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Comida descompuesta, cajas incompletas e incumplimiento de contratos fueron algunas de las irregularidades que detectó Contraloría en las proveedoras en 2020. De las 12 compañías, siete previamente amonestadas ganaron la licitación de este año para distribuir productos alimenticios hasta 2024, dos son acusadas de falsificar sus estados de cuenta en la postulación de 2021 y otras tres presentan la misma dirección y representante legal de una empresa sancionada el año pasado. Mientras tanto, los apoderados siguen reportando problemas con la entrega de sus alimentos y las denuncias formales han sido respondidas institucionalmente con un “agradecemos su comunicación…”.
“Ya no quería retirar la (canasta) Junaeb porque el año pasado los garbanzos venían con gusanos”. Esa fue la experiencia de R.P, madre de una menor beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Colegio Cristóbal Colón, en Conchalí.
Producto de la mala experiencia decidió no buscar las cajas este año. A su vez, la empresa que acaba de ser adjudicada para seguir en la entrega de alimentos en ese establecimiento es la Distribuidora Las Lagunas Ltda., sociedad sancionada en 2020 y acusada de falsificar sus estados financieros en la licitación de este año.
El caso de R.P es solo una de las denuncias que han hecho los apoderados este año ante la Junaeb por irregularidades detectadas en la entrega de productos: en marzo, en tres comunas de la Región de Los Ríos, se distribuyeron pollos con salmonella, afectando a más de 2.000 beneficiarios.
A finales de ese mismo mes, en Valparaíso, se retiraron latas de jurel con “olor extraño” en un tercio de los establecimientos cubiertos por el programa. La empresa que entregó estas latas: Salud y Vida, misma organización que, a pesar de no haber pagado sus multas al momento de postulación, ganó el permiso para seguir proveyendo alimentos hasta 2024.
Todas estas fallas mencionadas son de este año y, a su vez, son similares a las registradas por los informes de Contraloría en 2020, por lo que no ha habido una clara reacción de la Junaeb a los problemas detectados.
De las 14 empresas que ganaron la licitación, hay doce que se llevaron el 97% del presupuesto del concurso de la Junaeb de 2021. Estas presentan sanciones previas, incumplimientos o tienen el mismo controlador. La histórica cifra –que equivale al presupuesto anual de gratuidad para la educación superior– fue de poco más de 1 billón 19 mil millones de pesos.
De ese monto, 995 mil millones fueron divididos en doce organizaciones con irregularidades: siete con sanciones impagas (por incumplimiento de contratos) a la fecha de ganar la licitación; dos acusadas de falsificar sus estados de cuenta (cuánto capital poseen) en la postulación y tres que tienen como representante legal y/o creador a Jorge Orellana, dueño de la Las Dalias S.A., proveedora inhabilitada para contratar con el Estado desde diciembre del año pasado.
Para evaluar la situación actual, se buscó el concurso de 2021 en mercadopublico.cl y se elaboró una lista con las empresas ganadoras. Al revisar los documentos del concurso de este año los documentos del concurso de este año se logró determinar que doce de las 14 compañías totales presentaron irregularidades a la hora de ser contratadas. Los datos se verificaron con las escrituras disponibles en el Diario Oficial y en el Archivo Judicial.
A pesar de los informes de Contraloría de 2020, las denuncias hechas por los apoderados en los canales formales de la Junaeb han continuado, siendo respondidas con respuestas automáticas que solo verifican que el reclamo ingresó al sistema: “Agradecemos su comunicación…”.
Mientras continúan las quejas de los beneficiarios, doce empresas, a las que se le adjudicó la entrega de alimentos hasta 2024, presentan irregularidades en sus antecedentes y al menos siete de ellas tenían sanciones impagas al ganar la licitación más reciente. Desde la Comisión Investigadora de la Junaeb en el Congreso indican que este es un problema que data de muchos años y expertos señalan que la situación nutricional de menores en Chile está “en cifras negras”.
