Pese a esfuerzos de política pública informe revela tendencia sostenida al alza en violencia escolar

El estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (Occbe) de la Universidad de La Frontera analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el año 2019 y el año 2022, emanadas de la Superintendencia de Educación hace unas semanas.

Según el análisis, el número de denuncias ingresadas en 2022 relacionadas al ámbito de Convivencia escolar llegaron a 12.052 casos, representando el 75% del total de denuncias país y revelando un alza de 37% en relación con 2019.

Asimismo, las mayores alzas en los temas del ámbito de Convivencia fueron Maltrato, entre párvulos y/o estudiantes y de adultos hacia párvulos y estudiantes (62,8%), Medidas disciplinarias de suspensión y expulsión (10,4%), Discriminación, especialmente por necesidades educativas especiales y permanente (10,2%) y Situaciones de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes y de adulto a párvulos y/o estudiantes” (9,4%).

El resultado se observó en todas las regiones del país.

“Estos resultados se explican, en parte, por el contexto de pandemia y lo cierto es, que revelan una tendencia al alza de la violencia escolar, tendencia que viene desarrollándose desde las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos de la política pública. Y representa un problema de magnitud grave para nuestra sociedad presente y futura”, dice Mónica Bravo-Sanzana, directora de OCCBE, quien junto al investigador Patricio Ramírez desarrollaron este informe.

Origen de la violencia escolar y soluciones

En esta perspectiva, la investigadora indica que existen dos grandes áreas de estudio para comprender la violencia escolar. La primera, estudios desde una perspectiva sociológica y antropológica que identifican el origen de la violencia escolar en las condiciones estructurales económicas, sociales y culturales de nivel global, por tanto, el origen de la violencia es externo a la escuela.

La segunda área tiene que ver con los estudios que explican la violencia escolar a partir de las características individuales de las personas (el carácter, por ejemplo, o los comportamientos no deseados), psicologizando la violencia y responsabilizando al individuo.

“Sin embargo, actualmente sabemos que estos estudios poseen limitaciones pues la violencia escolar es un constructo multidimensional y multifactorial. Es necesario realizar estudios sistémicos, integrales y sostenidos en el tiempo, con intervenciones en la escuela que involucren a los diferentes integrantes de la comunidad educativa”, afirma la especialista.

El informe da cuenta además que buscar soluciones para frenar la violencia escolar es, por tanto, un esfuerzo sistémico y sostenido que como país debemos asumir. Las políticas en educación para la convivencia escolar debieran ser sistemáticas, de largo alcance pues implica, además de procesos de diseño y gestión de la convivencia, el desarrollo de competencias socioemocionales en todos los actores de la comunidad educativa.

“Son los adultos los que primero deben capacitarse y reencantarse con el proceso pedagógico y el compromiso formativo. En esta perspectiva, la evidencia científica es contundente, no hay efectos positivos significativos en la convivencia de una escuela mientras sus grupos directivos no estén altamente capacitados y ejerciendo un liderazgo que movilice y refuerce los compromisos y el esfuerzo constante de los profesores, asistentes y familias para frenar la violencia y aumentar el bienestar escolar”, resume Mónica Bravo-Sanzana.

“Asimismo, este problema representa un enorme desafío para las universidades de nuestro país, la investigación aplicada puede utilizarse para desarrollar y mejorar programas que permitan comprender, prevenir e intervenir la violencia escolar, y también puede informar políticas y prácticas más efectivas en el entorno educativo y en el contexto territorial”, explica la también coordinadora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas (LICSA) de la Universidad de La Frontera.

“Para ello, los lideres de las universidades deben considerar esta problemática en su agenda universitaria y asumir un compromiso país”, asevera.