Inclusión
Pasaron más de 20 años desde la promulgación de las primeras normativas sobre accesibilidad en las ciudades, pero su implementación es aún una materia pendiente en algunos lugares. Esto, sumado a la falta de sensibilización, educación y conciencia vial, hacen que transitar espacios como la calle sea un desafío para ciertas personas, en especial si viven con discapacidad o son mayores.
Mónica Vicencio camina por la ciudad junto a su hija Mayra, que ocupa silla de ruedas. Esquivan los relieves de las veredas, se bajan a la vía cuando son más delgadas o bien tienen roturas y aunque siempre van atentas, a veces tropiezan y caen. Esperar el colectivo, en la pequeña ciudad de Copiapó, les tomaba entre 30 y 40 minutos ya que los choferes “no paran cuando nos ven” contó. Eso mismo motivó a la madre y trabajadora, a endeudarse y comprar su propio auto, lo que fue un desafío para una “mamá soltera”.
“Hace un tiempo lo compré y me estacioné en una zona no habilitada porque tuve una emergencia con mi hija, y aunque dejé el carnet de discapacidad y hablé con el carabinero, me sacó un parte”. Ese día llevó a Mayra de urgencia al hospital, ella tiene epilepsia refractaria y dificultades psicomotoras, suele concurrir con frecuencia al lugar que, de acuerdo a lo expuesto por Mónica, sólo tiene tres estacionamientos para personas con discapacidad, ubicados fuera de la institución.
Además de pagar su vehículo, está readaptando su casa que se encuentra pagando ya que “no estaba preparada para una persona con silla de ruedas, por eso hay que cambiar puertas y accesos”. Para Mónica, tanto los espacios físicos (tanto públicos como privados) como las personas, “no están preparadas para las distintas necesidades” que tienen los seres humanos y eso le duele y frustra tanto a ella como a otras madres. En medio de la conversación telefónica, recordó una conversación con una amiga que le compartió su pena ante la dificultad de tomar un colectivo: “su hijo le había preguntado si los colectivos no paraban porque él tenía silla de ruedas, ¿qué le respondes a un niño ante esa pregunta?, reflexionó.
En otra ocasión, salió vocal de mesa y por no tener quién cuide a su hija no pudo ir. Fue al juzgado a justificar su ausencia junto a Mayra, quien se quedó afuera de la oficina por falta de acceso al espacio y le dijeron “te salvaste, porque no eres tú la persona con discapacidad”, ignorando la imposibilidad que existe, en ciertos casos, de sólo moverse. La respuesta fue similar cuando fue a justificar el haber mal estacionado su vehículo.
La experiencia de Mónica y su hija es muy similar a la de Pilar Díaz. Es mamá de Florencia, una niña de siete años que tiene síndrome de down y usa silla de ruedas. La última vez que fueron al mall, en la ciudad de La Serena (ciudad que habitan), recordó un “temblor enorme”: el asesor no se pudo usar y no hubo forma alternativa de ir a un espacio seguro. Para hacer un trámite, al igual que Mónica, tiene que tener en cuenta el tiempo que perderá en “caminar por vías alternativas o esperar que alguien las ayude para subir una escalera” cuando no hay ascensor ni rampas habilitadas. Y en ocasiones, cuando las rampas están mal construidas “es peor” ya que “el esfuerzo en subir una silla de ruedas por una rampa muy empinada, es muy agotador”, acotó Mónica.
Marcela Rojas es mamá de Benjamín, un estudiante con síndrome de down que estudia en el mismo colegio que Mayra, Los Conejitos de Coanil (Copiapó). Si bien su hijo no tiene movilidad reducida, muchos de los amigos de él sí. Añadió que las calles “mal pavimentadas, hoyos, los trabajos a medio hacer y relieves” son una postal recurrente en la capital de la Región de Atacama. Aseguró que, pese a que su hijo no tiene movilidad reducida, la falta de claridad en algunas señaléticas, junto con la “mala demarcación” de los pasos de cebra, dificulta el traslado de su hijo y representa “una traba” para su autonomía: “A él le cuesta comunicarse para pedir ayuda, además en lugares como supermercados, las personas no respetan su lugar en la caja y pasan por delante de él, a veces tampoco respetan los estacionamientos y en la calle los conductores no le dan tiempo suficiente para cruzar”.
