Sustentabilidad
La escasez de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona centro y una sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola, son las razones por las que la desertificación avanza rápidamente desde el norte, hacia la zona central de nuestro país.
A pesar de que este año las lluvias fueron más abundantes que en 2019, expertos aseguran que no fueron suficientes como para revertir la mega sequía que ya lleva una década golpeando a la zona centro del país. Distintos estudios han advertido coincidencias respecto a que la desertificación avanza rápidamente desde el norte de Chile hacia la zona central, condición que atribuyen tanto a la sequía como al estado del suelo.
En materia de precipitaciones, las condiciones climáticas van avanzando hacia el sur a una velocidad de más o menos 500 metros al año y, por eso, los niveles de lluvia que antes tenía el sur de Coquimbo, en Illapel, ahora los tiene el norte de Valparaíso, en Petorca. Asimismo, el desierto que antes llegaba hasta el sector de La Higuera ubicado a unos 500 kilómetros de la capital chilena, está acercándose a Ovalle, a 150 kilómetros hacia el sur. Por lo tanto, la zona denominada hiper árida, aquella que corresponde a desiertos propiamente dichos, ya se encuentra entre La Serena y Los Vilos, y se instalaría prontamente en la Región de Valparaíso.
Según los datos de la CONAF, un 21,4% del territorio ya se ha visto afectado por el fenómeno de la desertificación (16,6 millones de hectáreas), lo que perjudica también a casi siete millones de habitantes. Las razones son principalmente tres: la escasez de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona y una sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola.
Frente a esta situación, Matías Asun, director de Greenpeace Chile, sostiene que “Chile es un país que tiene agua, pero está en manos de unos pocos que al mismo tiempo especulan y lucran con ella, mientras miles viven sin suministro, los bosques se secan y los animales mueren de sed”.
Petorca es un ejemplo de cómo el suministro de unos pocos puede transformar un lugar en un epicentro de la lucha contra la sequía. En el caso de esta comuna ubicada a 200 kilómetros de Santiago, la pelea no es solamente contra los efectos del cambio climático. En esta zona, se ha denunciado el mal uso del agua, por privilegiarse a la gestión agrícola. Uso que tiene fines comerciales, en medio de una escasez crítica.
Por lo anterior, el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenero, acusa abandono del Gobierno. “Hace más de un mes que invitamos a las autoridades que vinieran in situ a ver acá la situación, que no lo vean desde sus confortables oficinas. Hace más de un mes invité al señor intendente (de Valparaíso, Jorge Martínez) que estuviera acá, que no ha venido nunca en lo que lleva en el cargo, pero nos sentimos tremendamente abandonados”, dijo Valdenero.
A pesar de que el río Petorca entró en restricción en 1997 y el Ligua en 2004, desde hace 15 años que no hay escurrimiento superficial del agua en los ríos del lugar. En teoría, esto significa que no se pueden seguir entregando derechos de aprovechamiento de agua en esos ríos. Sin embargo, se siguen entregando.
A esto se le suma que gracias a la falta de instrumentos de ordenamiento territorial y espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, el negocio de los paltos sigue creciendo en otros territorios, los cerros se siguen deforestando y se sigue eliminando la flora y fauna nativa.
El alcalde de la comuna considerada el epicentro de la desertificación, insiste en su punto respecto a la necesidad de que las autoridades reformulen la gestión del agua. “Uno puede entender que los recursos siempre van a ser escasos para enfrentar una situación como esta de falta de lluvia, de escasez hídrica, pero los recursos que el Gobierno ha destinado han sido extremadamente escasos y debería haber una mayor preocupación”, sostiene.
Los expertos asumen que el problema de la desertificación se da particularmente por la acción humana. En este contexto, tres eventos fueron relevantes este 2020.
En primer lugar, un pronunciamiento de la Contraloría que declaró incompatible la autorización de planes de manejo de corta de bosque nativo para destinar los terrenos a fines agrícolas. El bosque nativo de la zona central de Chile de tipo esclerófilo cumple importantes funciones ecosistémicas, entre ellas regular el balance hídrico y actuar como una barrera natural para contener la desertificación. Sin embargo, la superficie boscosa ha disminuido a través de los años para permitir la expansión agrícola, principalmente frutícola, afectando los acuíferos.
Según datos obtenidos por Ciper, 1.362 planes de manejo fueron aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entre el 31 de julio de 2008 y marzo de 2020. Dichos planes permitieron talar 22.281 hectáreas de bosque nativo, a pesar de que este está protegido por ley desde 2008, y solo tres comunas de la zona centro del país concentraron el 45 % de esa deforestación.
Un segundo dictamen de Contraloría estableció que los proyectos que se realicen en Áreas de Preservación Ecológica en la región Metropolitana de Santiago deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental. Las comunas que rodean la Región Metropolitana limitan con un cordón montañoso que ha sido definido como un Área de Preservación Ecológica para asegurar el equilibrio del medio ambiente, por lo que el el dictamen de Contraloría permitirá que se regule la expansión urbana ya que los proyectos inmobiliarios que quieran instalarse en esa área deberán pasar por una evaluación más estricta.
Por último, el Senado aprobó a inicios de diciembre tramitar un proyecto de ley que busca someter a Estudios de Impacto Ambiental a los proyectos forestales. En Chile, son más de tres millones las hectáreas de monocultivos de pino y eucaliptus que hacen del país el segundo principal productor de celulosa en América Latina. Sin embargo, por ahora las operaciones forestales bajo las 500 hectáreas están fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y no se tienen en cuenta los proyectos adyacentes, ni los efectos acumulativos que, por ejemplo, pueden tener en las cuencas, lo que repercute en términos de la actual crisis hídrica.
Según la encuesta “Chile Gota a Gota” de Greenpeace, el 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución, ya que según esta misma, el 88% cree que la falta de agua le afectará en un futuro cercano.
Además, el 93% de los chilenos indica que este tema debiera ser tratado como un asunto prioritario para el país y en ese contexto, Asun sostiene que “Esperamos que estos datos alumbren la realidad de la demanda por este recurso. La ciudadanía del país está clara, informada, y decidida a recuperar el agua y a soltarla y es momento de que comiencen a abrir los ojos quienes tienen la capacidad de hacer algo”.
Actualmente son más de 100.000 las personas que se han sumado a la campaña “Suelta el agua” de Greenpeace, que busca recuperar y priorizar el agua para las personas y el medioambiente, lo que evidencia la gravísima situación de crisis hídrica que afecta al país producto de la privatización de facto de las aguas y las graves consecuencias que ello está generando para buena parte del territorio nacional, agravadas además, por la crisis climática y la pandemia de Covid-19.
Frente a esto, científicos, conservacionistas y abogados cercanos a causas ambientales han resaltado las posibilidades que se abren con la redacción de una nueva constitución, la cual tiene la posibilidad de tener una visión transversal, en la que la protección al medio ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país.
