Sustentabilidad
Un estudio comparativo de 8 puertos extranjeros y nacionales realizado por Pablo Gutiérrez, académico de la Universidad de Valparaíso y consultor experto en compliance ambiental, determinó que la adopción de medidas de control proactivas como el monitoreo de especies, velocidad o tráfico de naves, junto a una gobernaza preventiva (más que punitiva) donde participen Estado, privados y sociedad civil, son factores fundamentales para evitar judicialización de proyectos y asegurar una sostenibilidad portuaria.
La Fundación Gaviotín Chico del Complejo Portuario de Mejillones o la propuesta de la Casa del Mar de Dominga en cuanto iniciativas preventivas de estudio, monitoreo y cuidado de los ecosistemas marítimos portuarios, y como modelos de trabajo tripartito en mejores prácticas sostenibles (sociedad civil, empresa y Estado), son relevadas como medidas clave para afrontar el actual contexto de judicialización y cuestionamiento que viven muchos proyectos portuarios en el país.
Dichos resultados se dieron en el contexto de estudio “Los puertos más sustentables a nivel mundial y comparativo con puertos chilenos”, realizado por el académico de la Universidad de Valparaíso y experto en compliance ambiental, Pablo Gutiérrez. El análisis releva las mejores prácticas de puertos internacionales en materia de cuidado del medioambiente, compara dichas prácticas con prácticas de puertos chilenos tanto aprobados como en tramitación, e identifica condiciones de mejora para los puertos locales y la generación de ecosistemas portuarios locales sostenibles.
Ello en un contexto donde los puertos chilenos movilizan más del 90% de la carga de exportaciones e importaciones del país. “Una estructura de demanda de transporte que plantea desafíos no sólo en términos de una ampliación de nuestra capacidad portuaria. También de una estructura de logística y gobernanza con los territorios y stakeholders asociados cada vez más compleja y bajo criterios de creciente sostenibilidad”, plantea el académico Pablo Gutiérrez.
El estudio comparó los puertos internacionales de Los Ángeles, California; Vancouver, Canadá; Amberes, Bélgica (reconocidos por su capacidad de transporte marítimo, políticas de mejoras progresivas en sustentabilidad, innovación en medidas de monitoreo y gestión medioambiental compleja) con los puertos nacionales de San Antonio, Coquimbo, Cruz Grande, Dominga y Complejo Portuario de Mejillones (puertos en operación o proyectados), en relación a 3 indicadores que denotan grado y compromiso con una sostenibilidad operativa. Esto es, la presencia de un sistema de monitoreo de especies; de monitoreo y prevención de impacto de tráfico de embarcaciones; y un sistema de control de velocidad de navegación de embarcaciones.
Un “pacto social portuario” con ciudadanía (”New Green Deal” de Puerto de Los Ángeles); una vinculación genuina y permanente con la academia y ciencia para avanzar en prácticas innovadoras de sostenibilidad y superar normativa vigente (Puerto de Amberes con su cátedra en “transformación sostenible”, o promoción de barcos ecológicos a base de hidrógeno verde); la coordinación con otros puertos para abarcar adecuadamente el área de impacto sobre especies marinas (mismo puerto de Amberes con proyecto Civitas Portis), o “Waze” para ballenas y evitar colisión con transporte marítimo (Puerto de Vancouver), son algunas de las mejores prácticas internacionales identificadas.
Otro factor que caracteriza a dichos puertos de acuerdo a Gutiérrez es la creación de una gobernanza compartida sobre los ecosistemas entre el Estado y su institucionalidad ambiental, empresas y sociedad civil.
Y en relación a este punto, el académico añade que a diferencia de lo que sucede en sistemas portuarios de excelencia a nivel mundial, nuestra institucionalidad ambiental es insuficiente para garantizar el desarrollo de sistemas portuarios locales complejos, integrados y sostenibles desde el punto de vista ecosistémico.
Como ejemplo apunta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mecanismo que se mostraría como una herramienta insuficiente para evaluar el emplazamiento en un ecosistema complejo e integrado como el sistema de bahías de Coquimbo. Y también presentaría deficiencias al hacer una presunción de impactos medioambientales menores en aquellos proyectos que tienden a ampliar su capacidad instalada (zona intervenida) como el puerto de San Antonio.
En ese sentido destaca el experto, un aspecto positivo a resaltar en el país, es que emergen de a poco, proyectos como el Puerto de Mejillones y Dominga que superan los requisitos del SEIA, se acercan a mejores prácticas internacionales observadas, y avanzan en “crear una gobernanza sobre los ecosistemas impactados que integran medidas de control y trabajan una relación virtuosa con el Estado y la comunidad”.
