Empresas chilenas enfrentan el último plazo para cumplir con la Ley de Inclusión Laboral

Durante enero las empresas chilenas con más de 100 personas trabajadoras deberán presentar su informe ante la Dirección del Trabajo a través del portal Mi DT para cumplir con la Ley N° 21.015  y N° 21.275. Dicha ley también conocida como de inclusión laboral tiene por finalidad que las empresas con 100 o más personas trabajadoras contraten o mantengan contratados al menos 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez. Esta normativa busca promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Este desafío, lejos de ser un simple requerimiento legal, representa una oportunidad para transformar la cultura empresarial y fortalecer la competitividad de las organizaciones. Según la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022), el 17,6% de la población mayor de 18 años se encuentra en situación de discapacidad, lo que equivale a 2.703.893 personas en edad de trabajar. Esta cifra refleja el potencial humano que las empresas pueden incorporar a sus equipos, con beneficios tangibles tanto para los empleados como para las organizaciones.

Un compromiso con la inclusión

María José Madariaga, directora ejecutiva de Fundación Ronda, destacó la importancia de que las empresas no solo cumplan con la normativa, sino que asuman un compromiso genuino con la inclusión. “Cumplir con estas normativas no es solo una obligación legal; es una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestro rol en la construcción de una sociedad más justa. Incorporar a personas con discapacidad en nuestras organizaciones no solo enriquece la cultura empresarial, sino que también potencia la innovación y la competitividad. La diversidad es una ventaja que nos prepara para enfrentar los desafíos de un mercado en constante cambio”, afirmó. 

Para avanzar hacia prácticas más inclusivas, las empresas deben seguir una serie de pasos clave:

1. Diagnóstico integral: Evaluar las prácticas, la cultura organizacional y las barreras que existen dentro de la empresa.

2. Política inclusiva: Desarrollar políticas claras que promuevan la no discriminación y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

3. Principios orientadores: Adoptar principios como el respeto por la autonomía personal, la accesibilidad universal y la participación plena.

4. Identificación de necesidades: Adaptar las estrategias de inclusión a las necesidades específicas de cada organización.

5. Plan de acción: Establecer un plan realista que incluya presupuestos, metas y acciones concretas.

6. Evaluación continua: Monitorear y ajustar las políticas para garantizar su eficacia y sostenibilidad.

No cumplir con esta obligación puede resultar en sanciones económicas las cuales varían según el tamaño de la empresa y la magnitud de la infracción. Además de las multas, la falta de esta información podría impactar negativamente la reputación de la institución y su compromiso con la inclusión. Para apoyar a las organizaciones en este proceso, Fundación Ronda, ofrece asistencia a través de la aplicación de la medida subsidiaria, ayudándolas de esta manera a implementar programas inclusivos, garantizar el cumplimiento de la normativa y acompañando el proceso de comunicación electrónica.

“Este es un momento clave para avanzar. Cuando las organizaciones asumimos la inclusión como parte de nuestra visión estratégica, no solo cumplimos con la ley, sino que generamos un impacto positivo que trasciende nuestras organizaciones y contribuye a un país más equitativo. Incluir es crecer, y en ese crecimiento ganamos todos”, concluyó Madariaga.