Proyecto que exige a empresas tener al menos un experto en inclusión laboral fue aprobado en la Cámara de Diputados

Este jueves 3 de septiembre se aprobó de manera unánime en la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por Francisco Undurraga (Evópoli) que busca modificar el Código de Trabajo con el fin de fortalecer la legislación existente en el país en materia de inclusión laboral. Desde el 2018 se exige a las empresas con 100 o más empleados, cumplir con al menos un 1% de personas en condición de discapacidad. 

Esto fue un gran avance para la igualdad en la sociedad chilena, pero muchas autoridades y organizaciones que promueven la inclusión, han mostrado su preocupación sobre la real integración en el lugar de trabajo una vez que se realiza la contratación Es por esto que se planteó esta nueva propuesta trabajada en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, con la cual se busca seguir avanzando en la promoción de una verdadera inclusión laboral.

Este proyecto tiene dentro de sus lineamientos el que se agregue la obligación para las empresas que cuenten con cuota de inclusión, de tener al menos un empleado de Recursos Humanos experto y certificado en materia de inclusión. Esto permitiría que se puedan elaborar programas y políticas de inclusividad dentro del lugar de trabajo. La certificación deberá ser otorgada por parte del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. 

Sumado a esto, se deberán llevar anualmente programas de capacitación al personal. Todas las actividades de trabajo deberán tener en cuenta normativa sobre igualdad de oportunidades e inclusión laboral y social. De esta forma, se llevará a cabo una labor cooperativa entre el empleador, los empleados en situación de discapacidad y el resto del personal.

“Es menester entonces, enfatizan los autores, que la sociedad avance en conseguir la inclusión de las personas con discapacidad como algo natural, en razón de sus excelentes aptitudes como trabajadores, y no como el cumplimiento de una cuota. Pero dicha naturalidad en la contratación no se puede generar si es que las empresas no se encuentran adaptadas física y organizativamente de forma tal que permita una efectiva integración laboral”, afirmó en la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados, el representante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Durán (diputado RN).

“Por ello (…) si bien la dictación de la Ley 21.015 ha sido un importante paso que se ha dado en materia de inclusión laboral, es deficiente aspirar a que con solo medir sus índices de cumplimiento se vaya a generar una efectiva integración por parte de los trabajadores con discapacidad dentro de los procesos y dinámicas de las empresas”, añadió.

Según datos entregados en febrero de este año por la Dirección de Trabajo, hasta ese mes se habían contratado 22.906 personas con discapacidad, de las cuales tenían relación laboral vigente a la fecha solo 19.303. Un informe presentado en agosto por el Pacto de Productividad Chile, dos de los principales elementos que complican la inclusión laboral son los miedos y prejuicios de los empleadores a la hora de realizar la contratación. Esto principalmente con respecto a la productividad y el desempeño de las personas con discapacidad.

El diputado Undurraga hizo mención de sus años de experiencia en el sector privado, especialmente cuando formó su propia empresa. “Con todas mis fuerzas traté de que mi empresa fuera inclusiva (…). Honestamente creí que bastaría con que el jefe, o el dueño de la empresa fuera una persona con discapacidad para que mi empresa y mis trabajadores estuvieran preparados para realizar la inclusión. Lamentablemente no fue así, ante la falta de una real política de inclusión y un diseño organizacional pensado para este fin, el resultado fue más bien negativo. El problema no fue la mala voluntad de las personas que trabajaban conmigo, sino la falta de preparación de las empresas y sus colaboradores para hacer inclusión”

Aseguró que lo que más le quedó de esa experiencia fue que “las buenas intenciones no son suficientes” a la hora de lograr una real inclusión laboral, sino que se tiene que ir más allá desde la misma legislación. “Lo que se necesita son profesionales debidamente capacitados, se necesita de conciencia inclusiva, de programas y política enfocada en este fin y de una estructura de empresa que se encargue de ello. (…) Tiene que ver con un tema de justicia. Si como legisladores nos dotamos de una ley que imponía la contratación, no podemos desentendernos de qué pasa con esas personas dentro de las empresas”, expresó en la sesión del jueves 3 de septiembre.

La votación realizada en la Cámara finalizó con una aprobación unánime del proyecto, lo cual significa que ahora pasa a segundo trámite en el Senado. Representantes de distintos sectores políticos llevaron a cabo intervenciones en muestra de apoyo y agradecimiento por este proyecto, afirmando la importancia de que el Estado establezca el pilar en materia de una inclusión efectiva, educando a la sociedad y formando una cultura más inclusiva.

“En materia de inclusión no es que haya que capacitar a las personas con discapacidad para poder tener un puesto de trabajo o desarrollar una determinada función, sino que son más bien los espacios empresariales, los lugares de trabajo y los otros compañeros y compañeras de trabajo los que tienen que capacitarse para poder realmente incluir y poder fortalecer también el trabajo de las empresas y de otros espacios con personas con discapacidades”, afirmó Natalia Castillo (RD).