Las tres madres coinciden en que este problema implica, en parte, un “cambio conductual de las personas” expresó Mónica, y agregó que “todavía falta mucho por hacer y pensar teniendo en cuenta las distintas necesidades que tenemos todas las personas”.
Pamela Prett acuerda con lo sostenido. Dos de sus cuatro hijos nacieron con atrofia muscular espinal y usan silla de ruedas. Crecer en los años 90, era “diametralmente diferente” a lo que es hoy, eso bien lo sabe la directora de Ciudad Accesible, quien por esos años empezó su lucha. Una actividad tan común como ir a un supermercado, caminar por la calle o ir a un restaurante se volvió un problema. Y el problema no eran sus hijos, “era la ciudad” expresó.
Empezó mandando cartas, reclamos y como persona natural nunca fue escuchada. Así, ante un consejo, decidió crear la corporación, casi al mismo tiempo que salió la primera normativa relacionada en el país, que poco se implementaba. Al tiempo se dió cuenta que “nadie sabía lo que era una ciudad accesible” y su primer trabajo fue ese: informar. Hoy la corporación lleva publicados cuatro manuales y una serie de fichas con contenidos informativos. Gracias al trabajo en conjunto con arquitectos, mayor información sobre el tema y después de la Ley 20.422 y el decreto 50, la “accesibilidad y diseños universales” fueron tomando un lugar en algunas agendas.
Sin embargo, para Pamela se trata de “procesos, cambios generacionales” que por lo general suelen quedar fuera debido a otros temas. Asimismo, la accesibilidad presenta desiguales niveles de desarrollo en los distintos lugares de Chile, así afirmó Prett al recordar una situación que la sorprendió. Hace unos 10 años, evocó, viajó a un pueblo muy pequeño del sur, y en unas pocas calles encontró ocho estacionamientos para personas con discapacidad, días después, en Concepción, sólo vió tres: esto tiene relación con dos cosas, sostuvo, “la voluntad política de hacerlo (que no tiene que ver con la pertenencia a algún partido) y la organización social que empuje la lucha”.
Por otro lado, aseguró que la accesibilidad no sólo implica pensar en hacer un diseño de plan, sino que también “aprovechar las instancias de arreglo para incorporar esta lógica». Por ejemplo, “si hay una rotura en un baño, pensar en la posibilidad de incorporar barreras para las personas con movilidad reducida”.
Desde los años 90’ existen normas de diseño y readaptación que tienen en cuenta la accesibilidad, pero el incumplimiento y a veces el desconocimiento del tema, impiden su avance, aunque es notorio en relación a esos años. “Hay lugares como Frutillar que tuvieron un desarrollo muy temprano gracias a la movilización que hubo en torno al tema, pero en otros lugares falta muchísimo” dijo y adhirió que “hay poco catastro numérico de la situación porque aún no es una política transversal, entonces los avances son muy diferentes, en Santiago por ejemplo hay municipios que tienen personal especializado en esa materia”
Además, “avanzamos tres pasos y retrocedemos cuatro” sentenció. Las ciudades se diseñaron pensando en los autos y hoy “se está incorporando dentro de la lógica de la ciudad a los ciclistas y personas que usan patines”. Pero las personas con movilidad reducida, ceguera, talla baja, infantes y personas adultas mayores, aún son excluidas y marginadas del derecho a la ciudad. Para la directora de Ciudad Accesible, es un tema que “que nos compete a todos, no sólo a los gobiernos y arquitectos, sino a la sociedad íntegramente”.
Caminar por las calles, para las personas de talla promedio, sin dificultades de visión ni movilidad reducida, es parte de su cotidianidad, pero para otras personas implica un desafío.
Desde 2016, de acuerdo a normativas de accesibilidad, la arquitectura debe tener en cuenta la accesibilidad, aunque esto sigue sin aplicarse en todos los espacios, ni físicos ni sociales. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el derecho a la ciudad es “de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos” los cuales son definidos comoo bienes comunes para una vida digna.
