Salud
La pandemia ha sido un golpe tanto para Chile como para el mundo. No obstante, las personas con sida han vivido un duro proceso desde que el coronavirus llegó al país. Tanto la incertidumbre de los efectos que podría tener el virus en ellos como la confusión sobre el derecho de confidencialidad del paciente en la inoculación, han marcado su dificultosa experiencia frente al abordaje del Covid-19.
La propagación del coronavirus, sin duda, ha puesto en una difícil situación a la mayoría de las personas que padecen de alguna enfermedad crónica. Actualmente, alrededor de 67 mil personas que viven en Chile son portadoras de VIH, las cuales han enfrentados diversos problemas durante este el último año. Organizaciones enfatizan que la vulneración de derechos de los pacientes que ha quedado evidenciada durante la pandemia.
En un comienzo, la incertidumbre que existía frente al tema llevó a diversas agrupaciones y personas a buscar y exigir información respecto a los posibles efectos que podría tener el SARS-CoV 2 en su condición de poseer un virus de inmunodeficiencia humana.
Víctor Hugo Robles, periodista y activista de personas con VIH, afirmó que ellos desde un comienzo comenzaron a pedir información “para saber cuál era nuestra situación, como debíamos enfrentar el Covid-19, las dificultades que íbamos a tener en términos de salud, pero nunca, hasta el día de hoy, hemos recibido información directa del Ministerio de Salud sobre cómo enfrentar la pandemia las personas con VIH”.
Además, junto a lo anterior, empezaron a demandar la entrega de terapia de VIH multi-mes, es decir, recibir sus remedios por un tiempo más prolongado y así, evitar la exposición al contagio cada mes en las clínicas y hospitales. Sin embargo, Robles indicó que “el Ministerio de Salud se demoró varios meses en que reconociera que esta era una política pública buena y, a pesar de que era una recomendación de Naciones Unidas, en Chile no se estaba aplicando”.
A pesar de lo anterior, la normativa que rige actualmente es que se debe entregar terapia multi-mes en todos los centros a lo largo del país. No obstante, el activista aseguró que aún no se les hace entrega a todas las personas.
Con respecto a los tratamientos, María Elena Ceballos, infectóloga de la Red de Salud de la Universidad Católica, reveló que en Chile se postergaron los controles de pacientes crónicos de manera de no exponerlo a los servicios de salud. Sin embargo, esta situación no significó la falta de tratamiento antirretroviral.
“Nos preocupamos de entregar las recetas a los pacientes en establecimientos públicos y privados de manera de que nadie tuviera falta de tratamiento”, aseveró. Se postergó el control médico y la realización de exámenes, sin embargo, afirmó que estos ya se retomaron a lo largo del país.
Otro punto importante para destacar es la disminución de testeo que se produjo a raíz de la pandemia. Es por esto, que Ceballos expresó que el principal desafío no está en los pacientes diagnosticados, sino está en las personas que tienen VIH pero que aún no saben que lo tienen. “Bajo alrededor de un 30% la realización de test diagnósticos este año en pandemia. Esto significa que estas personas avanzan en su enfermedad y, además, transmiten la enfermedad. Ahora es más complejo”.
A pesar de que el Plan de Vacunación del Gobierno establece que el próximo 22 de febrero comenzará el proceso para las personas con enfermedades crónicas, algunos ya han podido acceder a ella por ser funcionario de la salud. Sin embargo, muchos de ellos no se han podido vacunar.
El protocolo del Ministerio de Salud no fue claro si es que era necesario o no presentar una documentación por parte de las personas con VIH para acreditar el padecimiento de la enfermedad. A pesar de que el ministro de Salud, Enrique Paris, había señalado que no se exigiría tal requisito debido a que atentaba el derecho de la confidencialidad del paciente, muchos centros de salud sí lo estaban pidiendo para que la persona accediera a la inoculación.
En un comienzo el documento ministerial exigía dicho acreditamiento, no obstante, luego de la presión de las personas y organizaciones lo excluyó y agregó ciertas recomendaciones para las personas con sida, provocando confusión en el sector. Ahora se estableció una declaración verbal sobre la situación.
“Si bien es cierto que ya no tenemos que presentar un documento, el funcionario que te vaya a inocular va a consultar para rellenar un formulario, por lo tanto, la persona se va a sentir obligada a revelar su estado serológico”, señaló Luis Zambrano, activista de la agrupación Vida Más del Hospital Sotero del Río.
La doctora Ceballos señaló que para regularizar esta situación solo bastaría realizar el proceso como se ha hecho antes. Es decir, exigiendo al paciente un examen o documento que compruebe que padece de una enfermedad crónica, sin especificaciones mayores, el cual puede ser antiguo o nuevo. De esta manera se resguardaría la privacidad de la persona y el centro de salud aseguraría la condición del paciente.
Para el activista Víctor Hugo Robles esta descoordinación ha sido la demostración del poco interés del Estado para ejercer políticas públicas efectivas para las personas que padecen de VIH, las cuales han visto trasgredido sus derechos sistemáticamente.
Por su parte, Michael Diaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule, aseguró que este tipo de acontecimientos pasan con regularidad en nuestro país, ya que no existe una intención en avanzar en una política pública íntegra del VIH, donde la pandemia demostró la fragilidad del sistema y la vulneración de derechos.
Onusida se ha encargado de entregar ciertas recomendaciones para que las personas que son VIH positivos tengan una mejor prevención y abordaje de la enfermedad durante la pandemia. Entre ellas, se destacó que la vacuna aporta los mismos beneficios para las personas seropositivas que para las otras personas. Además, hasta ahora no hay evidencias que las personas con sida corran más riesgos al recibir la vacuna.
Actualmente, las personas que viven con VIH en el país están a la espera de recibir su vacuna el próximo 22 de febrero, no obstante, todavía sigue en duda qué criterios se tomarán a la hora de presentarse en el recinto de salud con respecto a la confidencialidad del paciente.
Cabe señalar que muchos de ellos deciden mantener en privado su estado de salud, por lo que además de preocupación existe incertidumbre de si van a poder recibir la vacuna si deciden no entregar la información solicitada.
