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Contrario a los dichos del Presidente Piñera, la nueva Ley de Migraciones no está en plena vigencia, sin embargo, sí opera hoy el artículo octavo transitorio de la ley, que exige dejar Chile en menos de 180 días. Una política pública que, en la práctica, resulta inviable para quienes no tienen los medios para retornar a sus países.
Eran las diez de la noche cuando Antonieta Armas y su familia decidieron atravesar la oscuridad por el desierto. Hace tres meses habían dejado Venezuela a pie con la esperanza de establecerse en Ecuador y dar a luz su tercer hijo allí. Sin embargo, la sombra del hambre les pisaba los talones y su peregrinación debió continuar durante el mes de abril por Perú, Bolivia, hasta llegar el dieciocho de ese mes a Chile.
“Crucé el desierto, con asma en el pecho y mi madre en brazos. Ella decía que no podía más, que se iba a morir. Mi pareja llevaba al pequeño de un añito. Los dos chicos de nueve y cuatro iban solitos, bien valientes. Al rato se escucha un llanto, un alarido de dolor. Era mi bebé que le dio mal de páramo. Cuando le quitamos los guantes y los calcetines, estaba con los deditos tan hinchados que no los podía ni mover.”
Antonieta (26), junto a su pareja, Gustavo Malave, apenas salieron del desierto, a eso de la media noche, fueron a Carabineros a autodenunciarse por entrar de manera ilegal al país: “Yo leí que era mejor que el gobierno supiera de mí, yo no quería ser invisible”. Luego de pasar la aduana, la familia, junto a otros detenidos en la frontera, fueron trasladados en un bus al Estadio Cavancha, en Iquique. Mientras recibían atención médica, comida y artículos de aseo, Antonieta conoció a Carolina, la psicóloga a quién llamaría cuando, cinco días después, llegase la PDI pronunciando a viva voz los nombres de quienes serían forrados en overoles blancos y subidos en un vuelo en dirección a Venezuela. “Fue una locura, llegaron tan de repente, sin decir nada, solo con una lista llamando a firmar. Entraron y dieron vuelta todo, buscando si quedaba alguien escondido. Se los llevaron en plena noche. No tenían ni PCR hecha, nada.” Cuando Antonieta la llamó para preguntarle por qué ninguno de los que andaban con menores fue notificado, la sicóloga le respondió: “En algún momento dado, a todos les va a llegar, porque lo que ustedes hicieron es un delito”. Y así fue. Al poco tiempo, Antonieta recibió su carta de expulsión: tenía 180 días para irse.
“Yo le pedí tanto a Dios que me ayudara a cruzar la frontera, ese desierto terrorífico”, recuerda Ángela Castro (45), cuando envuelta en un frío de cuatro grados, se enjugó los ojos, despertó a sus dos hijos de seis y trece años, tomó las mochilas y se zambulló en lo que creía era el fin del éxodo. Los niños se quejaban del frío y, sin embargo, no se detuvieron una sola vez durante las siguientes cuatro horas de caminata. Y es que la odisea, como le llama Ángela, había comenzado un mes atrás en su ciudad natal, Barquisimeto, en el Estado de Lara, Venezuela. Fue el 25 de enero del 2021, cuando, por amenazas de secuestro, decidieron abandonar todo y reencontrarse en Chile con los demás del clan: su pareja (50) e hijo (16).
Salieron a pie desde Venezuela, atravesaron Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia: transitaron alrededor de seis mil kilómetros, bajo lluvias húmedas y soles incandescentes, sin guías ni coyotes. Simplemente se incorporaban a las caravanas de migrantes que encontraban en el trayecto y Ángela les susurraba a sus hijos: “Agárrense de las manos o péguense mío”.
Cuando se le pregunta cómo sabían el camino correcto, ella, de tez oscura como la canela y su pelo café cobrizo, señala hacia al frente, donde se escucha que merodea su hijo de trece años: – Él venía con un mapita y de repente soltaba “¡Mira, mami, venimos por aquí!”–.
A las cuatro de la mañana llegaron a Colchane. Muchos migrantes llegan en estado de shock, deshidratación severa o desorientación luego de las largas distancias transitadas a pie. Los tres caminantes comenzaron a hacer señas a los camiones para que los llevasen. Nadie los subía a riesgo de cometer un delito:– De pronto nos pasaban cositas y decían “Tome, señora, pa’ que se ayude”–.
