A cinco años del acceso a la gratuidad en la Educación Superior: antiguos estudiantes evalúan la educación gratis de antaño

Las primeras generaciones de estudiantes que accedieron a la gratuidad en la Educación Superior a partir del 2016, viven hoy sus respectivos procesos de egreso. Se trata de jóvenes que cumplieron con los requisitos socioeconómicos y académicos requeridos para acceder a educación gratuita de acuerdo a la Ley de Presupuestos que, desde 2016, benefició a estudiantes del 50%más vulnerable de la población en universidades acreditadas. El 2017 esta ayuda se amplió a centros de formación técnica e institutos profesionales llegando a cubrir al 60% de los estudiantes con menores recursos.

Según cifras de la Subsecretaría de Educación Superior, cerca de 430 mil estudiantes contaron con la gratuidad el 2021. De ellos, casi 70 mil (un 8,7% del total) la perdieron por exceder la duración de sus carreras, principal requisito de este beneficio. 51.301 jóvenes debieron recurrir a créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario o el CAE para terminar sus estudios. ¿Es suficiente el apoyo que se brinda a través de la forma actual que rige a este beneficio o queda un marco de desprotección pendiente que no recogen los formularios y plantillas de Excel?, se preguntan autoridades universitarias, especialistas y los mismos afectados/as. En particular, comparan cómo funcionaba la gratuidad universitaria antes de que la dictadura de Pinochet favoreciera un elemento neoliberal a la hora de cursar una profesión.

Así lo recuerda Juana Fuentealba, ex presidenta del Colegio de Profesores y secretaria nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Educación, quien recuerda tiempos en que, asegura, “la educación era un bien social y no de consumo, una suerte de herencia que los padres dejaban a sus hijos”. Fuentealba rememora que la Reforma Educacional del Gobierno de Eduardo Frei Montalva permitió que las familias más pobres pudieran aspirar a la Educación Superior gracias a estudios gratuitos que se afianzaron en la década de 1970 a través del arancel diferenciado, becas y otras ayudas.

“Se lograba acceder a la educación universitaria pasando por una selección en igualdad de condiciones, ya que la educación primaria y secundaria era la misma para todos y todas. En mi caso, tuve gratuidad total, lo que me permitió no solo el acceso, sino también la permanencia y titularme en una universidad estatal”, explica. Al igual que ella, el músico y escritor Mauricio Redolés, explica que antes de su expulsión de Chile en dictadura, cursó estudios superiores donde el pago era proporcional al ingreso del jefe de familia. “Te decían, traiga la liquidación de sueldo y el certificado de nacimiento de su padre, que en mi caso era un profesor de Educación Básica. Yo llegaba con esos documentos y me decían, tienes que pagar 18.000 pesos por el primer semestre y 18.000 pesos por el segundo”.

Fuentealba declara que los estudios gratuitos otorgados por el Estado creaban la conciencia en los estudiantes beneficiados de que este privilegio exigía una retribución y compromiso para, una vez titulados, devolver al Estado servicios en lo público al menos un par de años. “Esto era la respuesta a lo que hoy no existe, la subsidiariedad no genera conciencia social, apunta al individualismo y esto es algo que la Ley de Gratuidad actual no contempla”, explica.

Por su parte, el docente de la Universidad de Chile, Sergio Campos, recuerda que ingresó a la Universidad Técnica del Estado y cursó con gratuidad la carrera de publicista y profesor de publicidad, estudios que dejó inconclusos para dedicarse a la locución y el periodismo. «Para mí la educación gratuita fue fundamental, si no no habría podido estudiar con los precios que cuesta la universidad hoy en día», afirma.

La gratuidad cómo una tómbola

Décadas después, la reimplementación de la gratuidad en la educación superior que conocemos hoy fue una conquista de la sociedad y de la movilización de los estudiantes, plantea Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, uno de los planteles acreditados que cuenta con este beneficio para sus estudiantes. “Como punto de partida es algo para valorar, sin embargo, como beneficio, es algo perfectible ya que se constituyó sobre la base de un subsidio a la demanda y no representa un fortalecimiento de las instituciones, sino que está ligado a un voucher y ese modelo de financiamiento está más concebido como un beneficio focalizado que como un derecho”, cree el académico.

Otro elemento de mejora, añade Ramis, tiene que ver con la cantidad de años tras los cuales se agota el beneficio de la gratuidad. “Esto hace muy difícil que todos/as los/as estudiantes puedan cumplir a cabalidad su ciclo formativo en un lapso de tiempo en el que pueden darse casos de maternidad y otros eventos propios de estudiantes de regiones, aquellos con enfermedades u otros que deben recurrir al mercado laboral para sostener a sus familias. Creo que podrían establecerse una serie de causales qué permitan a un estudiante congelar, combinar el trabajo, reducir su carga académica, tener un proyecto de maternidad y enfrentar otras eventualidades sin perder la gratuidad”, sostiene.

