Opinión
En cada etapa de la vida, nuestro cuerpo cambia y, con ello, nuestra capacidad de interactuar con el entorno. ‘Accesibilidad’, palabra que solemos asociar principalmente con la discapacidad física, no está tan alejada de las personas promedio. Después de todo, ¿quién de nosotros, en algún momento de su vida, no ha enfrentado o enfrentará algún tipo de restricción de movilidad, ya sea por un accidente, vejez, embarazo u otras circunstancias?
A menudo, la imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en accesibilidad es una silla de ruedas. Sin embargo, esta perspectiva es una reducción excesiva de un tema que abarca mucho más que las limitaciones de la funcionalidad física más evidentes. La accesibilidad es, de hecho, un bien público universal; por lo que opera como un indicador de cuán inclusiva -o exclusiva- es una sociedad.
Siguiendo esta línea, una verdadera acción afirmativa que esté en conformidad con el compromiso asumido por Chile al firmar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD) no solo debe abordar la accesibilidad en términos convencionales, sino que debe ir más allá, y observar en qué otras dimensiones podemos construir evidencia para mejorar la política pública.
En una reciente investigación, “Housing deficit for people with disabilities in a radically neoliberal country: Chile’s case”, publicada en el Research Handbook on Disability Policy en Reino Unido 2023, revela que, en promedio, la calidad, conservación y el entorno de las viviendas en las que residen personas con discapacidad y sus familias, son inferiores a las de hogares sin personas con discapacidad.
Este hallazgo pone de manifiesto que la brecha que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias no se limita al espacio público, reino de la ‘accesibilidad’, sino que también se extiende a sus propias viviendas y al entorno que las rodea.
A medida que comenzamos la campaña de la Teletón, es imperativo ampliar nuestra comprensión sobre las discapacidades y sus dimensiones. La discapacidad no es exclusiva de la infancia; puede surgir y persistir a lo largo de la vida. Tampoco se limita a lo físico, abarcando un espectro mucho más amplio de funcionalidades que difieren del promedio.
El verdadero desafío que enfrentamos no es simplemente mejorar la accesibilidad, sino también comprender cómo las familias pueden afrontar los costes adicionales que conlleva vivir con una discapacidad, sin tener que sacrificar el estado de conservación de su vivienda.
Como sociedad, nuestra responsabilidad va más allá de asegurar rampas en edificios o señalización en braille, lo cual es evidentemente muy necesario. No obstante, la accesibilidad no debe opacar otras dimensiones de la experiencia de la discapacidad, por ejemplo, tener una vivienda deteriorada por falta de mantenimiento, o bien construida con materiales ligeros.
Por ello es fundamental transitar hacia una concepción más amplia y comprensiva de lo que significa las experiencias de las discapacidades en el espacio público y en el privado, más allá de la accesibilidad.
