Opinión
En Chile en materia de seguridad parece existir dos tipos de ciudadanos, los que pueden pagar por seguridad y los que dependen del Estado para acceder a ella, personas que pueden pagar por vivir en condominios, tener vigilancia privada, alarma, cerco eléctrico y sistemas de video protección.
En cambio, las personas con menores ingreso, los cuales son la inmensa mayoría de las y los chilenos, dependen del resguardo y auxilio que les puedan prestar las policías que principalmente se encuentran emplazadas en comunas dormitorios donde parte importante del día sus hogares permanecen sin moradores encontrándose expuestas a potenciales delitos cuando la dotación policial de las comunas es baja.
Es en este contexto donde las municipalidades han adquirido un rol estratégico a través de sus direcciones de Seguridad Pública, en consideración a que cada vez cumplen un rol más estratégico ante una comunidad que exige mayor seguridad en sus barrios. Patrulleras y patrulleros en móviles de seguridad pública se han transformado en actores disuasivos, aportando a bajar la percepción del temor, en el combate a las incivilidades, el trabajo con las comunidades escolares y la violencia intrafamiliar.
Es por esto que llego el momento de mejorar las coordinaciones. Si bien Carabineros de Chile definió que será el OS-14 el encargado de llevar las relaciones con las municipalidades se torna indispensable profesionalizar la función de las y los patrulleros, para ello debemos partir por tener centrales de cámaras y operadoras capacitadas para el manejo de imágenes y activación de protocolos como el ABC de la emergencia, con sistema de intercomunicadores y GPS que ayuden a mejorar los tiempos de respuesta con el personal seguridad disponible en el territorio. Estandarizar el acceso a tecnología en materia de seguridad para todas las comunas será clave para un óptimo desempeño del personal destinado a esta función.
Los funcionarios que realizan labor de patrullaje deben tener la calidad de contrata, calidad de inspector, póliza para poder manejar vehículos fiscales, equipamiento táctico de protección personal como chaleco y casco antibalas, cámaras GoPro corporal para contar con medios de prueba y por cierto, seguro de vida en función de lo ocurrido con un patrullero que mientras desarrollaba sus funciones fue asesinado en la comuna de Macul.
Junto con aquello se deben instalar competencias que son claves para el correcto desempeño de sus funciones: curso de inspector certificado, OS10, cursos de defensa personal, derechos humanos, cursos de manejo en situaciones de riesgo, primera respuesta en caso de VIF, RCP, control de hemorragias y primeros auxilios por nombrar algunos.
Para que esta transformación llegue a buen puerto se torna indispensable incluir dentro del presupuesto de la nación los recursos que permitan estandarizar la tecnología, el equipamiento y capacitación de las y los funcionarios que trabajan en seguridad pública y ampliar las contratas existentes en las municipalidades que permitan para estos efectos tener personal con póliza que pueda conducir y a su vez cuente con seguro de vida y calidad de inspector con el fin de que pueda realizar labores de fiscalización en cada una de las comunas.
Una vez estandarizado es imperativo generar un registro nacional de funcionarios de seguridad pública municipal, para tener control de que cumplen con los mínimos requeridos para realizar esta función generando un catastro que permita evitar vinculo de estos actores con causas judiciales pendientes o crimen organizado.
La seguridad municipal puede ser un actor relevante en prevención y fiscalización, pero depende de una apuesta robusta que estandarice y perfeccione a funcionarios que son los llamados a transformarse en actores claves para abordar de mejor modo, por ejemplo, patrullajes mixtos junto a Carabineros y un vínculo más estrecho y adecuado con la comunidad que necesita más y mejor seguridad.