“Mi esposo se rompió la mejilla debido a un pedazo de vidrio (en las lentejas)”. “Me llegó un producto en mal estado (…) un atún con olor putrefacto”. “Esta no es la primera vez que vienen frutas que parecen pasas”. Esos son fragmentos de tres de las 72 denuncias, obtenidas por Transparencia, hechas ante la Junaeb desde noviembre del año pasado a mayo de 2021 –periodo no evaluado por los informes de Contraloría–. La respuesta a todos los reclamos son mensajes genéricos automatizados. Uno de ellos: “Agradecemos su comunicación…”.
En la Región Metropolitana, R.P, madre de una menor beneficiaria, denunció ante la institución estatal la presencia de carne podrida y porotos con larvas a finales del año pasado: “Hice un reclamo, pero nunca tuve respuesta”. En la misma zona, Roxana Montaya, mamá de una niña, tuvo una experiencia similar. Ella comenta que las frutas siempre vienen con trozos en mal estado: “Igual se pueden comer”, admite en un tono de decepción.
“Los profesores jefes me avisan y me dicen que los apoderados estaban diciendo que las leches estaban malas, que tenían mal olor” dice Ángel Treconao, director de la Escuela San Dionisio, ubicada a las afueras de Colbún. Lo relatado ocurrió en abril de este año y durante 15 días, tiempo que demoró la Junaeb en responder, varias familias se quedaron sin el alimento.
La comida en mal estado no es la única denuncia común ante la institución, el contenido de las cajas también es cuestionado. Hay liceos y escuelas donde el cambio fue radical este año. El Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA), en La Pintana, solo recibió en la canasta de abril seis huevos, un kilo de leche en polvo y un kilo de harina. El contenido no cubre ni un tercio de lo indicado en la página institucional.
“Simplemente nos encontramos con la sorpresa de que este año (la canasta) se vio disminuida”, comenta Francisca González, docente del establecimiento. Desde la institución estatal respondieron que esas porciones eran las correctas y que en la página había un error. Sin embargo, en el sitio web, las canastas de los siguientes meses siguen presentando la misma información y el centro educativo sigue recibiendo solo tres productos por beneficiario.
Al contactar a la Junaeb respondieron que las denuncias de este año han tenido respuesta y esta no ha sido automatizada, pero que pueden existir fallas en el proceso. “Pueden ser casos en que nos llegan los reclamos y después la respuesta no es completa a través de los canales oficiales porque los solucionamos de forma masiva”. Sin embargo, ninguna de las personas que denunciaron irregularidades en sus cajas para este reportaje comentó haber obtenido soluciones por parte de la institución.
Maritza Jaramillo reside en la comuna de Los Lagos. A inicios de marzo de este año se dirigió a retirar una de las 349 canastas correspondientes al establecimiento Escuela Rural Folilco. Dentro de esta habían 600 gramos de pollo marca Marval. Lo guardó y al día siguiente lo cocinó para su familia. Unas horas después, uno de sus hijos empezó a tener fiebre, diarrea y dificultades para comer. Estuvo así durante una semana y Maritza, por la lejanía de su residencia de centros asistenciales, decidió no ir al médico.
Sin embargo, el 17 de marzo estaba revisando sus redes sociales y vio un post en Facebook de “Los Lagos TV” que la dejó sorprendida: “Aparecen los relatos de vecinos de Los Lagos que consumieron producto de Junaeb donde pollo vendría con bacteria…”.
“Después de que se supo todo esto el colegio nos informó, pero ya era demasiado tarde”, comenta Maritza. Al consultarle si se reemplazó el producto o si se les entregó alguna ayuda por la situación, asegura que no obtuvo ninguna respuesta.
En total, más de 2.000 personas recibieron el pollo con salmonella en las comunas de Los Lagos, Lanco y Lago Ranco. El descubrimiento de los hechos se hizo producto de una inspección rutinaria –y aleatoria– a cargo del Seremi de Salud. La patología es causada por una bacteria que afecta con mayor gravedad a menores y embarazadas. La enfermedad puede causar gastroenteritis en los niños y los síntomas abarcan cuadros de fiebre, diarrea, vómitos, acompañado de fuertes dolores de estómago.
