Modificación del protocolo para la vacunación de personas viviendo con VIH causa disconformidad en agrupaciones vinculadas

En Chile, según los datos de Onusida, son alrededor de 74 mil personas que viven con VIH, de las cuales 67.200 conocen su diagnóstico. Este lunes, según el calendario de vacunación, es el turno de todas las personas que son portadoras de VIH para su inoculación por ser consideradas “grupo de riesgo”. 

Tras una serie de polémicas y la exigencia de activistas y agrupaciones ligadas a la enfermedad, el Ministerio de Salud estableció un nuevo protocolo para el proceso de inoculación. Entre los puntos más importantes se encuentra el que protege la confidencialidad de la condicións del paciente, el cual establece que “no es necesario que al momento de requerirse la vacuna, se solicite o exija un documento, exámenes o certificado que acredite la condición de VIH y el estado inmunológico. Sí debe presentarse la cédula de identidad o documento de identificación”.

A pesar de lo anterior, agrupaciones se encuentran preocupadas debido a que este nuevo documento no explicita la no exigencia de una declaración hablada ni tampoco la utilización de los centros de atención VIH como lugares de vacunación, como lo hicieron con las personas dializadas, las cuales comenzaron su vacunación esta semana. 

Debido a lo anterior, la diputada Claudia Mix envió un oficio al Ministerio de Salud para rehabilitar los centros de atención sexual para vacunar a personas seropositivas. 

Valeria Stuardo, doctora especialista en VIH de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile indicó que “resulta de gran relevancia asegurar la confidencialidad del proceso de vacunación en esta población. El documento de las consideraciones de vacunación que emitió la subsecretaría de Salud Pública bajo ninguna circunstancia asegura este proceso de confidencialidad estricto”. 

Además, hizo un llamado a la autoridad sanitaria a que habilite los centros de atención de VIH para que las personas puedan acudir a ellos de forma tranquila y sin sentir vulnerados sus derechos básicos que están estipulados por ley. 

Vasili Deliyanis, director ejecutivo de la Fundación Diversifica, enfatizó en que en la mala gestión del Gobierno sobre el tema.  “Van tres documentos que explican la forma de cómo hay que vacunarse, lo cual es absurdo. La sociedad civil ha puesto este tema en la palestra, se logró que no se hiciera esta acreditación, sin embargo, van a tener que identificarse alguna manera, es decir verbalmente, lo que es infinitamente más violenta”.

Una de las demandas que urge hoy, ad portas de comenzar el proceso, es que se utilicen los mismos criterios que tuvo el Gobierno para las personas dializadas y trasplantadas. Victor Hugo Robles señaló que ellos valoraban que este grupo fuera inoculado en espacios seguros, pero que les llamaba la atención que no se usara esta misma estrategia para las personas que viven con VIH. 

Carlos Faras, creador de la plataforma Chile PrEP afirmó que “el documento sigue siendo débil y sigue demostrando una política ambigua por parte del Ministerio de Salud en proteger a las personas viviendo con VIH.  Si no se establece un protocolo general para todos los enfermos crónicos, como van a distinguir quién es una persona con VIH que no se debe solicitar ningún documento y quién es una persona con otras enfermedades de base que sí se le puede pedir un documento si se estima pertinente”.

Luis Zambrano, miembro de la agrupación Vida Más del Hospital Sotero del Río y de la plataforma social en VIH/SIDA y Derechos Humanos expresó que la confidencialidad sigue estando en las manos de un tercero y no de uno, por lo que va a generar que las personas no se vacunen como enfermos crónicos. 

A días de empezar el proceso de la inoculación, aún existen dudas y disconformidad por parte de las personas seropositivas. A pesar de que han logrado diversos avances, estos no han sido suficientes para lograr una vacunación segura, cómoda y adecuada para las 74 mil personas que, aproximadamente, viven con esta enfermedad en el país.