Opinión
El texto de Nueva Constitución propuesto al país el pasado 4 de julio es una Constitución para la niñez.
Y lo es, puesto que, por primera vez en nuestra historia, reconoce a niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos titulares de derechos, poniéndonos a tono con otros países de la región como Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia, por mencionar algunos.
Es una propuesta de Constitución para la niñez, puesto que les considera ciudadanos y ciudadanas, a diferencia de la Carta actualmente vigente que los excluye de esta categoría de manera expresa.
Lo es, además, porque brinda a su participación el carácter de vinculante, permitiendo el voto voluntario entre los 16 y 17 años.
Ojo: no es que niños, niñas y adolescentes nunca haya participado; tampoco que su participación no haya sido incidente. Es cosa de recordar las masivas marchas de los años 2006, 2011, 2015 y 2019.
En esta última ocasión, especialmente los y las adolescentes contribuyeron en la visibilización de una serie de demandas de carácter transversal, en un proceso que encontró su clímax en el acuerdo del 15-N y que se tradujo en la conformación de un órgano constituyente. No obstante, desde ahora, su participación puede tener un carácter vinculante.
Se trata de una Constitución para la niñez, porque establece un sistema de garantías y de protección integral de los derechos, cristalizando una serie de principios como el derecho a vivir en familia, el interés superior del niño, el derecho a ser oído y a participar, el derecho al desarrollo integral y la igualdad y no discriminación, además de reconocer su autonomía progresiva. Estos aspectos, por el alto quórum de modificación de la Carta fundamental, difícilmente podrán ser puestos en tela de juicio por mayorías circunstanciales.
En este texto se garantizan una serie de derechos sociales como el derecho a la salud, a la educación, al deporte y a la vivienda digna, poniendo fin al Estado subsidiario; pasando a uno solidario y democrático de derecho.
En él, se condena explícitamente todo tipo de violencia en contra de la niñez y se garantiza una adecuada restitución de sus derechos.
Se trata, además, de una propuesta que garantiza el derecho a la defensa letrada con características de oportuna, gratuita y especializada, lo cual se encuentra plena armonía con la recientemente aprobada ley de garantías.
Como corolario, se encuentra la incorporación del sistema integral de cuidados, que más allá del discurso tradicional de los grupos en situación de dependencia, reconoce la esencial interdependencia de los seres humanos y su entorno, promoviendo que niños, niñas y adolescentes sean agentes de cambio en los espacios en que se desenvuelven cotidianamente, contando con información suficiente para cuidarse y cuidar de otros (educación cívica, ecológica y sexual integral).
Todos estas disposiciones, reflejan el consenso por relevar el lugar de la niñez dentro de la sociedad, en cuanto se trata de un periodo de crucial importancia para el desarrollo integral de toda persona, como también para la adquisición de hábitos prosociales y valores democráticos.
En suma, más allá de si el texto constitucional propuesto resulta aceptado por el pueblo chileno, la discusión constitucional ha permitido que la niñez se encuentre en un sitial en el que nunca antes ha estado en nuestra historia.
Parafraseando a la Maestra de Chile, de todas y todos depende que el futuro de la niñez sea realmente hoy.
Jorge Sepúlveda Varela
Abogado y Profesor Universitario.
