Niñez
Expertos advierten vulneración de derechos a niños y ausencia de soluciones alternativas adecuadas, situación que aseguran está ocurriendo a lo largo del país, dejando a cientos de familias en la calle, en carpas, o en allegamiento y hacinamiento.
Hace unos días se llevó a cabo el desalojo del campamento Mauricio Fredes en Quilicura, el cual estaba conformado por 87 familias y 120 niños aproximadamente.
Cuando llegaron las retroexcavadoras, todavía había familias con niños y adolescentes desarmando sus hogares. Solo días antes, más de treinta familias y cerca de cuarenta niños seguían en el campamento desarmando lo que fueron sus viviendas y sin tener alternativas dónde ir.
“Con el desalojo se detuvieron los avances por la obtención de una vivienda definitiva que habíamos hecho como vecinos. Con la fecha del desalojo ya no había marcha atrás”, explicó Hilda Álvarez, vecina del campamento.
“Nosotros teníamos claro que el lugar no era de nosotros, por lo cual queríamos buscar otras soluciones, pero con el desalojo perdimos todo lo que habíamos avanzado”, agregó.
Techo-Chile junto a la directiva del campamento intentaron gestionar con la Oficina de Protección de Derechos y el Programa de Infancia de la Municipalidad de Quilicura un espacio para que los niños pudieran estar ese día. Esto, aseguran, fue requerido en reiteradas ocasiones, pero no hubo una respuesta.
De esta forma, los niños esperaron en la sede vecinal junto a voluntarios de la ONG, mientras sus padres seguían desarmando lo último que quedaba de sus hogares. Pese a que se intentó acordar poder salir con los niños antes de que iniciara el desalojo, las retroexcavadoras ingresaron y los niños tuvieron que evacuar con ellas funcionando y esperar en la calle durante tres horas.
“Nos parece urgente que los próximos procesos de desalojo sigan protocolos claros y bien definidos, para que niños y grupos de especial protección no tengan que exponerse a este tipo de situaciones y para que las familias puedan salir de los terrenos con soluciones alternativas factibles y adecuadas para no dejarlos en situaciones de mayor precariedad habitacional, como carpas, allegamiento u otro campamento”, advirtió Pablo Undurraga, subdirector social de Techo-Chile.
Ante la notificación de un desalojo que se avecinaba, hace más de un mes, los 87 vecinos empezaron a desmontar las que fueron sus viviendas. Las lluvias que afectaron a la capital les hizo difícil este proceso -por lo que pedían más días para hacerlo, los que no fueron concedidos- y según los antecedentes que pudo recabar el organismo, la semana previa quedaban aproximadamente treinta familias y cerca de quince niños, niñas y adolescentes.
De este grupo, el 85% no tenía donde ir después del desalojo; el mismo número no disponía de transporte para trasladarse ese día y el 75% cuenta con Registro Social de Hogares en Quilicura.
Durante los últimos cuatro años los vecinos han contado con una directiva electa de forma democrática a través de asambleas. Se organizaron para contar con una sede comunitaria y destinar un espacio para la recreación de los niños. En 2023 empezaron la tramitación para conformar un comité de vivienda para poder postular a un subsidio estatal de forma colectiva.
Sin embargo, la noticia del fallo de la Corte Suprema sobre el desalojo sorprendió a los vecinos y terminó de forma abrupta con el proceso que estaban gestionando.
El fallo instruyó desocupar el terreno en los primeros días de junio. En respuesta, los vecinos iniciaron gestiones para acceder a una solución habitacional o, al menos, a un lugar donde llegar tras ser desalojados.
Por ello mantuvieron espacios de diálogo con el propietario del terreno, evaluando en conjunto posibilidades de arriendo. Además trabajaron junto a una abogada de la Defensoría Popular y sostuvieron más de diez reuniones con el Serviu y la Municipalidad de Quilicura, buscando nuevas alternativas de solución habitacional transitoria.
Siempre manifestaron que tenían la disposición de desalojar pacíficamente el terreno, solicitando más tiempo para la búsqueda de soluciones propias.
La Corte Suprema indicó que el municipio, en coordinación con varios ministerios, debía proporcionar un alojamiento transitorio adecuado para los desalojados.
Y si bien la Municipalidad de Quilicura ofreció apoyo económico para tres meses de arriendo, a una semana del desalojo solo cinco de las 87 familias habían podido acceder a este beneficio por la dificultad de obtener un contrato de arriendo.
La imposibilidad para acceder a contratos de arriendo, debido a los bajos ingresos de las familias, es una de las principales razones por las que más del 70% de las familias en campamentos a nivel nacional mencionan haber llegado ahí, según el último Catastro Nacional de Campamentos de Techo-Chile.
Por otro lado, el apoyo del Serviu, a través de acciones como el “Gasto de traslado transitorio”, podía recién tener respuesta para octubre, mientras que el desalojo se llevó a cabo en junio.
“Ante la falta de soluciones transitorias, como pueden ser subsidios de arriendo que se adecúen a las necesidades de las familias en campamento, barrios transitorios o incluso proyectos de vivienda definitiva, las familias del campamento Mauricio Fredes tuvieron que recoger los materiales de sus viviendas para ir a habitar otro espacio. Algunos como allegados y hacinados, bajo un arriendo abusivo o a formar un nuevo campamento. Terminaron en una situación habitacional incluso peor a la que vivían hasta hoy en el campamento”, describió Pablo Undurraga.
La institución afirma que observan con preocupación un alarmante aumento de casos de desalojo a familias en campamento a lo largo del país que no se están ajustando a los principios establecidos por distintos tratados internacionales ratificados por Chile.
De esta forma advierten que en numerosos casos, estos desalojos se ejecutan sin presentar soluciones alternativas viables a las familias afectadas, produciendo un ciclo interminable de precariedad habitacional y exponiendo a las familias a situaciones de calle, hacinamiento, albergues o levantar otro campamento.