De entre los/as estudiantes que estudiaron con la gratuidad, Viviana Flores, egresada de la carrera de Geografía de la Academia (UAHC), explica que en los primeros semestres no contó con ningún tipo de beneficios, lo que cambió cuando cursó los últimos dos años con ese apoyo. “La diferencia es notoria. El haberla obtenido me permitió mayor autonomía e independencia en torno a mi proceso al saber que no estaba afectando directamente el bolsillo familiar. Una estudia sin una carga, sin una mochila y esa libertad te permite también poder estar más relajada y afrontar los estudios de mejor manera”, agrega.

Con todo, la asignación actual, si bien representa un paso en la dirección correcta, no está exenta de las deficiencias que caracterizan a todas las postulaciones a beneficios que se hacen en nuestro país, sostiene Flores. “A veces ocurría que el beneficio no estaba asignado realmente a todos y hubo compañeros que tenían peor situación que una y no lo recibieron por una incongruencia en los datos. Ahí el sistema es bien tajante y complejo, es como una tómbola”.

Al igual que Flores, la estudiante saliente de la Licenciatura en Historia, Fernanda Paillacar, recuerda el alivio que le produjo verse favorecida por la gratuidad. Considera que la “letra chica” que exige cursar la licenciatura en cinco años exactos para renovar el beneficio -sin espacio para eventualidades o reprobar un ramo- le generaba una gran ansiedad.

Explica que, de no haber conseguido la gratuidad hubiese debido trabajar y estudiar a la vez o postular al Crédito con Aval del Estado como algunos compañeros. “Vivía esa enorme presión de no echarme un ramo que me retrasara y obtener el título en los años justos que cubre la gratuidad. Nunca estuve en riesgo, pero si te sumaran un año de gracia, no tendrías encima esa preocupación de reprobar ramos”, dice ya camino a estudios de postgrado. Fernanda dice estar optimista de un futuro donde la educación superior esté garantizada para todos/as en una nueva Constitución y que deje de ser una oportunidad para pocos/as. “Tengo una hermana menor y me gustaría que ella no tuviese que pasar por los problemas que yo pasé para estudiar. Que llegue el minuto en que no estés cruzando los dedos para ver si te ganaste una beca o la posibilidad de estudiar gratis en esta especie de tómbola”, reflexiona.

Universidad gratis: Una garantía constitucional

El rector Ramis considera que una propuesta de arancel diferenciado, como el de antaño, podría resolver gran parte de las problemáticas que la gratuidad no supera aún. “El punto clave es que debería ser un sistema complementario a la gratuidad en que se otorgue este beneficio para ciertas condiciones y aranceles diferenciados que tengan relación con carreras prioritarias donde existe un sub abastecimiento”, recomienda ante la merma de estudiantes de las carreras de pedagogía u otras técnicas.

A su vez, Mauricio Redolés también cree que el momento constituyente podría tender a la búsqueda de una propuesta de estudios universitarios gratuitos: “Eso sería como recuperar un estado de cosas que existía hasta el año 73. Uno donde gente como Sebastián Piñera o sus ministros estudiaron gratis”. Por su parte, la profesora Fuentealba también considera que “la educación universitaria debe volver a ser gratuita y de excelencia para todos/as los/as que opten a ella. “El Estado debe dar garantías para ello. Creo que es una tarea que la nueva constitución debe agendar, debemos hablar de la educación como un derecho humano y social irrenunciable desde el nivel inicial hasta el superior”, estima.

Respecto al futuro, el profesor y locutor Sergio Campos, coincide en que los ajustes a esta forma de ayuda deben quedar establecidos dentro de la nueva Carta Magna. “En la redacción de la nueva constitución los derechos sociales deben estar garantizados cómo ocurre en las naciones europeas, donde el estado de bienestar define a la educación como un derecho igual a la salud y a una pensión digna. Son elementos de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos de Naciones Unidas que deben estar incluidos», plantea el profesor Campos.

Mientras los estudiantes chilenos siguen endeudándose o cruzando los dedos para salir beneficiados por la gratuidad, países como Holanda, Australia, Nueva Zelanda o Bélgica proyectan sus metas para la provisión de profesionales en los próximos 5, 10 y 15 años fijando criterios para llenar plazas de distintas carreras con beneficios e incentivos como universidad gratis o aranceles diferenciados. Una iniciativa con visión de futuro, cree Álvaro Ramis, que podría ser considerada a nivel local.

“Existe un interés público de recuperar una noción de planificación en el Estado algo que en algún momento fue abandonado y reemplazado por la autorregulación del mercado que hoy es el criterio que provee profesionales que después la sociedad no va a poder absorber”, concluye.