Educación
Profesores que organizan ollas comunes en apoyo a apoderados cesantes, estudiantes con discapacidad abandonados a su suerte y deserción escolar entre quienes no cuentan con conexión a internet han marcado un año de emergencia sanitaria.
La brecha educativa desnudada y profundizada por la pandemia amenaza con desbaratar algunos avances que había obtenido América Latina en tazas de alfabetización, y ampliación de la matrícula en enseñanza básica y media. Sin embargo, al mismo tiempo muestra la grave precarización de la educación pública en la mayor parte del continente.
Esa latencia anticipa, incluso, un retroceso a niveles de carencias escolares propia de los años 60 y de los años 50 en el caso chileno. Según la investigación “Efectos Intergeneracionales del Covid-19 en América Latina”, publicado por el Instituto de Compromiso con la Equidad de la Universidad de Tulane, Louisiana, la probabilidad de que los estudiantes de hoy en día completen la educación secundaria podría caer en un promedio regional de 61% a 46%.
Esta estadística marcada por la falta de acceso a la conectividad, altas tasas de deserción escolar incluso en cuanto a las clases remotas, también es una marca indeleble y atemporal de la desigualdad local, cree Beatriz Areyuna, decana de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Una precariedad que también alcanza las condiciones laborales y de trabajo docente de profesores; que son y han sido la clave histórica del desarrollo educativo y son la primera línea de la crisis educativa.
“En el caso de los niños, niñas y adolescentes no sólo de sectores rurales, este año de pandemia y confinamiento ha mostrado con mucha brutalidad que los logros del aprendizaje a distancia han estado reservados para quienes tienen una buena conexión a internet, un computador y hogares mínimamente acondicionados para el ejercicio de los estudios. Sin embargo, un asunto igual o más preocupante es el de las condiciones de estos padres, madres o tutores que tampoco pueden estar disponibles para apoyar el proceso educativo. En ambos casos, la pandemia refleja una brecha ya injusta y denigrante para personas que, sabemos, pueden tener las condiciones para llegar a ser lo que quieran ser, pero cuyas condiciones materiales son un obstáculo”, señala la académica.
Una mención especial realiza Areyuna acerca de los grandes olvidados por la política educativa estatal de la temporada del Covid-19: las y los estudiantes con necesidades especiales y parte de programas de integración. Si bien programas como el PIE están resguardados por la Ley de Inclusión, desde un inicio el Estado de Catástrofe y de cuarentena total de la educación que impactó al 100% de los niños, niñas y adolescentes relegó a otros en situación de discapacidad que no fueron prioridad, estima.
Al respecto, un análisis de la Unidad de Atención a la Discapacidad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano detectó durante el primer mes de cuarentenas una preocupante falta de información orientada a la población con diversos tipos de discapacidad auditiva o visual, incluso en canales como el Compin y el Senadis.
El Centro de Salud Mental en Comunidades Educativas, difundió los resultados del estudio “Impacto en la Salud Mental de Preescolares y Escolares Chilenos Asociado a la Cuarentena por Covid-19” que arrojó evidencias sobre lo que plantea la decana Beatriz Areyuna. Las condiciones socioafectivas de la comunidad escolar en niños, niñas y adolescentes, pero también sus familias se vieron afectadas en cuanto al mal humor, menciones sobre abulia, miedo y hasta cambios en el apetito.
“Han ido apareciendo diversos estudios sobre la gravedad del impacto de la pandemia como cuadros que se han ido profundizando con una directa relación con los sectores y condiciones de vida en sectores más deprimidos socialmente donde los padres deben cumplir labores dentro o fuera de la casa manteniendo a niños y niñas permanentemente encerrados en pequeños espacios, con pocas capacidades de estudiar o mantener su salud mental”, explica la profesora sobre un escenario que evidencia la importancia de la escuela en su rol educativo, pero también socializador.
Las condiciones laborales y exigencias de los docentes se han visto impactadas durante la pandemia del Covid-19 tanto como las de los médicos, enfermeras y personal de salud, que viven condiciones crónicas de estrés por la gran exigencia de enfrentar duras condiciones de trabajo remoto y hacerse cargo de capacitarse, elaborar material fuera de sus horas de clases a solas y ante un escenario que no parece mejorar durante el 2021. “Condiciones mucho más complejas que simplemente poner a los niños y niñas frente al computador”, agrega la autoridad de la Facultad de Pedagogía UAHC.
En ese aspecto, la posibilidad de un retorno 2021 a clases presenciales depende, para muchos, de una vacuna milagrosa. “En nuestra cultura salubrista, la vacuna es una cuestión central para aportar a que la sociedad vaya retomando su curso, pero hay que sumar a la vacuna muchas otras variables”, señala la académica sobre la urgencia de asegurar condiciones mínimas de vida digna para sectores vulnerables donde muchos/as jóvenes decantan por la opción de buscar un trabajo, incluso en plena pandemia, en lugar de perseverar en sus clases. Una realidad que no es propia del último año, sino de las últimas cuatro décadas, cree Areyuna.
“La pandemia ha sido un período en el que el Estado se ha mostrado ausente en las grandes tareas de la sociedad. La educación entre ellas, mucho más allá de la imagen de la imagen de niños yendo al colegio o actualizando contenidos, sino la resolución de grandes controversias a través de la formación o saldando una gran deuda con el oficio docente”, agrega.
Ante un inminente proceso de cambio constitucional, la educadora estima que la posibilidad de una transformación real del estado de la educación y sus agentes es posible. En particular si se anticipan en la discusión las fisuras que dejará el período de emergencia sanitaria en la región por sobre las ya existentes.
“Probablemente hablamos de dos años de impacto en la no asistencia de niños a las escuelas. Las oportunidades de aprendizaje se verán profundamente afectadas y el rol de los profesores y profesoras se verá tremendamente comprometido en su rol fundamental. En ese sentido, creo que también es fundamental que las universidades formadoras de nuevas y nuevos profesores adoptemos este desafío en un momento tan vital, tan paradigmático como el de la redacción de nueva Constitución. Las y los educadores de los próximos años deben sentirse, más que nunca, vinculados con una labor social para estos tiempos que involucran también importantes responsabilidades para comunicar y formar ciudadanía, también en otros ámbitos urgentes en cuanto a la sustentabilidad, el cuidado del planeta y la defensa de los derechos humanos de todos y todas”, advierte Areyuna.
La decana de la Facultad de Pedagogía UAHC, destaca que existe un interés de gran parte de la población e involucrados en el proceso constituyente por revivir la idea del derecho a la educación en una discusión de amplias voces. “Un buen comienzo es disminuir institucionalmente las profundas diferencias entre educación pública y privada a través de una agenda más audaz para pensar los desafíos de la escuela pública del siglo XXI, sus valores de sociedad y el perfil de los estudiantes que salgan de estas escuelas”, propone la profesora.
Además se declara atenta a los dichos, pero también los hechos: “A la hora de escribir una nueva Constitución, estos derechos no deben quedar sólo en una declaración de intenciones sino incluir mecanismos concretos para la definición explícita acerca del rol del Estado en la educación pública reconociendo principios de inclusión y diversidad, que aseguren el financiamiento de una educación de calidad y pública además de un trato justo con el profesorado”, reflexiona la académica de la UAHC.
