Niñez
El 70% de la mujeres reconoció tener al menos un hijo menor de edad al salir en libertad, y cerca del 70% de ellas vivían con alguno de ellos antes de entrar a prisión.
El reciente estudio llamado “Reinserción, desistimiento y reincidencia en mujeres privadas de libertad en Chile” demostró los factores que inciden en el proceso de reinserción social que enfrentan las mujeres luego de salir de los centros penitenciarios. Uno de ellos es la reincorporación laboral, entre otros costos sociales que se extienden a sus familias e hijos
Se trata de un estudio realizado por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, en conjunto con la Fundación San Carlos de Maipo y Fundación Colunga. Una investigación que sondea a 225 mujeres que salieron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago. El análisis logró caracterizar e identificar los factores que facilitan o dificultan el proceso de reinserción social.
Los principales hallazgos de la investigación arrojaron que el 90% de las mujeres encuestadas son madres, con promedio de 2,5 hijos cada una. El 70% reconoció tener al menos un hijo menor de edad al salir en libertad, y cerca del 70% de ellas vivían con alguno de ellos antes de entrar a prisión.
Además, el promedio de edad de las mujeres que participaron en el análisis es de 36 años, de las cuales el 70% había tenido al menos una condena privativa de libertad previa, casi el 50% egresaba luego de cumplir con una condena de hasta 60 días, cerca del 40% cumplió una condena por hurto, 36% luego de una condena por delitos de droga, 30% egresó bajo el beneficio de la libertad condicional.
Uno de los grandes sucesos que viven las mujeres salidas de la cárcel es que son invisibilizadas e ignoradas desde hace mucho tiempo. Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga afirma que “comprender las trabas con las que las mujeres se enfrentan al salir de la cárcel, nos tiene que ayudar a generar mejores políticas y programas que impacten en ellas y sus familias. Creemos firmemente que trabajando juntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil podemos hacer la diferencia en este ámbito y dar una oportunidad real de inserción, aportando así a reducir la pobreza y exclusión en nuestro país”.
Un hecho que, según la encargada de investigación y académica del Instituto de Sociología UC (ISUC), Pilar Larroulet, el paso de las mujeres por la cárcel tiene altos costos sociales que se extienden a sus familias e hijos. “Las mujeres han sido olvidadas, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además en cuanto a la investigación de los factores que inciden en el desarrollo de sus carreras delictuales”, afirma.
El gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, explica que en cuanto a las oportunidades laborales que tienen las mujeres luego de salir de en libertad, el 56% busca empleo en algún periodo durante los primeros doce meses. Sin embargo, muchas no pueden hacerlo debido a problemas de salud, estar al cuidado de otros, o por haber sido rechazadas en virtud de sus antecedentes.
“El tipo de empleos a los que acceden, son básicamente informales y autoempleo, lo que hace que sean precarios y de alta vulnerabilidad. Un 31% no trabaja durante todo el periodo del estudio y se definen en ciertos perfiles, son más jóvenes, baja escolaridad e historias de desempleo, presentan problemas de consumo de drogas, se sienten menos capaces de responder laboral y mayoritariamente cumplieron condenas por hurto”, aclara Sánchez.
De acuerdo con el jefe del área de Estudios y Desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, Rafael Rodríguez, como contexto, un 70% de las mujeres entrevistadas dentro del centro penitenciario declaró haber tenido experiencia laboral previo a su condena. Del total de las entrevistadas solo un 16% estaba empleada y 40% trabajaba por cuenta propia antes de ingresar a la cárcel.
“También cabe destacar que, durante el cumplimiento de la condena, un 41% declaró haber trabajado estando privada de libertad, y un 38% haber recibido alguna capacitación laboral durante este período de sus vidas. También, antes de cumplir su condena y salir en libertad, un 65% consideró como muy importante el tener un trabajo para poder lograr la reinserción social, pero un 70% creía que iba a ser difícil conseguirlo. También, gracias a este estudio, fue posible confirmar que hubo un 31% de las mujeres encuestadas que nunca trabajó a 12 meses de haber salido del centro penitenciario”, declara Rodríguez.
En cuanto al estudio y las soluciones que se trabajó para la reinserción de las mujeres, desde la academia y la Sociedad Civil se realizó este y otros estudios que han levantado información que permite perfilar distintos grupos de mujeres que están dentro de los penales en Chile.
“Estos perfiles están configurados con diferentes características que se traducen en necesidades de intervención que ayudan a orientar a la política pública para que en el futuro desarrollen más y mejores programas enfocados en la reinserción social”, señala Rafael Rodríguez de fundación San Carlos de Maipo.
El experto indica que lo que permitió el estudio fue identificar nudos críticos relativos al trabajo con mujeres que egresan de los penales. “Uno es empleo, pero también están las problemáticas asociadas a Salud Mental, Capacitación, Redes y Vivienda, por lo que este comité asesor tenía como función presentar la información a los actores clave dentro de la política pública para que ellos rediseñen las políticas y programas sociales alrededor de las mujeres que egresan de los penales. Y dentro del empleo, los resultados más relevantes son que el acceso en general es precario, de bajos sueldos e informal en general”, expone Rodríguez.
«Otra característica es que los empleos a los que este grupo de mujeres accede no tienen perspectiva de género, por lo que les hace más difícil emplearse y mantenerse trabajando ya que en su mayoría también tienen responsabilidades de tipo doméstico que dificultan el trabajo formal de tiempo completo», agrega.
Por eso Catalina Droppelmann, directora del Centro Justicia y Sociedad, sostiene: “Esperamos que esta información sirva de base para la elaboración e implementación de programas que, haciéndose cargo de las necesidades específicas de esta población, aumenten sus probabilidades de reinserción social”.
