continuar innovando, para transformar a las instituciones en su versión más eficiente, a través de un trabajo conjunto, por medio de asesorías y mentorías.

Yolanda Martínez, representante del BID en Chile puntualiza aún más la importancia de este objeto de medición: “con esto conoceremos qué capacidades y habilidades tenemos, donde focalizar los esfuerzos. Este es un mecanismo que de manera muy sencilla aprovechará los datos administrativos para capitalizar e ir co-diseñando un instrumento valioso que permitirá tener resultados personalizados para democratizar las buenas prácticas de innovación y mejorar los contextos en que los equipos de trabajo hacen el diseño de la política pública día a día” y agregó que “la única manera de poder salir adelante de la pandemia que hoy afecta al mundo entero, es tener a un Estado alerta 24/7, alta disponibilidad y con una capacidad enorme de aprobar nuevos servicios y hacerlos llegar rápidamente a las personas”.

Metodología del Índice de Innovación Pública

En relación a la metodología, el Índice de Innovación Pública considera las capacidades de las instituciones para generar o mejorar ideas, procesos, productos y servicios. Por lo tanto, contempla algunas dimensiones como los recursos dedicados a la gestión, como la gobernanza, el nivel de desarrollo de las personas y los recursos digitales. Además, de actividades y prácticas asociadas al desarrollo de iniciativas de innovación, considerando su nivel de madurez dentro de cada organismo. Así también, el trabajo colaborativo en relación con la ciudadanía u otras instituciones, tanto públicas, como privadas.

La medición será efectuada a través de una plataforma digital especialmente desarrollada por el Laboratorio de Gobierno, en la cual los equipos que trabajan en las instituciones podrán ingresar. Esto permitirá evaluar concurrencia y trazabilidad de principio a fin.

Para crear este instrumento, se aplicó un cuestionario entre diciembre de 2019 y enero de 2020 a siete entidades voluntarias, entre las que estuvieron el SII, el INE, Senda, Semana y Corfo.

Los datos se obtendrán a partir de la combinación de las respuestas validadas entregadas por los equipos institucionales con los datos administrativos. Estos insumos provienen de otros servicios como Dipres, Secretaría de Modernización de Hacienda y Gobierno Digital.

Finalmente, este instrumento va a permitir también que las instituciones compartan los aprendizajes, lo que será gestionado por la Red de Innovadores Públicos, del Laboratorio de Gobierno.

Pero ¿cómo se puede innovar desde las instituciones?

En esto tiene vasta experiencia el Laboratorio de Gobierno, institución que trabaja desde 2015 incentivando la innovación en el servicio público. En su búsqueda por articular una nueva relación entre el Estado y las personas, sostenible en el tiempo como política pública y a través de un servicio de consultoría ágil y flexible, el Laboratorio de Gobierno encontró la manera de co-construir soluciones –testeadas y validadas– para un problema público, gracias al trabajo conjunto de los equipos de un servicio específico y el mismo Laboratorio. Así nació la Red de Innovadores Públicos, un movimiento de funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia y estudiantes, entre otros, que contribuye a la articulación de todos y todas quienes comparten el objetivo de mejorar los servicios que el Estado entrega a las personas.

Servicios públicos que se han acercado a la innovación

En más de 5 años de Laboratorio de Gobierno, han pasado proyectos emblemáticos de transformación. Uno de los organismos con los que se ha trabajado en esta materia y ha tenido una buena experiencia es Fonasa, que a través de un método de co-creación recientemente implementó un modelo de Atención centrado en el afiliado y un plan llamado “Hoy nací y ya soy Fonasa”, para incorporar a los recién nacidos. Esta medida benefició a más de 100 mil familias en menos de seis meses.

Otro ejemplo dedicado a co-crear un mejor servicio es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que en conjunto con el Laboratorio de Gobierno y Facebook Botmaker desarrollaron el canal “WhatsApp Mujer”, que funciona con la tecnología de un bot. De esta forma, entrega información de distintos procedimientos como emergencias, denuncias, o programas de apoyo y en sus primeros tres meses de funcionamiento atendió a más de 10.500 mujeres.

Asimismo, el SII, durante el proceso de Declaración de Renta 2020, aumentó la transparencia y la rendición de cuentas del Gasto Público, para los ciudadanos y ciudadanas, enviando información personalizada del uso de sus impuestos a cada contribuyente. Esta práctica aumentó en un 14% la percepción de transparencia de la ciudadanía frente al Estado, según datos del Laboratorio de Gobierno.