Estudio llama a reforzar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes extranjeros

Ante el aumento de familias migrantes en Chile se realizó el Estudio Niñez Migrante, el cual da cuenta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes en la Región del Biobío, el cual destacó los progresos y los desafíos persistentes en el acceso a servicios básicos de educación, salud y vivienda para esta población en situación de vulnerabilidad.

A raíz estudio, liderado por  la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), a través de la Dirección de Compromiso Social Universitario de la UCSC,  se realizaron 591 encuestas aplicadas a padres y cuidadores, alcanzando así a 832 niños, niñas y adolescentes, con una representación significativa de mujeres y una diversidad en cuanto a países de origen, destacando la presencia mayoritaria de venezolanos y colombianos.

El estudio se basó en un enfoque exploratorio y no experimental, recolectando datos a través de encuestas aplicadas en 33 comunas de la Región, donde se realizaron entrevistas y talleres participativos con cuidadores y actores locales, también se contó con talleres provinciales en Los Ángeles, Cañete y Concepción, involucrando a representantes de gobiernos locales, academia, y organizaciones de la sociedad civil.

Se identificó una población migrante en la Región del Biobío de 34.935 personas en 2020, que aumentó a 39.074 en 2022, mostrando un crecimiento significativo. De ello, se destacó la situación de los niños y niñas, enfocándose en cómo acceden a los servicios básicos, donde se observó que muchos niños y niñas migrantes no están matriculados en el sistema escolar, y que la falta de viviendas adecuadas y el acceso a la salud son problemas persistentes.

En cuanto a la educación, los niños, niñas y adolescentes migrantes cuentan con un garantizado legalmente e integración adecuada, pero desafíos notables como el bullying y la baja participación de las familias en la vida escolar. Problemas significativos incluyen la saturación de cupos en preescolar y barreras en la educación superior.

El informe reveló que los niños migrantes representan el 5% de la matrícula escolar, destacando la necesidad de reforzar la inclusión y soporte educativo para esta población vulnerable. Los establecimientos municipales son el principal entorno educativo, con un 37% de centros adecuados para la demanda de NNA migrantes. Sin embargo, un 14.7% de estos niños está fuera del sistema educacional formal, especialmente en educación inicial.

En relación con el derecho a la salud es reconocido por la ley, aunque la inscripción en servicios sanitarios es baja. Los trámites de acceso son ágiles, pero existen obstáculos para obtener la residencia, afectando a adolescentes que buscan servicios de salud sexual y reproductiva.

Un 10.7% de las atenciones médicas regionales fueron a migrantes, resaltando el acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de esta comunidad. Entre los NNA migrantes, 617 cuentan con Fonasa, mientras que 187 carecen de cualquier tipo de previsión de salud. En el caso de la vivienda adecuada, esta no está garantizada por ley, presentando el desafío más crítico. Existen problemas de irregularidad en los arrendamientos, allegamiento, hacinamiento, altos costos y movilidad residencial frecuente con una oferta limitada de programas de apoyo a la vivienda.

Se evidencia una preocupante cifra de hacinamiento, donde un 54% de los niños migrantes reside en condiciones de alta densidad, lo que nos impulsa a buscar soluciones habitacionales dignas y accesibles.

Cabe destacar que financiado por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La investigación estuvo liderada por la académica Verónica Gómez de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales UCSC, y un comité técnico asesor compuesto por el Observatorio de Estudios de la Sociedad de la Universidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Organización Internacional para el Trabajo (OIT).