Opinión
Por primera vez en la historia de la sociedad chilena, las y los recicladores son reconocidos a través de un instrumento legal. La Ley N°20.920, también llamada Ley REP establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje
Esta norma define al reciclador como “Persona natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o asimilables y, a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento… se considerarán también como recicladores de base las personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por personas naturales registradas como recicladores de base”.
Además de esta descripción, se posiciona a estos actores dentro de los principios que inspira la ley, declarando la “Inclusión: como un conjunto de mecanismos e instrumentos de capacitación, financiación y formalización orientados a posibilitar la integración plena de los recicladores de base en la gestión de los residuos, incluidos los sistemas de gestión en el marco de la responsabilidad extendida del productor”.
A simple vista, se observa que este nuevo marco normativo beneficiaría a las y los recicladores de base, ya que además de ser visibilizados en su importante rol, son considerados dentro de la cadena del reciclaje en Chile. Este oficio histórico, que en muchos casos tiene más de cuatro décadas, y es ejercido por varias generaciones a través de familias de recicladores, brinda un servicio sin remuneración a la sociedad chilena. Son las y los recicladores quienes se han dedicado a recolectar y retirar los residuos de las calles, para luego tratarlos, enfardarlos y venderlos a las empresas valorizadoras, y que posteriormente son reciclados, viviendo día a día de la venta del material.
Pero a un año de su implementación, cabe preguntarnos, ¿Cumple realmente la Ley REP con su principio de inclusión de recicladores?
La realidad de los recicladores que realizan este trabajo informal, asciende a casi 60 mil personas a nivel nacional (MMA, 2020), y según datos del año 2021 donde se castraron a 3.173 personas, se identifica que la mayoría son adultos y adultos mayores pertenecientes a los tramos de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Sus ingresos mensuales están bajo el sueldo mínimo (tramo 1 y 2 Registro Social de Hogares) y demuestran además una importante brecha salarial por género, situación relevante si se contempla que el grupo se compone por un alto porcentaje de mujeres que son jefas de hogar. Poseen bajos índices de escolaridad, considerando solo un 44% con licencia de enseñanza media, además de existir una importante brecha tecnológica y que sus oportunidades laborales se ven sujetas a sus condiciones de salud, que son severas por consecuencia de las altas exigencias del trabajo físico.
Ante este contexto las expectativas de inclusión efectiva de los recicladores son desalentadoras ya que nos encontramos con altas exigencias de formalización indicadas por la normativa. Solo por dar un ejemplo, la Certificación de Competencias Laborales para trabajar de forma legal y autorizada asciende a más de $300.000, monto que equivale en muchos casos a la ganancia mensual de un reciclador. A su vez, para declarar los residuos gestionados deben estar inscritos en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETC, para lo cual necesitan manejar elementos tecnológicos y herramientas digitales.
Por otro lado, para cumplir con los sistemas de gestión, que son el mecanismo instrumental creado para que las empresas productoras den cumplimiento a las metas de recuperación de material, podrán solicitar al Ministerio del Medio Ambiente que los exima de realizar una licitación abierta y contratar directamente a los recicladores de base registrados en el RETC para que participen en la gestión de los residuos, dejando al Sistema de Gestión con la libertad de decidir o no la inclusión de los y las recicladores.
Todo este panorama ha generado gran preocupación e incertidumbre en las y los recicladores, quienes se han visto en la necesidad de conformar cooperativas para poder trabajar a la par de las empresas y así participar de la gestión de residuos, en la recolección selectiva puerta a puerta, en los centros de recepción y almacenamiento, y/o prestar sus servicios a los distintos Sistemas de Gestión. Esto les ha llevado a enfrentar desafíos impensados como la obtención de resoluciones sanitarias o realizar grandes inversiones para competir con eficiencia, estando hoy muchos de ellos endeudados.
A pesar de todo, los y las recicladores han dado cara al desafío. Con el liderazgo de la Asociación Nacional de Recicladores, (Anarch), y con apoyo de diversos sectores y actores, han avanzado en los procesos de formalización. A la fecha, han logrado la certificación de 3.400 recicladores y recicladoras en el país, además de la conformación de 36 cooperativas a nivel nacional, exigiendo ser incluidos en la prestación de servicios de los sistemas de gestión.
Hoy las municipalidades son identificadas como un actor clave para la efectiva inclusión, ya que podrán celebrar convenios directos con recicladores de base. Pero a la fecha muchos municipios no tienen catastrados a los recicladores de sus comunas, otros plantean que es de muy largo aliento el trabajo con ellos dada su alta informalidad y vulnerabilidad social. Aunque existen buenos ejemplos de trabajo de inclusión y formalización en algunas comunas de la región Metropolitana, tales como Independencia, Maipú, entre otras, estos son los menos.
Ante este escenario y a un año de la implementación de la Ley REP, se ve claro que el principio de inclusión que ésta declara, es altamente cuestionable, ya que a la fecha no existe un catastro nacional de recicladores, tampoco un trabajo interministerial transversal para abordar la alta vulnerabilidad social de los y las recicladores y su efectiva inclusión. A lo que suma la falta de una asignación directa de recursos para estos fines, siendo una evidencia más de esto, que la política de inclusión que se encuentra dormida desde el año 2018 sin expectativa alguna de retomarla.
Las escasas formas y estrategias que se plantean en la ley y que se ven aplicadas hasta la fecha, se delegan en los sistemas de gestión, en la voluntad de privados, organizaciones de la sociedad civil y municipios, siendo una responsabilidad que debe ser asumida por el del Estado, para que este principio de inclusión sea una realidad y no sólo una declaración de buenas intenciones.
