Sustentabilidad
La ley sobre protección ambiental de las turberas, conocida como Ley Pompón, duerme en el Congreso Nacional. Su objetivo es prohibir la explotación de turberas y pomponales y con ello resguardar su conservación dadas sus funciones ecosistémicas, fundamentales de cara al frente climático. Diversas agrupaciones nucleadas en la Red de apoyo a la Ley de Turberas enviaron una carta a la cámara alta para solicitar el apoyo a una norma que consideran “una oportunidad única”.
Desde 2010, el archipiélago de Chiloé forma parte de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam), certificación otorgada por Naciones Unidas debido a su conversación de la agricultura tradicional plenamente integrada en la cultura, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Así también existe un esfuerzo por la conservación de especies en peligro. Sin embargo, este conjunto de islas está en una amenaza ambiental permanente motivada por factores como la industria salmonera y la extracción del pompón y la turbera.
Las turberas son un tipo de humedal que se ubica en la zona sur y austral del país y permite la coexistencia de diversas especies, entre ellas el pompón, que puede vivir también en pomponales (que se genera debido a la acción humana). Conocido como el “oro chilote”, este musgo posee múltiples propiedades y funciones ecosistémicas.
Por este motivo el siete de julio pasado, la Red de apoyo a la Ley de Turberas envió una carta a cada senador para solicitar su apoyo en una ley que se encuentra en su tercer trámite constitucional.
“Urge prohibir la explotación de estos ecosistemas por sus claves funciones, entre ellas, la absorción de CO2, regulación del ciclo hidrológico y moderación de los eventos climáticos extremos como la sequía, que afecta a gran parte del país y que trae una cadena de efectos negativos para la biodiversidad, la economía y la población”, señaló Mitzi Urtubia Salinas, periodista y una de las fundadoras de Ecosistemas, ONG ambiental que desde 2004 se dedica a la educación ambiental, campañas de opinión pública y activismo.
En este sentido, el coordinador general de Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros Kobus, destacó la escasez hídrica que “no se conocía en el archipiélago”: “Por primera vez pasamos un año calendario completo bajo decreto oficial de escasez hídrica, lo que ha llevado a que la enorme mayoría de nuestros habitantes haya tomado conciencia de la relevancia para el ciclo del agua que tiene este vital elemento”.
Desde la carta entregada, la red de defensa de turberas y pompones destacó que si bien desde 2018 se intentó regular la práctica extractiva del musgo y “hacerla sustentable a través de instrumentos como el Decreto Ley N° 25 del Minagri y la Ley N° 18.755, sus formulaciones fueron deficientes en cuanto al manejo del musgo por parte de los cosechadores, a la fiscalización de la sustentabilidad de su cosecha por parte de las autoridades y al monitoreo y protección del balance hídrico de las turberas, comprometiendo con ello la posibilidad de su existencia”.
En el mismo documento se señala la evidencia de “miles de hectáreas de turberas devastadas por el drenaje de estos humedales y la compactación del suelo bajo actividades extractivas en todo el sur de Chile”.
Alrededor de unos 15 millones de dólares anuales produce en utilidades esta actividad. Desde la agrupación defensora de estos recursos acusaron que son cinco las empresas que “controlan la compra y precios a los cosechadores” y además genera una “baja cantidad de empleos” y a nivel nacional, apenas sobrepasa las mil cien vacantes.
“Los empleos en este rubro en su gran mayoría son de carácter estacional (verano) y de forma complementaria a otras faenas rurales. Este dato se suma a la precariedad en que estas personas desarrollan estas labores temporales desde Chiloé a Magallanes, manteniéndose muchas veces bajo la línea de la pobreza”, destacó la agrupación en la carta entregada a las y los senadores.
“La tramitación de esta ley abre la oportunidad de generar incentivos a la reconversión laboral y el fortalecimiento de empleos sostenibles. Instamos al Gobierno a que los empleos del plan nacional de reforestación se ocupen prioritariamente en la reconversión laboral de cosechadores/as de musgo pompón”, sostuvo el documento. Por otro lado, integrantes de la red destacan este avance como “clave” para el resguardo del medio ambiente.
“Esta ley será la única oportunidad de permitir la regeneración natural de los ecosistemas que han sido dañados, y con ello el restablecimiento de los cruciales servicios que nos prestan, posicionando a Chile en la vanguardia internacional para enfrentar la actual Emergencia Climática y Ambiental”.
Aysén es una de las tres regiones en que se encuentran las turberas y el musgo Sphagnum (conocido como “pompón”) junto a Los Lagos y Magallanes. En la Región de Los Lagos, contó Urtubia, “ya se ha sobrexplotado a niveles dramáticos: Aysén es la segunda reserva nacional de este ecosistema frágil, tan relevante para el equilibrio hídrico y para ayudar a revertir los efectos del cambio climático en la Patagonia y nuestro país”.
“A pesar de ser una zona bendecida por las aguas, contenidas en glaciares, ríos y humedales, este año en Coyhaique y Chile se decretó escasez hídrica y esto es resultado de una sumatoria de acciones humanas, donde la explotación indiscriminada y creciente del pompón está presionando a empeorar la crisis hídrica”, añadió.
Finalmente, desde las más de cien agrupaciones defensoras de las turberas y pompones, señalaron en la carta que el uso comercial de la turba como sustrato tiene sustituto comercial sostenible y contaron una experiencia valiosa para pensar una “transición justa” que tenga en cuenta el resguardo del medio ambiente y a su vez, a las y los trabajadores.
“Por ejemplo, la empresa Rootman, fabricante de sustratos mejoradores de suelo para la agricultura de alto desempeño, que a través de un proceso productivo que puede ser desarrollado en cualquier condición climática, propone la fabricación del reemplazo al pompón y turba mediante un modelo cooperativista, descentralizado, sustentable y sostenible”, destacaron.
“Esta experiencia puede convertirse en un primer plan piloto de transición justa/reconversión productiva, mediante economía circular e innovación social, pasando a ser ejemplo mundial en implementar soluciones basadas en la naturaleza y en la innovación en ciencia y tecnología para frenar la emergencia climática, proteger ciclo hídrico de la mano con crecimiento económico y generación de empleos”, aseguraron.
