Sostenibilidad
Datos del cumplimiento de metas publicados por la Superintendencia de Medio Ambiente detectaron que de las 925.000 toneladas de Envases y Embalajes industriales proyectadas para el año 2022, solo se declararon 511.000 toneladas, evidenciando importantes brechas en la implementación de la normativa.
Los resultados preliminares por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre el primer año de implementación de las metas de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) para Envases y Embalajes, ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos que enfrenta este marco regulatorio.
Uno de ellos es el grado de adopción de la normativa por parte de las empresas reguladas y los desafíos que esto representa para garantizar el éxito de los sistemas de gestión en el futuro.
A partir de análisis detallado de los datos publicados en el Sistema de Información de Fiscalización Ambiental (Sinfa), el Sistema de Gestión ProREP detectó importantes discrepancias entre las proyecciones iniciales y los resultados reales.
“Estas diferencias subrayan la necesidad de una revisión crítica de las bases sobre las cuales se diseñaron las metas de reciclaje y de las barreras y brechas que complejizan la implementación de la Ley REP para avanzar en la construcción de una economía circular robusta y funcional en el país”, señala Nesko Kuzmicic, gerente de Operaciones y Economía Circular de ProREP, dedicado exclusivamente a los Envases y Embalajes no domiciliarios
El análisis revela que las empresas declararon haber puesto en el mercado aproximadamente 511.000 toneladas de Envases y Embalajes no domiciliarios durante el primer año de implementación, una cifra preocupante al representar un 45% menos del volumen proyectado en la línea base original según el Análisis General de Impacto Económico y Social (Agies), que estimaba 925.000 toneladas.
Según Nesko Kuzmicic, las causas de este desajuste pueden estar relacionadas con errores en la metodología de cálculo de la línea base o con suposiciones excesivamente optimistas sobre la representatividad de las empresas productoras que ya se encuentran adheridas a los Sistemas de Gestión.
“Hasta ahora, se asumía que cerca del 15% de las empresas reguladas por la Ley REP representaban entre un 70% y 80% del volumen de Envases y Embalajes puestos en el mercado. Sin embargo, los datos reales sugieren que su aporte no supera el 55% del total proyectado, lo que refleja la necesidad de evaluar más profundamente el rol del 85% restante de empresas que aún no cumplen con la normativa”, advierte.
Esta brecha evidencia, a juicio del ejecutivo, la importancia de una mayor fiscalización por parte de la autoridad y de acciones que incentiven la integración de las empresas no adheridas, cuyo aporte será crítico para cumplir con las metas de valorización establecidas.
Otro hallazgo relevante del análisis es la diferencia en la composición de los materiales declarados. Mientras que la línea base proyectaba una participación similar entre papel/cartón (48%) y plástico (49%), los resultados del primer año muestran que el papel y cartón representaron el 75% del total, el plástico apenas el 20% y los metales un escaso 4%.
De acuerdo con el Sistema de Gestión, esta distribución está más en línea con lo observado en países con más de 25 años de implementación de legislación REP, pero plantea dudas sobre las metodologías iniciales de proyección y la representatividad de los datos empleados. El análisis sugiere que a medida que más empresas se adhieran a los Sistemas de Gestión, estas proporciones podrían cambiar, pero queda claro que las metas futuras deben considerar estas diferencias.
Según Kuzmicic, el primer año de implementación de la Ley REP para Envases y Embalajes ha evidenciado avances importantes, pero también ha puesto de manifiesto barreras significativas que deben ser superadas para garantizar su éxito a largo plazo. Desde la necesidad de ajustar la línea base y aumentar la fiscalización, hasta la importancia de abordar barreras normativas y operativas, el camino hacia una economía circular en Chile requiere de esfuerzos coordinados entre las autoridades, los Sistemas de Gestión y las empresas reguladas.
“Modificar las metas recién implementadas no sería una buena señal, al menos no antes de subsanar las barreras actuales que dificultan su cumplimiento. Sólo con procesos normativos claros, incentivos adecuados y una mejor trazabilidad, podremos asegurar que la Ley REP cumpla su objetivo de impulsar una verdadera economía circular en el país”, concluye.
