Sociedad
Según el estudio del Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez esta situación afecta actualmente a cerca de 10 mil personas. Casi la mitad de las expulsiones de la década se ordenó en los últimos tres años.
El último informe emitido por el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez indica que entre el 2010 y 2019 se decretaron 20.535 órdenes de expulsión administrativa que no se ejecutaron. El estudio, apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través del proyecto Anillos SOC 180008 está basado en los registros oficiales del Ministerio del Interior.
Según el informe, las actuales medidas migratorias, especialmente aquellas aplicadas en la frontera muestran el aumento las cifras de ingresos clandestinos alcanzando las 16.484 en 2020. Asimismo, dado este panorama, se estima que actualmente en torno a 10.000 personas viven como “expulsados residentes”, es decir, como personas que no solo se encuentran en situación irregular sino además han sido objeto de un decreto de expulsión en su contra, no ejecutado. Migrantes venezolanos, cubanos, dominicanos y bolivianos son los más afectados por esta situación.
Los resultados del informe muestran que el volumen de expulsiones ha tenido durante la década un crecimiento sostenido, pero a un ritmo lento, incrementándose de manera más marcada a partir de 2016 y volviendo en 2018 a su ritmo anterior a 2015. En este escenario, el mayor crecimiento se observa en 2017 en que el número de personas expulsadas, ya sea por decreto administrativo o judicial, pasó de 917 en 2016 a 1.399 en diciembre de 2017, vale decir creció en un 52,5 por ciento.
Este ritmo se mantuvo durante 2018, año en el que aumentó en un 46,6% pasando de 1.398 a 2.051 expulsiones. A partir de ese año y hasta diciembre de 2019 las expulsiones pasaron de 2.051 a 2.232 lo que supuso un incremento de apenas el 8,8%. Es decir, el ritmo de las expulsiones se redujo en casi 6 veces este año.
Según los investigadores, es importante remarcar que a partir de 2018 hay un giro en la política de expulsiones marcada por dos elementos significativos. De este cambio se señala que del total de expulsiones detalladas, al menos 9.121 se emitieron dentro del gobierno de Sebastián Piñera.
Según Eduardo Thayer, Investigador y académico de la UCSH, “estas realidades no solo nos permiten entender el impacto de las políticas de frontera en las vidas de las personas si no también nos notifican la forma en que se expresa hoy en Chile la extrema precarización de las trayectorias migratorias. Vivir con un decreto de expulsión a cuestas supone para unas personas estar totalmente excluida no solo de la esfera pública y de los derechos sino también de parte importante de los servicios que proveen privados”.
