Opinión
La Política Nacional de Inteligencia Artificial (IA), hoja de ruta para los próximos 10 años, constituye una buena noticia por los múltiples efectos -tanto positivos como negativos- que tiene y seguirá teniendo la IA. Por ello, se requieren esfuerzos estratégicos para buscar nuevos equilibrios y aprovechar los beneficios económicos y sociales que ofrece, pero también para proteger a las personas frente a riesgos y situaciones que afecten sus derechos.
De lo bueno, destaca la formulación de principios, ejes y objetivos acompañados de un “Plan de Acción” para cuya ejecución se promete una inversión pública de 26.000 millones de pesos; la adopción de un concepto apropiado de IA; la incorporación de áreas para su despliegue (como infraestructura, conectividad, formación de talentos, reformas de currículum, ejercicios de anticipación, entre otros); y, por supuesto, algunos de los principales aspectos regulatorios.
Sobre ellos es positiva la invitación a actualizar la normativa, sin olvidar que la tecnología amerita en algunos casos de una flexibilidad que no es propia de las reformas legislativas. Además, se valora el impulso a la protección del trabajo; así como a la legislación de protección de datos personales como un elemento central, pero está claro que los problemas éticos y jurídicos de la IA no se limitan a ella.
En propiedad intelectual son acertadas las propuestas para potenciar licencias adecuadas a las normas internas, pero conectadas con el tránsito internacional, esto es clave para “acercar posiciones en América Latina” y favorecer la coordinación e implementación de otras iniciativas como el DEPA (Digital Economy Partnership Agreement) y el MDR (Mercado Digital Regional) de la Alianza del Pacífico, que pueden ayudar a la recuperación económica postpandemia.
De lo malo: El tercer eje debió ser más robusto en cuanto a las áreas más sensibles (por ejemplo, consumo; sesgos y discriminaciones arbitrarias).
Los desafíos en infraestructura y conectividad -entre otros- son importantes.
De lo feo: La incertidumbre de un año electoral, los temores por el resultado de la Convención Constitucional, ciertas propuestas regulatorias “dormidas” y otras muy cuestionadas en curso; así como la situación política y económica del país, son contrarias al clima estable necesario para atraer inversión extranjera y para las oportunidades de innovación, emprendimiento y crecimiento a las que se aspira.
Volvamos a lo bueno…Con todo, nos quedamos con lo bueno, llamando a la prudencia y al consenso. Debemos trabajar por la recuperación económica. La inversión pública y las acciones propuestas pueden fomentar el ecosistema digital e impulsar la inversión privada. Pero la implementación de estos cambios amerita esfuerzos coordinados a nivel público-privado; nacional e internacional y de un trabajo complejo, riguroso y multidisciplinario que apenas está por comenzar.