La empresa responsable fue Las Dalias S.A, compañía que lleva un registro de sanciones desde 2018 a la fecha y que, en diciembre pasado, fue inhabilitada para contratar con el Estado por prácticas antisindicales, según el documento de Mercado Público obtenido a través de Transparencias.
A finales de marzo, pero en la Región de Valparaíso, en 243 establecimientos de 641 que recibieron latas de jurel, tuvieron que retirar las conservas, pues apoderados habían denunciado “olor extraño” o “mal olor”. Daniela Crooker, madre de un menor en el Liceo Bicentenario de Valparaíso, consumió el producto: “Llegamos a la casa y yo inmediatamente los cociné. No nos pasó nada grave, pero como te digo tuvimos un poco de indigestión”. A los días le llegó por el grupo de Whatsapp del liceo el comunicado de la Junaeb respecto a la situación. El producto de marca “San Lázaro”, distribuido por la empresa Salud y Vida (Savisa), tuvo que ser retirado de los establecimientos.
La jefa del Departamento de Programas de Alimentación Escolar, Lorna Villalobos, comenta que el reemplazo de productos “siempre se ha producido”. Sin embargo, ni Maritza Jaramillo ni Daniela Crooker han recibido a la fecha de este reportaje ningún producto que sustituya al entregado en marzo de este año.
Las dos empresas asociadas a los hechos mencionados anteriormente (Las Dalias S.A y Savisa) están relacionadas a la licitación de 2021. Esta permite a las proveedoras distribuir alimentos hasta diciembre de 2024, a los menores pertenecientes al 60% más vulnerable de Chile. A su vez, ambas son mencionadas en los informes de Contraloría en 2020 por irregularidades en la entrega de las canastas.
Ante los informes de Contraloría de 2020 y las denuncias recolectadas para este reportaje sobre el funcionamiento de las cajas Junaeb en la actualidad, se pidió por Transparencia el número de supervisores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de fiscalizaciones hechas entre marzo del año pasado al 10 de junio de 2021.
Como resultado, en 2020 habían 483 supervisores y la cantidad bajó a 265 para junio de este año. En cuanto a las visitas realizadas en terreno, si en 2020 la cifra fue de 162.622, hasta mediados de junio de 2021 el número llega solo a 21.175. Una disminución del 86% en supervisiones y una reducción a casi la mitad de inspectores PAE en relación a 2020.
Desde la experiencia de los fiscalizadores, la situación ha sido difícil. Natalia Ramos es supervisora PAE desde hace nueve años en la Región de la Araucanía. En su grupo de trabajo son 12 mujeres que laboran en terreno y que en cada ciclo tienen que visitar un aproximado de 80 establecimientos cada una. ”Ha sido bastante complejo. La dispersión de centros educativos es muy amplia, a veces tenemos que usar la locomoción colectiva y recorrer decenas de kilómetros. Incluso en ocasiones superamos las 10 horas de trabajo diarias. Es muy complejo en términos laborales”, confiesa Natalia.
En 2020, la Junaeb decidió contratar compañías para que ayudaran en el proceso de supervisión y agilizar el trabajo de los funcionarios. A través de datos de la institución obtenidos por Transparencia, en ese año se contrataron 287 fiscalizadores externos. Sin embargo, Natalia Ramos comenta que la situación no favoreció a los trabajadores: “Estas empresas dejan bastante que desear (…) solo se encargan de tomar fotos a canastas, hacer actas y se van. No hay un verdadero control”.
Desde la Junaeb explican que la información obtenida por Transparencia, que da cuenta de un descenso en fiscalizaciones y supervisores PAE en 2021, “no cuadran” con los que maneja la institución. “Nosotros llevamos seis ciclos y estamos haciendo un promedio de cinco mil y algo. Llevamos alrededor de 30 mil supervisiones este año”, comenta Lorna Villalobos, jefa del Departamento de Programas de Alimentación Escolar. De todas maneras, la cifra entregada da cuenta de un descenso en los números de este año en relación a 2020. Se le solicitó a la institución los datos que manejan internamente para corroborar los recibidos por Transparencia, pero no hubo respuesta.
