Opinión
La amenaza del cambio climático nos acecha día a día, la mega-sequía que cargamos hace 11 años se hace cada vez más evidente y Chile no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar la escasez hídrica.
Actualmente, son 18 las comunas de la Región Metropolitana que se han visto afectadas por malas gestiones y la falta de priorización en el consumo del más importante de nuestros recursos naturales.
En Chile, la industria agrícola concentra un 70% del uso del agua, mientras que el consumo humano se limita al 6%, seguido por el sector minero con un 5%. El panorama no hace más que reflejar la indolencia con la que se ha tratado esta problemática, que, desde la década de los 80, ha priorizado a la gran industria por sobre el consumo humano y la protección de la biodiversidad.
Hoy nos regimos por el Código de Aguas, que en algún momento fue considerado como eficiente y equitativo, pues permitió a los privados invertir en infraestructura y avanzar en la distribución y uso del recurso hídrico. Sin embargo, los derechos de agua fueron concentrados por unos pocos y las empresas encargadas de abastecer de agua potable a la ciudadanía no han logrado ofrecer precios justos ni cobertura oportuna para la población.
Así, comienza la escasez hídrica, que junto a la falta de precipitaciones y la huella humana en la intervención de cuencas y espacios naturales, ha ido secando cada vez más nuestros suelos y napas subterráneas. Ejemplo de esto, han sido las comunas Til Til, Colina y Lampa, que son las principales afectadas de la Región Metropolitana. Pese a que hay muchos métodos que pueden ayudar a contrarrestar esta situación, soy un convencido de que la transformación debe surgir desde las bases de nuestra institucionalidad.
Por eso, en el marco de una nueva Constitución es de suma urgencia consagrar el agua como un bien nacional de uso público. Esto es, que el agua efectivamente sea de todos los chilenos. Además, debemos establecer una priorización en su uso: en primer lugar, garantizar el consumo humano y las necesidades sanitarias; luego, la protección de los ecosistemas hídricos y la biodiversidad; y, por último, las industrias. En otros términos, las empresas no podrán utilizar agua mientras no se garantice el consumo humano y la protección de la biodiversidad.
La redacción de una nueva Constitución debe considerar esta problemática y abordarla desde una perspectiva ciudadana, pues si no frenamos esta crisis pronto, para las generaciones futuras será demasiado tarde.