Durante la madrugada de aquella noche, Ángela y sus hijos fueron vistos por dos carabineros. Cuando ambos agentes se les acercaron, les informaron que debían autodenunciarse porque de todas formas serían expulsados tarde o temprano. Aun así, les permitieron seguir adelante solos y eso hicieron. Un boliviano les ofreció transportarlos hasta Huara, por cien dólares cada uno. Allí estuvieron durmiendo en la calle hasta que la mujer logró conseguir un teléfono y llamar a su marido, quien le envió un amigo de confianza a recogerlos que les cobró 250 mil pesos por cada uno, dinero que hoy, tres meses después, aún no terminan de pagar. “Pagamos, yo sé que fue una locura, pero era el desespero total, estábamos mal, hambrientos, sedientos y solos, solos en ese desierto”.
Según cifras del INE, durante el 2020 aumentó un 19% la población de extranjeros viviendo en Chile, llegando a un total de 1.492.522 personas. El Servicio Jesuita Migrante (SJM), a través de una solicitud de transparencia a la PDI, consultó la cifra de ingresos clandestinos reportados hasta la fecha. En el informe, se observa un total 16.848 ingresos durante el 2020 y 13.648 el 2021. Estos datos han sido recopilados solamente a partir de las autodenuncias presentadas. Antonieta Armas y Ángela Castro pertenecen a esa cifra y hoy, ambas tienen en sus manos la amenaza de expulsión que les concede un plazo de 180 días para abandonar el país.
“Si vuelvo a Venezuela me matan”, afirma Ángela Castro, que se desempeñaba como profesora en una escuela pública en Lara y hoy como empleada doméstica en Puerto Varas. “Mi jefa me dice que no me puede tener porque es ilegal, y yo no puedo volver porque soy opositora al régimen”. Según relata, desde diciembre del 2020 llegaban frecuentemente hombres del gobierno a su casa para hacer allanamientos, sabiendo sus datos personales y preguntando sobre el sueldo de su marido, quien se había radicado hace un tiempo en Chile.
En la Cuenta Pública 2021, el presidente Piñera se refirió a la Nueva Ley de Migración y Extranjería o Ley 21.325 y aseguró que hoy se encuentra en plena vigencia. Sin embargo, si bien esta fue promulgada el pasado 11 de abril, aún falta la publicación del Reglamento de Migraciones para ser implementada. Para esto, según la propia norma en su artículo décimo, se establece un plazo de un año. Actualmente, el único artículo vigente es el octavo transitorio, el cual ha despertado suspicacias entre organizaciones pro migrantes y expertos.
Esta nueva Ley de Migraciones y Extranjería, fue promulgada luego de casi 8 años de tramitación en el Congreso y los principales cambios que plantea son: la eliminación del Departamento de Extranjería por el Servicio Nacional de Migraciones y sus Direcciones Regionales. Luego, la prohibición del ingreso a Chile con Visa Turista para luego cambiarla por una Visa de Residencia. Se implementó también, la Visa Consular. Por último, advierte que quienes hayan cometido delitos o hayan ingresado por pasos no habilitados están sometidos a riesgo de expulsión administrativa. A esto se le suma la ejecución de un programa extraordinario de regularización de migrantes, para quienes ingresaron a Chile hasta el 18 de marzo de 2020.
El artículo octavo transitorio de la Nueva Ley de Migración permite a las personas migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados antes del 18 de marzo del 2020, solicitar un visado de residencia temporal sin sanción en un plazo de 180 días.
Con solicitud en mano, podrán obtener un permiso temporal de trabajo durante el tiempo que demore su tramitación. Además, sin que se les aplique sanción, se permite la salida de migrantes en situación irregular dentro de 180 días desde la publicación de la norma (11 de abril 2020).
Según el abogado constitucionalista, Martín Canessa, también patrocinante del requerimiento en contra de la nueva Ley de Migraciones del gobierno, la situación de quienes ingresan por paso no habilitado es especialmente grave, “porque la ley les ofrece una alternativa que suena bien, pero que no es factible: salir del país, sin sanción administrativa, y solicitar su visa una vez que se encuentren fuera. Es problemático porque no se les ofrece un horizonte de certidumbre: ¿qué visa podré pedir? ¿voy a poder entrar nuevamente a Chile si sigue limitada la movilidad por coronavirus? ¿cuánto tiempo se demorarán en tramitar mi visa y cuánto tiempo tendré que estar fuera? ¿me recibirá el país al que migre? Ante todas estas interrogantes, lo más probable es que esa gente opte por mantenerse en el país en vez que por salir… y quedará condenada a la irregularidad eternamente.”
En la misma línea, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, criticó el artículo hasta ahora implementado, alegando que “perpetúa la irregularidad y criminaliza la migración”, dado que “las personas, para poder cumplir lo que requiere el artículo octavo transitorio, necesitan de recursos que quienes vienen de dictaduras como la de Venezuela no tienen, pues han dejado su vida, familias trabajos desde la desesperación y en medio de una crisis sanitaria.”
Kilómetro Cero se puso en contacto con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se había recibido respuesta.