“El modelo actual es un modelo de negocios en que las empresas que participan en las licitaciones maximizan los beneficios disminuyendo los costos”. Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora de los actos u omisiones de la Junaeb), el 12 de abril de este año, en el Congreso. Sin embargo, los datos que fueron analizados correspondían a informes de Contraloría que acusaban irregularidades en la distribución de alimentos entre 2017 y 2018.
“Todos ellos (las empresas) desfilaron por acá (el Congreso)(…) Desde la Central de la Junaeb declararon ignorar todas las denuncias hasta que aparecieron”, comenta Juan Luis Castro, presidente de la Comisión. Como informó Cooperativa, una de las proveedoras que tenía mayor cantidad de denuncias fue Las Dalias Alimentación S.A que, en 2018, tenía un 13% de incumplimiento y en 2019 aumentó a un 22% . Las acusaciones continuaron durante 2020: porotos con larvas y leche en mal estado fueron entregados en la Región de Los Lagos.
A través de Transparencia se obtuvo acceso al documento de Mercado Público que indica que Las Dalias Alimentación S.A, la misma compañía responsable de proveer de pollo con salmonella en marzo, fue inhabilitada para contratar con el Estado en diciembre de 2020 por “prácticas antisindicales”.
Jorge Orellana, su dueño, está asociado con 3 empresas distintas en la línea 2 –exclusiva para pymes– de la licitación de 2021: Sociedad de Servicios y Alimentos iFOOD SpA, Tecnología en Alimentos SpA y Casinos Integrados S.A. Todas presentaron precios casi idénticos, tienen el mismo representante legal –Jorge Orellana– y ubicación: Maulen 300, Quilicura, Santiago; dirección que corresponde a Las Dalias S.A.
A través de “Inversiones Jorge Orellana Limitada”, se inyectaron 250 millones de pesos a Tecnología en Alimentos SpA dos semanas después de los resultados de la licitación 2021-2024. Para comprobar la relación de Orellana con las sociedades, se revisaron las escrituras en el Archivo Judicial y se verificó que tanto en iFOOD SpA como Tecnología en Alimentos SpA, el dueño de Las Dalias S.A aparece como parte del directorio.
En el concurso de este año, las tres empresas acumularon poco más de 47.900 millones de pesos con los contratos adjudicados, lo que equivale al 47,8% del total licitado para las pymes. Esto se traduce a que las compañías entregan un promedio de 95.943 raciones de comida diarias.
Ninguna de las tres empresas mencionadas (iFOOD SpA, Tecnología en Alimentos SpA y Casinos Integrados S.A) respondieron nuestras solicitudes de entrevista.
Al consultarle a la Junaeb sobre la situación de las proveedoras relacionadas con Orellana, responden que “todas las denuncias han tenido respuesta” y que el Departamento Jurídico de la institución maneja toda la información. Se le hizo una petición para que nos facilitaran mayores detalles y documentos relacionados, pero no hubo respuesta a la fecha de cierre de este reportaje.
Otras siete compañías: Salud y Vida, Aliservice, Hendaya, Nutriplus, Soser, Marchant Ibáñez y Cía y Silva Gómez y Cía, presentaban sanciones impagas –por incumplimiento de contrato– a la hora de postular al concurso de este año, según el informe de la Comisión Evaluadora del proceso. En los requisitos de postulación para personas jurídicas (empresas) no existe impedimento de hacerlo aunque se tengan multas anteriores.
Distribuidora Las Lagunas Ltda, junto a Aliservice y UTP Tekarera, fueron acusadas por Fedir SpA (compañía que perdió el concurso) de adulteración de sus estados financieros, fingiendo un capital inflado mayor al que tenían para poder tener una mejor evaluación en la licitación. Todo esto a través de una querella interpuesta por el abogado de la empresa ante el 7o juzgado de garantía. Además, Distribuidora Las Lagunas y Aliservice acumulan, al 5 de junio de este año, 27 y 38 multas impagas.
