Opinión
Sabemos que la IA generativa ha dado un salto, los avances son exponenciales y cualquier normativa que se tenga debe ser adaptativa, incluso ante nuevos escenarios difíciles de predecir.
Nuestro país ha construido procesos legislativos con bases legales robustas que nos permiten contar hoy con una regulación gracias a una trayectoria que contó con el aporte y miradas multidisciplinarias de los distintos sectores: empresa, Estado, academia y sociedad.
Hemos emulado como país el recorrido europeo y hoy contamos con la ley de ciberseguridad, sin embargo, aún quedan puntos pendientes en protección de datos y esperamos los resultados del proyecto de ley que el gobierno ingresó en mayo sobre ley que regula la IA. ¿Vamos en lo legislativo a la velocidad que requiere la sociedad? ¿Estamos preparados para nuevos escenarios?
Sabemos que la IA generativa ha dado un salto, los avances son exponenciales y cualquier normativa que se tenga debe ser adaptativa, incluso ante nuevos escenarios difíciles de predecir.
Uno de esos escenarios, y que no es el único, tiene que ver con el hostigamiento y la violencia que se haga hacia las personas a través de RRSS, del uso de la IA para generar imágenes falsas y sexualiza los cuerpos de menores de edad, especialmente de niñas y adolescentes.
Recientemente la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a sus víctimas. Debemos entender como sociedad que los espacios digitales como las RRSS son una extensión del espacio público. Para ello, se requiere educar a niños, niñas y adolescentes, pero también a los adultos.
La política nacional de IA recoge lo referente a la necesidad de la educación, ampliar la base de conocimientos sobre la IA, derribar mitos, crear conciencia, algo que debe ser abordado desde miradas multidisciplinarias de los distintos sectores y donde la escuela juega un rol importante pero no es el único.
Debemos contar con un marco jurídico que entregue seguridad a las personas y que nuestros legisladores tengan las capacidades para anticiparse a los escenarios, desafíos, riesgos y oportunidades que abre la IA y legislar conforme a ello.