A través de Transparencia se accedió a datos de la Junaeb que revelan el número de sanciones a las proveedoras desde el 24 de diciembre de 2019 al 10 de junio de 2021. En total se han realizado 296 amonestaciones que equivalen a 3.278 millones de pesos. De esa cifra, 213 no han sido pagadas y el monto corresponde a 2.748 millones de pesos, un 84% del total.
Entre las empresas ganadoras de la licitación que no han pagado sus penalidades a junio de 2021 están: Soser y Aliservice, con 32 y 38 sanciones respectivamente; Marchant Ibañez y Cía tiene 17; iFOOD SpA acumula 14 y Distribuidora Las Lagunas posee 27.
Desde la Junaeb aseguran que aquellas proveedoras con multas impagas y que ganan las licitaciones, tienen un precio más caro para operar con la institución. Sin embargo, añaden que no pueden hacer más al respecto: “Nosotros nos manejamos en un marco normativo en el que no podemos llegar y determinar que ciertas empresas, por tener sanciones, no pueden participar”, comenta Lorna Villalobos, jefa del Departamento de Programas de Alimentación Escolar. Al preguntarle por la desconfianza que esta realidad puede generar en los beneficiarios, no se obtuvo respuesta.
Sin embargo, Cristina Girardi, diputada PPD y exintegrante de la Comisión Investigadora de la Junaeb en el Congreso, califica los hechos como “gravísimos”: “Fácilmente podría estar estipulado en las bases que aquellas empresas que han sido multadas reiteradamente no pueden ser parte de nuevas licitaciones”. La parlamentaria enfatiza en que la institución no ha hecho nada para evitar el “aprovechamiento” de las sociedades.
La Junaeb admitió el 25 de marzo de este año, un aumento de la obesidad en menores de alrededor de 25% en relación a 2019. El Mapa Nutricional 2020 de la institución detectó que aquellos estudiantes pertenecientes al primer quintil (mayor vulnerabilidad) tienen 44% más de probabilidades de padecer obesidad que los del quinto quintil.
En una conferencia de prensa realizada en esa fecha, el director de la Junta Nacional, Jaime Tohá, aseguró: “Estamos trabajando en una batería de medidas urgentes que buscan impactar positivamente en la nutrición de nuestros escolares (…) en el Programa de Alimentación Escolar”.
Desde la Junaeb comentaron que este año se ha reducido la cantidad de carbohidratos en las canastas y se ha aumentado la presencia de pescado y de frutas frescas. Sin embargo, las denuncias actuales, obtenidas por Transparencia, incluyen críticas a la poca variedad de productos, sobre todo, el exceso de carbohidratos en las cajas.
Claudia Villablanca, nutrióloga infantil con especialización en Nutrición y Alimentos, explica que si no se cubren las necesidades nutricionales de los menores “pueden tener repercusiones no solo en el crecimiento, sino en la inmunidad y en el desarrollo”. Además, agrega que como la Junaeb no es responsable de la total alimentación de los niños, con mayor razón se debe asegurar que aquella que sea dependiente de la institución debe ser la correcta y se debe entregar en buen estado.
Dentro de estas conclusiones es que enfatiza Nelly Bustos, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Ella indica que no se le puede “echar la culpa a la canasta” en relación a la situación actual de obesidad de menores en el país, pues ésta sólo aporta entre el 40% al 50% de la alimentación diaria del niño: “Hay otro 50% que depende de la familia”.
Las consecuencias de la obesidad pueden ser graves si se inicia desde la educación inicial. Un alumno que en primero básico padezca alto sobrepeso, tiene 90 veces mayores probabilidades de seguir así en cuarto básico, señala Bustos.
Expertos coinciden en que la Junaeb no es la culpable en las cifras nutricionales en niños en el país. Sin embargo, “podrían asegurar la posibilidad de que la alimentación escolar fuera óptima”, comenta la diputada Girardi. Mientras que la académica Nelly Bustos concluye que el problema nutricional viene de hace mucho rato y que “la responsabilidad recae en el Estado”.
* Este reportaje fue elaborado por Gustavo Araque e Ignacio Agurto, estudiantes de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la sección del profesor Pedro Ramírez del curso Taller de Periodismo Avanzado.
